Ratifican comisarios en la PGR su denuncia contra un capitán por delincuencia organizada

*Acuden a la delegación en Chilpancingo 20 de 57 autoridades que el 5 de agosto en El Pericón, Tecoanapa, redactaron un acta de los hechos. “Los vehículos de los militares se encontraban como a 50 o 60 metros, y los soldados nunca fueron tocados ni desarmados y nunca se les dijo que estaban retenidos”, declaró uno de ellos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Unos 20 comisarios municipales, comisariados y delegados del municipio de Tecoanapa acudieron ayer a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) para ratificar un acta de hechos que levantaron con motivo del desarme que sufrieron cinco elementos de la Policía Ciudadana el 5 de agosto pasado en la comunidad de El Pericón, por efectivos del Ejército y reiteraron la denuncia en contra de un capitán, a quien identifican como Broum (o Proum), de tener vínculos con las bandas del crimen organizado.
Los comisarios acudieron a las 9:30 de la mañana de ayer a las instalaciones de la delegación de la PGR acompañados por los abogados de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Saúl Sánchez Arizmendi, Manuel Vázquez Quintero, Marcos Matías Alonso y Adolfo Suástegui García. También los acompañó el abogado de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Armando Ramírez Cuevas.
El promotor de Desarrollo Comunitario de la UPOEG, Gonzalo Torres Valencia informó que de los 57 comisarios del municipio de Tecoanapa que fueron citados por la PGR, ayer acudieron 20.
“Estamos siendo citados aquí todos los comisarios que firmaron el acta de hechos de lo ocurrido el 5 y 6 en la comunidad de El Pericón, municipio de Tecoanapa, y estamos aquí para ratificar esa denuncia de hechos, como todo proceso normal que se tiene que seguir conforme a derecho”, explicó Torres Valencia, uno de los dirigentes de la agrupación que acudió con los comisarios que estuvieron compareciendo durante la mayor parte de ayer en esta capital.
Informó que lo que declaren los comisarios en su comparecencia ayudará a esclarecer lo que realmente ocurrió en El Pericón el 5 y 6 de agosto pasado, en referencia al desarme de cinco policías ciudadanos y la posterior retención de más de 100 efectivos del Ejército por habitantes de varios pueblos de la región de la Costa Chica; unos 50 de ellos que fueron los que desarmaron a los policías civiles, y el resto que acudían a rescatarlos.
El dirigente Torres Valencia, explicó que a raíz de ese “incidente” algunas autoridades se formaron una percepción equivocada de la UPOEG, lo que incluso originó el rompimiento del diálogo entre el gobierno federal y estatal con la dirigencia de la agrupación que creó al Sistema de Seguridad Ciudadano (SSC).
Sin embargo dijo, “nosotros somos un asunto muy distinto a lo que consideran las instituciones que se encargan de la seguridad, nosotros como organización no somos un peligro para la sociedad, al contrario, somos la solución”, manifestó.
Dijo que independientemente de las declaraciones de los comisarios ante la PGR, las autoridades federales y estatales deben verificar la situación en campo, “que se involucren con nosotros, que vean qué cosas hacemos, para que no tengan temor. No somos guerrilla tolerada, como se ha dicho”, expresó en referencia a las declaraciones del diputado local priista, Rubén Figueroa Smutny que se publicaron ayer.
Explicó que por eso decidieron que los comisarios acudieran a la delegación de la PGR a declarar con respecto a lo que ocurrió en El Pericón, pues a raíz de ello las autoridades han estado acusando a la UPOEG de que actuó de manera autoritaria al haber retenido a los militares.
“Pero lo que ocurrió allí fue una manifestación de la población para defender a su policía de los atropellos que sufrieron por los elementos castrenses”, afirmó y dijo que la población salió en defensa de la Policía Ciudadana, no la UPOEG, “al contrario, nosotros salimos para evitar que se tornara una situación de riesgo mayor, porque la gente ya andaba armada con palos y piedras para actuar en contra del Ejército por lo que había hecho”, advirtió.
Relató que los ánimos de la población se alteraron en contra de los militares cuando descubrieron un árbol cerca de donde se encontraba su campamento, “que después bautizaron como el árbol de la horca” en donde, según los pobladores, los militares torturaban a sus detenidos.
Recordó que los ciudadanos encontraron unas letrinas “que les parecieron sospechosas” cerca de dónde se encontraba el campamento y el retén de los militares que llevaba aproximadamente cinco meses a la salida de El Pericón, entonces fue que 57 comisarios municipales levantaron un “acta de hechos” que entregaron a la PGR, y a consecuencia de eso fueron citados para ratificar la denuncia.
En las declaraciones que habrían hecho los comisarios ante el Ministerio Público federal, aclararon que fue la “sociedad civil” quien hizo el bloqueo a carretera y que “no es verdad que los soldados fueron retenidos, puesto que los vehículos de los militares se encontraban como a 50 o 60 metros, y los soldados nunca fueron tocados ni desarmados y nunca se les dijo que estaban retenidos”.
Mientras tanto, Torres Valencia informó que los comisarios ratificaron sus sospechas hacia el capitán Broum de estar involucrado con la delincuencia, sobre todo porque antes del 5 y 6 de agosto “había incurrido en algunas situaciones en Ayutla, de donde sacó a militares enmascarados entre los que se cree sacó al Cholo (un delincuente presuntamente jefe de la plaza) y algunas otras personas que estaban involucradas con la maña”.
Agregó que esa investigación la tendrá que hacer la PGR, “nosotros solamente les señalamos quiénes son los que tienen elementos para que sean investigados”.

Encara un comisario al alcalde de Cuautepec; quiso sobornarlo para que se fuera a la CRAC

*Intenta dividir a la autodefensa, le ofreció un salario y armamento, acusa. El Sistema de Seguridad Ciudadano de ese lugar tiene a 50 detenidos, informa

De la corresponsalía

Cuautepec

Durante una asamblea con cerca de 300 policías del Sistema de Seguridad Ciudadano (SSC), el comisario de la comunidad de Santa Clara de este municipio, Enemonio Doroteo Santiago encaró al alcalde, Arquímedes Quintero Díaz, y lo acusó de intentar dividir al pueblo, pues reveló que le ofreció mayor equipo de seguridad si se cambiaba a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Relató que cuando visitó al presidente municipal perredista para gestionar botas y uniformes para la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), éste le ofreció darle lo que pedía además de armamento y un salario pero tendría que irse a la Policía Comunitaria de Zihualpoloya.
“Usted me dijo que ya había conformado a la Policía Comunitaria en la comunidad de Zihualpoloya y que me daba armas y sueldo a cambio de dejar la UPOEG, yo le respondí que tenía un reglamento en la UPOEG y que no iba a traicionar a mi gente por un apoyo de dos años que le faltan de su administración, a eso se le llama divisionismo y no lo vamos a permitir”, acusó el comisario
El comandante regional, Ernesto Gallardo Grande solicitó a ambas partes que entablaran el diálogo y que si el alcalde invitaba o no a formar parte de la CRAC, era asunto de cada ciudadano aceptar.
Mencionó que de las 32 comunidades de Cuautepec, 28 que están integradas a la UPOEG, por lo que pidió al alcalde que dejara de provocar a la población.
Los asistentes dijeron que los comisarios de las cuatro comunidades que no pertenecen al Sistema de Seguridad es porque están dolidos porque la autodefensa detuvo a varios vecinos por el delito de caza ilegal de animales silvestres como el venado y la iguana.
Se inconformaron de que el mismo presidente municipal acuda a dar la cara cada vez que hay un detenido por cualquier delito, para que la persona sea liberada.
Le dijeron que los policías ciudadanos no quieren cambiarse a la CRAC, además de que es su obligación apoyar a la UPOEG porque la Policía Municipal no hace bien su trabajo, y que mientras no lo haga continuarán en la lucha por la paz social en sus pueblos.
El comandante del Sistema de Seguridad Ciudadano (SSC), Enemonio Doroteo Santiago dijo en entrevista que la Policía Ciudadana a su cargo ha detenido a 50 ciudadanos por delitos menores a abigeato y violación a mujeres de las comunidades.
Aseguró que los detenidos son varones y que sólo los delincuentes menores son reeducados en las comisarías de sus comunidades y los que cometieron delitos mayores son enviados a la Casa de Justicia de El Mesón, en Ayutla.
Informó que está libre un hombre acusado de violación y que se está investigando a fondo y con pruebas para detenerlo y reeducarlo en El Mesón ya que a pesar de que tiene una orden de aprehensión por el Ministerio Público está libre.

Se plantan transportistas en la Protur para exigir se libere a sus colegas detenidos por la autodefensa en El Mesón

*El dirigente y director de la Administradora y Promotora de Playa,  Rogelio Hernández, advierte que los choferes podrían bloquear el acceso a la comunidad donde se encuentran y sacarlos

Mariana Labastida

Los integrantes de la Coalición de Transportistas Nuevo Horizonte para Guerrero se plantaron durante tres horas afuera de las instalaciones de la Promotora Turística (Protur) para exigir la liberación de sus compañeros detenidos por la Policía Ciudadana en El Mesón, Ayutla.
El dirigente de los transportistas y director de la Administradora y Promotora de Playa,  Rogelio Hernández Cruz, advirtió que de no dejar en libertad a los transportistas bloquearán el acceso a El Mesón y los liberarán, porque no hay pruebas de las acusaciones que hay en su contra.
Hernández Cruz responsabilizó a los tres órdenes de gobierno del enfrentamiento que se pueda dar con los integrantes del Sistema de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Los transportistas de 15 sitios de taxis de Acapulco, Marquelia, Ayutla, San Luis Acatlán, Azoyú y Ometepec se estacionaron en dos filas en ambos carriles del bulevar de las Naciones, frente a las oficinas de Protur, en el sentido del aeropuerto a la glorieta de Puerto Marqués. Los automóviles se observaron desde la entrada a la colonia Colosio hasta la estrella de Oro Diamante.
El coordinador de la Coalición de Transportistas Nuevo Horizonte para Guerrero, Rolando Palacio Gutiérrez, dijo que estaban exigiendo una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, para solicitar su intervención en la liberación de los tres transportistas de Marquelia detenidos por los policías ciudadanos.
Explicó que eran cuatro los transportistas detenidos, tres de Marquelía y uno de Ayutla, este último, Martiniano Rodríguez García, fue liberado el martes por la tarde, aunque el acuerdo con el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, había sido que los dejarían el libertad el sábado pasado, lo cual no ocurrió. Los transportistas fueron detenidos el 31 de julio, acusados por los policías ciudadanos de ser halcones.
Un poco antes de la 1 de la tarde, el dirigente Rogelio Hernández, llegó al plantón donde expuso a los taxistas que de no dejar en libertad a sus compañeros antes del siguiente lunes, entonces el martes cerrarán los accesos a El Mesón, para liberar a los detenidos.
Hernández Cruz expuso que intentó hablar con el secretario particular del gobernador, Everardo García, a quien calificó como un “completo inútil” que no contesta el teléfono; ni tampoco obtuvo respuesta del director de la Comisión de Vialidad y Transporte, Juan Larequi Radilla, de quien dijo que “ni picha ni cacha, ni ha resuelto un problema en todo el estado”.
El transportista preguntó si el gobierno quiere que tengan un enfrentamiento con la UPOEG, de lo cual responsabilizó al gobierno federal, estatal y al municipal de  Ayutla, “porque tienen cárceles clandestinas”, porque irán por sus compañeros el martes a El Mesón si no los liberan antes del lunes.
“No estamos en un estado de derecho, es increíble lo que está pasando” debido a que sus compañeros, dijo, han “sufrido vejaciones y arbitrariedades”.
Agregó que dialogaron con Bruno Plácido y no cumplió con el acuerdo, cuando no hay pruebas en contra de los detenidos por los delitos de los que se les acusa, por ello dijo van a tomar una actitud de confrontación, para “ver si así nos hacen caso, no puede ser posible, han prestado oídos sordos a lo que está pasando; estamos de acuerdo que detengan delincuentes, pero mis compañeros no lo son”, enfatizó Rogelio Hernández.
“Esto que está pasando nos vino nada más a picar la cresta, y vuelvo a repetir que si de aquí al lunes no lo han liberado, el martes vamos a tomar El Mesón”, reiteró Rogelio Hernández, quien enfatizó que antes de funcionario fue transportista.
También invitó a Bruno Plácido a un debate, para “que si lo que están haciendo es correcto o incorrecto, que si es legal o ilegal, a ver con qué argumento sale, de porqué tiene detenida a la gente que tiene detenida; esa es mi postura, defendemos causas nobles con gente que no tiene nada ve que ver con estás situaciones y por eso nos estamos indignado”.