Restablecer el diálogo con la comunitaria de Olinalá, demandan el PRD y el PT

Consultado vía telefónica, el dirigente estatal del PRD, Carlos Reyes Torres, llamó al gobierno federal y estatal a restablecer la relación con la CRAC para evitar enfrentamientos con la Marina y el Ejército, después de la detención de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, y de otros 20 policías comunitarios entre los que está el coordinador Bernardino García Francisco.
Consideró que no es conveniente? que? los gobiernos estatal y federal rompan el diálogo con la policía comunitaria, porque lo que sigue pueden ser “cosas mucho mayores, más fuertes, enfrentamientos y más”.
Reyes Torres afirmó que la CRAC “ha dado buenos resultados en seguridad, y por eso respetamos y respaldamos a la organización”, pero insistió en que es necesaria su regulación, pues su trabajo debe estar sustentado y reglamentado en la ley.
Lo anterior a pesar de que la ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos indígenas reconoce la legitimidad de los pueblos originarios de tener sistemas de seguridad.
El dirigente perredista afirmó que la detención de los policías comunitarios no es una violación a la Constitución del estado.
Afirmó que si continúan los desencuentros o conatos de enfrentamiento entre los policías   federales, estatales, municipales y los comunitarios, los únicos que se ven beneficiados son los grupos de la delincuencia organizada.
Por su parte, el dirigente del Partido del Trabajo (PT), Fredy García Guevara, sostuvo que la detención de los policías comunitarios es un mensaje de la federación contra quienes se oponen a sus reformas.
El dirigente petista reconoció que la detención de los integrantes de la policía comunitaria creará un “clima de confrontación”, por lo que exhortó al gobierno federal a restablecer el diálogo con la CRAC.
El dirigente del PT consideró que fue “un grave error” el que el gobierno federal a través del Ejército y la Marina se esté entrometiendo en la actividad de una organización que está dando servicio de seguridad a las comunidades.
Para el dirigente del PT, la detención de los policías comunitarios, entre ellos a la líder de Olinalá, Nestora Salgado, es una violación a la Constitución y soberanía del estado porque el Congreso local aprobó la ley 701 y que la federación violó.
García Guevara consideró también que la detención de los policías comunitarios es un mensaje del gobierno federal a las organizaciones que se han manifestado contra las reformas energética y hacendaria y educativa.
Afirmó que el gobernador Ángel Aguirre Rivero tenía conocimiento de lo que la federación iba a hacer, y no retomó el diálogo.
A su vez, Adrián Wences Carrasco, dirigente de Movimiento Ciudadano, reconoció el derecho que la ley 701 otorga a los pueblos originarios de organizarse y tener su propio sistema de seguridad, y dijo que se deben poner límites para que “respeten la territorialidad”.
Reconoció que las instituciones oficiales encargadas de dar seguridad y procurar justicia están rebasadas, pero después afirmó que la CRAC, con casi 18 años de existencia, ahora está “contaminada” por grupos de la delincuencia organizada que se han infiltrado, de eso afirmó que tiene “información”.
Ayer por la tarde, en un comunicado el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) reprobó “las acciones represivas del gobierno federal en contra de los ciudadanos que ante la total inseguridad que viven sus comunidades, decidieron tomar acciones agrupándose en movimientos de autodefensa para cuidar sus vidas, familias y patrimonio, ya que los tres niveles de gobierno no han cumplido con su primordial deber de otorgar seguridad”.
El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena demandó que cesen las “acciones de represión y hostigamiento” contra los ciudadanos organizados y recordó el hostigamiento contra empresarios de Chilpancingo, que han considerado la posibilidad de asumir acciones para protegerse de la delincuencia.
Morena exigió la “libertad inmediata” de Nestora Salgado  y que se respete su integridad física y sus derechos humanos.   (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).