Nestora Salgado fue llevada a una cárcel de Tepic, informa el gobernador Aguirre

*Será acusada de “secuestro agravado” por la detención del síndico de Olinalá. El procurador Iñaki Blanco dice que la coordinadora de la Policía Comunitaria pidió “rescate” por Armando Patrón Jiménez. Todos los que estén al margen de la ley podrán ser detenidos, advierte el Ejecutivo a policías comunitarios y autodefensas. Niega que se haya violado la ley de derechos indígenas, porque la comunitaria de Olinalá fue desconocida por la CRAC. Interrogan en Acapulco a los 17 policías comunitarios detenidos.

Daniel Velázquez

El gobernador Ángel Aguirre Rivero informó que la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, está recluida en una cárcel de mujeres de Tepic, Nayarit, acusada de secuestro agravado, y advirtió que todos los que estén al margen de la ley podrían ser detenidos.
En conferencia de prensa realizada en las oficinas de la Promotora Turística (Protur) en Acapulco, Aguirre Rivero dijo que con la detención de Salgado García no se violentó la ley 701, porque la casa de justicia de El Paraíso fue desconocida por la “auténtica” Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
En la conferencia de prensa, el gobernador estuvo acompañado por el rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán, y el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Arturo Salgado Urióstegui.
Antes, por la mañana, en una conferencia de prensa el procurador de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera, dijo que Nestora Salgado fue enviada a una cárcel fuera del estado “por seguridad” y para evitar “inestabilidad” en el estado.
Aguirre Rivero se refirió a la Policía Comunitaria de Olinalá como grupo de “autodefensa” y porque la Casa de Justicia de El Paraíso, de la que dependen las policías comunitarias de Ayutla, Tixtla, Huamuxtitlan y Olinalá, fueron desconocidos por la CRAC, “por lo tanto no tiene su participación, ningún sustento, desde el punto de vista legal”, dijo.
“Ellos están expulsados por parte de la Coordinadora de Autoridades Comunitarias, la CRAC, así lo expresó su coordinador Eliseo Villar, por tanto no tienen ningún sustento legal, no están al amparo de la ley 701 como es el caso de la auténtica CRAC”, expresó.
Añadió que con la “auténtica CRAC” el gobierno del estado ha trabajado en la credencialización y registro de armas.
“Han presentado sus armas (y han) manifestado su disposición y compromiso de sujetarse al uso solamente de aquellas que no están reservadas para el uso del Ejército mexicano, procedimos también a su credencialización, como nos lo han manifestado, ellos no tienen nada que ocultar y quieren seguir coadyuvando con el sistema de seguridad publica estatal desde el ámbito de sus comunidades”, dijo.
Estimó que serán 800 policías comunitarios los que serán credencializados.
A pregunta expresa sobre si van a detener a todos los integrantes de la Casa de Justicia de El Paraíso, Aguirre Rivero dijo que su gobierno no tiene pretensiones de detenerlos, “es simplemente que quienes se coloquen fuera de la ley, pues por supuesto que vamos a proceder”.
Explicó que los cateos realizados en Tlatlauquitepec, municipio de Atlixtac, y El Paraíso, municipio de Ayutla, se hicieron “derivado de que había niñas, había señoras” a quienes les fueron violados sus derechos humanos, por eso el gobierno del estado fue al “rescate” de esa personas”.
“No era posible que alguien pretenda hacerse justicia por su propia mano, eso no lo vamos a permitir. En Guerrero vivimos en un Estado de derecho”, sostuvo.
El gobernador dijo que el gobierno invitó a la Policía Comunitaria de Olinalá para que presentara las denuncias en la Procuraduría de Justicia del estado contra el síndico Armando Patrón Jiménez, pero “nunca presentaron dichas denuncias y por tanto no podemos violentar el Estado de derecho, quien tenga una denuncia debe presentarla y entregarla a las autoridades correspondientes”.
Patrón Jiménez es acusado por la Policía Comunitaria de robarse una vaca y de pretender dejar en libertad a dos detenidos.
Asimismo, Aguirre llamó a la UPOEG a que entregue a la Procuraduría a los transportistas que mantiene retenidos desde el 31 de julio, “porque hay en este momento una solicitud expresa de organizaciones del transporte que señalan que tienen detenidos a dos de sus integrantes desde hace ya varios días, deben de inmediato proceder a la entrega a las autoridades correspondientes, y si tienen alguna desconfianza, alguna duda de estas autoridades los he invitado a que lleven un abogado coadyuvante para que ellos puedan vigilar el proceso que habrá de seguírseles desde el punto de vista judicial”.
Recordó que la detención de Nestora Salgado y el fracaso de las negociaciones políticas en Olinalá se debió a que la Policía Comunitaria se negó a entregar a los detenidos y eso derivó en los cateos en El Paraíso y Tlatlauquitepec.
De la petición que hacía Nestora Salgado, para que el síndico fuera desaforado y se le siguiera el procedimiento por abigeato, Aguirre Rivero dijo que eso es parte de un procedimiento y él como gobernador no puede ordenar que destituyan a un funcionario en especial, porque es facultad del Congreso y la parte acusatoria “nunca” presentó la denuncia ni las pruebas.
Aguirre dijo que Salgado García fue detenida porque sobre ella había una orden de aprehensión por “secuestro agravado”, y para aprehenderla se realizó “un operativo conjunto” y fue enviada a una cárcel de Tepic, Nayarit, con “respeto” a sus derechos humanos y “siguiendo los protocolos establecidos”.
Al gobernador se le preguntó por qué intervinieron los militares en la detención de Nestora Salgado y si van a hacer ellos la función de la Policía Ministerial, y respondió que los militares actuaron en “coadyuvancia” de acuerdo con la ley, “pero por supuesto que por delitos del orden común quien debe proceder a su detención debe ser la Policía Ministerial y cuando son del orden federal pues es la PGR”.
Cuando se le preguntó por qué fue trasladada a Nayarit, Aguirre Rivero se levantó de la silla y cortó la conferencia, y mientras se retiraba insistió en que la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá está en una cárcel de mujeres en Nayarit.

Los otros detenidos

Antes de cortar abruptamente la conferencia de prensa, Aguirre Rivero dijo que los 59 detenidos, 17 como presuntos responsables y 42 como presentados, “todos están declarando, si encontramos elementos para detener a cualquiera habremos de proceder con la aplicación de la ley”.
Adelantó que algunas de las personas liberadas “que se encontraban recluidas, por no decir secuestradas” por la Policía Comunitaria, podrían quedar en arraigo “porque puede haber un acto fuera de la ley que hayan cometido”.
Aguirre Rivero también advirtió al coordinador de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina, que no permitiría que entraran armados a Chilpancingo porque iban “en una actitud de franca provocación hacia las instituciones de gobierno”, por lo que se  dispuso una operación de seguridad para evitar que marcharan armados.
El gobernador dijo que podrían manifestarse “las veces que quieran, habrá respeto por parte de mi gobierno, siempre y cuando no violenten las disposiciones en materia jurídica, siempre y cuando se apeguen estrictamente al cumplimiento de la ley”.
“Son aproximadamente 60 este grupo de policías que han venido marchando de Tixtla hacia Chilpancingo, me informan que algunos están tratando de ir a través de algunos cerros y el operativo estará ahí permanentemente para evitar su desplazamiento a nuestra ciudad capital”, insistió.
Ángel Aguirre dijo que su gobierno va a actuar con prudencia y sensatez pero con “la ley por delante”, y que enviaba un mensaje “a quienes en este momento han tomado las instalaciones del edificio del ayuntamiento de Ayutla y quienes se han llevado a un grupo de policías municipales de este lugar siguiendo el mismo procedimiento” de la Policía Comunitaria, pero no concluyó la idea para precisar cuál era el mensaje que les enviaría.

Consignada ante el juez

Por la mañana, en una conferencia de prensa en las oficinas de la Protur, el procurador Iñaki Blanco acompañado por el vocero del gobierno, José Villanueva, dijo que Nestora Salgado está a disposición de un juez como probable responsable del delito de secuestro y que no revelaba su ubicación por motivos de seguridad, porque temen que eso genere “inestabilidad”.
Confirmó que en la detención de Nestora Salgado participaron policías del estado, ministeriales, el Ejército, la Marina y la Policía Federal.
Dijo que Nestora Salgado está acusada de secuestro porque solicitó “rescate” para la liberación del síndico Armando Patrón, pero que no podía liberar el monto por respeto a la integridad de las víctimas.
El procurador explicó que en total hay 59 personas a disposición de las autoridades, porque el miércoles hubo dos cateos, uno en El Paraíso, municipio de Ayutla, y otro en Tlatlauquitepec, municipio de Atlixtac.
En El Paraíso detuvieron a 13 “probables responsables y 39 están como “presentados”, porque no saben sí están retenidos por la Policía Comunitaria o son cómplices.
En Tlatlauquitepec fueron cuatro los detenidos como “probables responsables” y tres como “presentados”, entre ellos el síndico y su chofer.
Informó que los detenidos portaban armas y fueron aseguradas, pero no especificó cuántas ni de qué tipo.
Indicó que todos debían estar rindiendo su declaración ministerial para definir su situación jurídica.
Iñaki Blanco dijo que sobre el síndico de Olinalá no pesa ninguna denuncia por robo de ganado, porque no hay ninguna denuncia en la Procuraduría.
De la ley 701 que ampara a la Policía Comunitaria dijo que sólo es auxiliar y está en proceso de ser reglamentada por el gobierno del estado.
Consideró que se actuó contra la Policía Comunitaria porque la Procuraduría recibió una denuncia por secuestro por parte de los familiares del síndico, se liberaron las órdenes de aprehensión y lo que hicieron fue ejecutarlas y corresponderá al juez determinar si son culpables.
Dijo que no negociarán la ley, porque Nestora Salgado ya está a disposición de un juez y “por el momento” el único delito que se le atribuye es el de secuestro agravado y no tienen que ver las movilizaciones de protesta en las que participó la detenida.
El procurador convocó a los ciudadanos que tengan conocimiento de un delito a que denuncien ante las autoridades para que se cumpla con la ley.
En su participación, el vocero del gobierno del estado, José Villanueva Manzanarez, dijo que “preservar el Estado de derecho es tarea de todo gobierno. El respeto a las instituciones creadas por el Estado mexicano es imperativo; por ello el compromiso es hacer valer la ley ante quienes la quebrantan”.