En Olinalá mil soldados y marinos intimidan, dice la Policía Cudadana

Carmen González Benicio

Tlapa

La Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) de Temalacatzingo y Cualac dijo que si en Olinalá el alcalde sólo puede estar en el Ayuntamiento con la presencia y fuerza militar  no tiene capacidad para gobernar a los olinaltecos por lo que quizá sea necesaria la desaparición de poderes.
En su comunicado número 15,  acusaron al presidente municipal, Eusebio Rodríguez González, de crear un ambiente de confrontación al estilo del PRI-Antorcha Campesina porque movilizó y azuzó a gente a que se armara y se enfrentara con los de la Policía Comunitaria.
Dice que la CRSJ-PCP anunció que Antorcha Campesina presumió que cuenta con armas  “no como las que carga la PCP sino mejores” y que ahí están las pruebas de que no sólo tienen armas de uso exclusivo del Ejército, sino que son cómplices de la delincuencia que  existe en Olinalá y están apoyados por las autoridades municipales y agentes del Ministerio Público que los pretenden encubrir.
Menciona que la detención de Nestora Salgado, por la retención del síndico y la acusación que se le imputa es trivial y que el gobierno pretende desprestigiar a la organización de Nestora para luego pedir lo mismo o detener a los dirigentes de otras organizaciones y que por eso generaron un escándalo por la retención del síndico por la CRAC-PC  para encubrir las complicidades.
Remarca que, en tal situación  la CRSJ-PCP repudia la militarización en Olinalá, donde más de  1000 efectivos del Ejército y Marina impiden el libre tránsito de los ciudadanos que acuden a la cabecera municipal y que su presencia en proporciones exageradas es una forma de intimidación y violación a los derechos humanos, es un hostigamiento a los ciudadanos y organizaciones de otras comunidades.
Pide el retiro inmediato del Ejército y la Marina de la cabecera municipal y hace un llamado a las partes en conflicto a que usen el diálogo para resolver la situación y evitar la polarización del conflicto y dice que si el edil sólo puede permanecer en el ayuntamiento con la presencia y fuerza militar significa que no existe capacidad para gobernar a los olinaltecos y  “entonces quizá sea necesario la desaparición de poderes en Olinalá”.
Destacan que la Cruzada Contra el Hambre no pretende combatir la pobreza y el hambre sino combatir a las organizaciones sociales y políticas así como militarizar a las que tienen sistemas de seguridad comunitaria como Olinalá y Cualac donde está la CRSJ-PCP y que usan a los indígenas con la promesa de obras y servicios  haciéndoles firmar documentos  que luego usarán los  síndicos procuradores  y alcaldes, como en el caso de Olinalá, para pedir la disolución de la Policía Comunitaria