Detienen a policías de Ayutla y se encaran con federales en Tixtla en respuesta a la detención de Nestora

* La coordinadora de la policía comunitaria de Olinalá pidió rescate por el síndico, asegura el procurador

*No se violó la ley de derechos indígenas porque fue desconocida por la CRAC, dice el gobernador

*Interrogan en Acapulco a los 17 guardias indígenas detenidos

*Bloquean durante ocho horas la carretera a Cruz Grande y trasciende que se llevaron al síndico ayutleco

*Va “con todo” contra la dirigente para que no salga de la cárcel, dice el síndico priista

*Su partido aplaude la operación militar

Nestora Salgado fue llevada a una cárcel de Tepic, informa el gobernador Aguirre

*Será acusada de “secuestro agravado” por la detención del síndico de Olinalá. El procurador Iñaki Blanco dice que la coordinadora de la Policía Comunitaria pidió “rescate” por Armando Patrón Jiménez. Todos los que estén al margen de la ley podrán ser detenidos, advierte el Ejecutivo a policías comunitarios y autodefensas. Niega que se haya violado la ley de derechos indígenas, porque la comunitaria de Olinalá fue desconocida por la CRAC. Interrogan en Acapulco a los 17 policías comunitarios detenidos.

Daniel Velázquez

El gobernador Ángel Aguirre Rivero informó que la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, está recluida en una cárcel de mujeres de Tepic, Nayarit, acusada de secuestro agravado, y advirtió que todos los que estén al margen de la ley podrían ser detenidos.
En conferencia de prensa realizada en las oficinas de la Promotora Turística (Protur) en Acapulco, Aguirre Rivero dijo que con la detención de Salgado García no se violentó la ley 701, porque la casa de justicia de El Paraíso fue desconocida por la “auténtica” Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
En la conferencia de prensa, el gobernador estuvo acompañado por el rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán, y el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Arturo Salgado Urióstegui.
Antes, por la mañana, en una conferencia de prensa el procurador de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera, dijo que Nestora Salgado fue enviada a una cárcel fuera del estado “por seguridad” y para evitar “inestabilidad” en el estado.
Aguirre Rivero se refirió a la Policía Comunitaria de Olinalá como grupo de “autodefensa” y porque la Casa de Justicia de El Paraíso, de la que dependen las policías comunitarias de Ayutla, Tixtla, Huamuxtitlan y Olinalá, fueron desconocidos por la CRAC, “por lo tanto no tiene su participación, ningún sustento, desde el punto de vista legal”, dijo.
“Ellos están expulsados por parte de la Coordinadora de Autoridades Comunitarias, la CRAC, así lo expresó su coordinador Eliseo Villar, por tanto no tienen ningún sustento legal, no están al amparo de la ley 701 como es el caso de la auténtica CRAC”, expresó.
Añadió que con la “auténtica CRAC” el gobierno del estado ha trabajado en la credencialización y registro de armas.
“Han presentado sus armas (y han) manifestado su disposición y compromiso de sujetarse al uso solamente de aquellas que no están reservadas para el uso del Ejército mexicano, procedimos también a su credencialización, como nos lo han manifestado, ellos no tienen nada que ocultar y quieren seguir coadyuvando con el sistema de seguridad publica estatal desde el ámbito de sus comunidades”, dijo.
Estimó que serán 800 policías comunitarios los que serán credencializados.
A pregunta expresa sobre si van a detener a todos los integrantes de la Casa de Justicia de El Paraíso, Aguirre Rivero dijo que su gobierno no tiene pretensiones de detenerlos, “es simplemente que quienes se coloquen fuera de la ley, pues por supuesto que vamos a proceder”.
Explicó que los cateos realizados en Tlatlauquitepec, municipio de Atlixtac, y El Paraíso, municipio de Ayutla, se hicieron “derivado de que había niñas, había señoras” a quienes les fueron violados sus derechos humanos, por eso el gobierno del estado fue al “rescate” de esa personas”.
“No era posible que alguien pretenda hacerse justicia por su propia mano, eso no lo vamos a permitir. En Guerrero vivimos en un Estado de derecho”, sostuvo.
El gobernador dijo que el gobierno invitó a la Policía Comunitaria de Olinalá para que presentara las denuncias en la Procuraduría de Justicia del estado contra el síndico Armando Patrón Jiménez, pero “nunca presentaron dichas denuncias y por tanto no podemos violentar el Estado de derecho, quien tenga una denuncia debe presentarla y entregarla a las autoridades correspondientes”.
Patrón Jiménez es acusado por la Policía Comunitaria de robarse una vaca y de pretender dejar en libertad a dos detenidos.
Asimismo, Aguirre llamó a la UPOEG a que entregue a la Procuraduría a los transportistas que mantiene retenidos desde el 31 de julio, “porque hay en este momento una solicitud expresa de organizaciones del transporte que señalan que tienen detenidos a dos de sus integrantes desde hace ya varios días, deben de inmediato proceder a la entrega a las autoridades correspondientes, y si tienen alguna desconfianza, alguna duda de estas autoridades los he invitado a que lleven un abogado coadyuvante para que ellos puedan vigilar el proceso que habrá de seguírseles desde el punto de vista judicial”.
Recordó que la detención de Nestora Salgado y el fracaso de las negociaciones políticas en Olinalá se debió a que la Policía Comunitaria se negó a entregar a los detenidos y eso derivó en los cateos en El Paraíso y Tlatlauquitepec.
De la petición que hacía Nestora Salgado, para que el síndico fuera desaforado y se le siguiera el procedimiento por abigeato, Aguirre Rivero dijo que eso es parte de un procedimiento y él como gobernador no puede ordenar que destituyan a un funcionario en especial, porque es facultad del Congreso y la parte acusatoria “nunca” presentó la denuncia ni las pruebas.
Aguirre dijo que Salgado García fue detenida porque sobre ella había una orden de aprehensión por “secuestro agravado”, y para aprehenderla se realizó “un operativo conjunto” y fue enviada a una cárcel de Tepic, Nayarit, con “respeto” a sus derechos humanos y “siguiendo los protocolos establecidos”.
Al gobernador se le preguntó por qué intervinieron los militares en la detención de Nestora Salgado y si van a hacer ellos la función de la Policía Ministerial, y respondió que los militares actuaron en “coadyuvancia” de acuerdo con la ley, “pero por supuesto que por delitos del orden común quien debe proceder a su detención debe ser la Policía Ministerial y cuando son del orden federal pues es la PGR”.
Cuando se le preguntó por qué fue trasladada a Nayarit, Aguirre Rivero se levantó de la silla y cortó la conferencia, y mientras se retiraba insistió en que la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá está en una cárcel de mujeres en Nayarit.

Los otros detenidos

Antes de cortar abruptamente la conferencia de prensa, Aguirre Rivero dijo que los 59 detenidos, 17 como presuntos responsables y 42 como presentados, “todos están declarando, si encontramos elementos para detener a cualquiera habremos de proceder con la aplicación de la ley”.
Adelantó que algunas de las personas liberadas “que se encontraban recluidas, por no decir secuestradas” por la Policía Comunitaria, podrían quedar en arraigo “porque puede haber un acto fuera de la ley que hayan cometido”.
Aguirre Rivero también advirtió al coordinador de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina, que no permitiría que entraran armados a Chilpancingo porque iban “en una actitud de franca provocación hacia las instituciones de gobierno”, por lo que se  dispuso una operación de seguridad para evitar que marcharan armados.
El gobernador dijo que podrían manifestarse “las veces que quieran, habrá respeto por parte de mi gobierno, siempre y cuando no violenten las disposiciones en materia jurídica, siempre y cuando se apeguen estrictamente al cumplimiento de la ley”.
“Son aproximadamente 60 este grupo de policías que han venido marchando de Tixtla hacia Chilpancingo, me informan que algunos están tratando de ir a través de algunos cerros y el operativo estará ahí permanentemente para evitar su desplazamiento a nuestra ciudad capital”, insistió.
Ángel Aguirre dijo que su gobierno va a actuar con prudencia y sensatez pero con “la ley por delante”, y que enviaba un mensaje “a quienes en este momento han tomado las instalaciones del edificio del ayuntamiento de Ayutla y quienes se han llevado a un grupo de policías municipales de este lugar siguiendo el mismo procedimiento” de la Policía Comunitaria, pero no concluyó la idea para precisar cuál era el mensaje que les enviaría.

Consignada ante el juez

Por la mañana, en una conferencia de prensa en las oficinas de la Protur, el procurador Iñaki Blanco acompañado por el vocero del gobierno, José Villanueva, dijo que Nestora Salgado está a disposición de un juez como probable responsable del delito de secuestro y que no revelaba su ubicación por motivos de seguridad, porque temen que eso genere “inestabilidad”.
Confirmó que en la detención de Nestora Salgado participaron policías del estado, ministeriales, el Ejército, la Marina y la Policía Federal.
Dijo que Nestora Salgado está acusada de secuestro porque solicitó “rescate” para la liberación del síndico Armando Patrón, pero que no podía liberar el monto por respeto a la integridad de las víctimas.
El procurador explicó que en total hay 59 personas a disposición de las autoridades, porque el miércoles hubo dos cateos, uno en El Paraíso, municipio de Ayutla, y otro en Tlatlauquitepec, municipio de Atlixtac.
En El Paraíso detuvieron a 13 “probables responsables y 39 están como “presentados”, porque no saben sí están retenidos por la Policía Comunitaria o son cómplices.
En Tlatlauquitepec fueron cuatro los detenidos como “probables responsables” y tres como “presentados”, entre ellos el síndico y su chofer.
Informó que los detenidos portaban armas y fueron aseguradas, pero no especificó cuántas ni de qué tipo.
Indicó que todos debían estar rindiendo su declaración ministerial para definir su situación jurídica.
Iñaki Blanco dijo que sobre el síndico de Olinalá no pesa ninguna denuncia por robo de ganado, porque no hay ninguna denuncia en la Procuraduría.
De la ley 701 que ampara a la Policía Comunitaria dijo que sólo es auxiliar y está en proceso de ser reglamentada por el gobierno del estado.
Consideró que se actuó contra la Policía Comunitaria porque la Procuraduría recibió una denuncia por secuestro por parte de los familiares del síndico, se liberaron las órdenes de aprehensión y lo que hicieron fue ejecutarlas y corresponderá al juez determinar si son culpables.
Dijo que no negociarán la ley, porque Nestora Salgado ya está a disposición de un juez y “por el momento” el único delito que se le atribuye es el de secuestro agravado y no tienen que ver las movilizaciones de protesta en las que participó la detenida.
El procurador convocó a los ciudadanos que tengan conocimiento de un delito a que denuncien ante las autoridades para que se cumpla con la ley.
En su participación, el vocero del gobierno del estado, José Villanueva Manzanarez, dijo que “preservar el Estado de derecho es tarea de todo gobierno. El respeto a las instituciones creadas por el Estado mexicano es imperativo; por ello el compromiso es hacer valer la ley ante quienes la quebrantan”.

Declaró ayer Nestora en la cárcel de Acapulco en una audiencia sin medios

*Le ponen un defensor de oficio que ni siquiera sabía a donde la trasladaron y a quien le dieron el día libre. Declaran los 17 policías comunitarios detenidos en la Fiscalía Regional de la PGJE

Se encaran militares y policías federales con simpatizantes de la CRAC en bloqueo en Tixtla

*Exigen la liberación de los coordinadores Nestora Salgado y Bernardino García y la de 17 efectivos de esa organización. Retienen dos horas y media por la tarde a dos efectivos federales. Acuden sus colegas con equipo antimotines a rescatarlos. Encañonan a estudiantes, policías comunitarios y ciudadanos. Acuerdan una reunión hoy con el procurador, por lo que liberan la vía

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Unos 100 policías comunitarios de comunidades del municipio de Tixtla evadieron ayer un retén de aproximadamente 400 militares, policías federales y estatales en la carretera Chilpancingo-Tixtla, que estaba para desarmarlos y detenerlos.
Los policías comunitarios que dependen de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) marchaban de Tixtla a Chilpancingo para exigir la libertad de los coordinadores Nestora Salgado García de Olinalá y Bernardino García de Ayutla y de los 17 policías comunitarios que fueron detenidos la tarde y noche del miércoles en Olinalá y en El Paraíso por efectivos de la Marina, el Ejército y la Policía Preventiva Estatal.
Los policías comunitarios marcharon a las 10 de la mañana por la salida de Tixtla en la carretera federal Tlapa-Chilpancingo. Todos caminaban uniformados y armados con rifles, escopetas y pistolas de bajo calibre.
Atrás caminaban decenas de civiles y una comisión de estudiantes de la normal Rural de Ayotzinapa. Al llegar al cerro del Machohua, que se encuentra casi a la mitad del tramo Chilpancingo-Tixtla, el contingente se detuvo para tomar el almuerzo.
Al término, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Vidulfo Rosales Sierra y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgro), Manuel Olivares Hernández, trataron de disuadirlos de que no siguieran la marcha armados para no dar motivo a las fuerzas federales y estatales para un desarme y detención.
Al lugar llegó el director de Gobernación del estado, Moisés Alcaraz Jiménez, quien dijo que llevaba la encomienda del Gobierno del estado de disuadir a los policías comunitarios de que no continuaran su marcha rumbo a la capital armados, para evitar que fueran desarmados y detenidos por el Ejército y las policías federal y estatal, Sin embargo los representantes de los comunitarios rechazaron dialogar con el funcionario.
Mientras tanto, a unos dos kilómetros adelante rumbo a Chilpancingo, en el punto conocido como El Basurero estaba un retén con la intención de desarmar y detener a los policías comunitarios.
Por el cerro rumbo a las antenas había más efectivos del Ejército, dispuestos a detener a los comunitarios ante su posible huida por ese lugar. Mientras que en la retaguardia de la marcha otro grupo de unos 50 militares se encontraban a la expectativa.
Después de las 12 del día, tras terminar el almuerzo y la plática de los comandantes y promotores de la CRAC en este municipio, los comunitarios determinaron continuar a Chilpancingo. Sin embargo, cuando se encontraban a medio kilómetro del retén de los militares, policías federales y estatales, la vanguardia tomó un atajo rumbo al cerro y se perdieron entre la maleza.
A partir de entonces, por toda la carretera de Chilpancingo a Tixtla, se observó una fuerte movilización de militares, policías federales y estatales quienes recorrieron la carretera en espera de la salida de los policías comunitarios.
Después de las 3 de la tarde se observó sobrevolar un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por los cerros ubicados al oriente de la capital.
El contingente que quedó se regresó a Tixtla y la movilización militar y policiaca se mantuvo. En convoys de camionetas y tanquetas, en el caso de los militares, recorrían el tramo de la carretera Chilpancingo-Tixtla y las colonias del oriente de la ciudad, por donde pensaban que saldrían los policías indígenas.
A las 4 de la tarde, ciudadanos de Tixtla instalaron un bloqueo a la carretera a la altura del entronque del libramiento Chilpancingo-Tixtla, frente al internado Adolfo Cienfuegos y Camus, en protesta por la persecución militar y policiaca en contra de los comunitarios que marchaban rumbo a Chilpancingo.
Al bloqueo a las 6 de la tarde llegó un contingente de policías comunitarios, algunos de ellos eran los que se habían dispersado por el cerro para huir del operativo policiaco y militar que los esperaba para desarmarlos y detenerlos.
A esa hora, dos elementos de la Policía Federal que llegaron en una patrulla fueron retenidos por los ciudadanos y por los policías comunitarios armados.
Para rescatar a los uniformados llegaron efectivos de otras corporaciones y policías estatales y federales con equipo antimotín.
Ocurrieron varios conatos de enfrentamiento entre fuerzas federales con policías comunitarios, ciudadanos y estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
El bloqueo se levantó a las 8:30 la noche, ninguna autoridad civil había acudido al lugar para dialogar con los inconformes.
Los manifestantes lanzaban fuertes consignas en contra de los efectivos de las diferentes corporaciones, mientras que federales y militares amagaban con reprimir la protesta.
Tras la intervención de organismos de derechos humanos, como los Servicios Profesionales para la Paz (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgro), acordaron que los representantes de la Casa de Justicia de El Paraíso serán recibidos este viernes a las 12 del día en Casa Guerrero por funcionarios estatales.
Durante los conatos de enfrentamiento los uniformados de la Federal y el Ejército portaban armas de fuego que apuntaron contra el contingente, con lo que se violaron los protocolos internacionales que establecen que en los operativos para disuadir manifestaciones ciudadanas los agentes no deben portar armas.
El primer conato de enfrentamiento ocurrió cuando unos 200 policías federales acudieron a rescatar a dos de sus compañeros que habían sido retenidos por policías comunitarios, simpatizantes de la CRAC y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Los Policías federales, con armas en las manos llegaron a menos de 10 metros de donde se encontraban los manifestantes, quienes portaban palos, machetes y piedras con las que amenazaron defenderse.
Los policías detenidos se encontraban controlando el tráfico a unos metros del bloqueo y los policías comunitarios fueron a retenerlos; uno de ellos opuso resistencia y fue sometido, incluso fue esposado. El segundo voluntariamente se subió a una camioneta de la Policía Comunitaria.
Casi una hora después, aproximadamente a las 7:30 de la noche, los manifestantes se vieron cercados por aproximadamente 200 policías federales; un grupo llegó por el libramiento, otro por la carretera federal Chilpancingo-Chilapa.
La tensión terminó casi a las 8 de la noche cuando se acordó la reunión con el procurador de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera y el asesor del gobernador, Ernesto Aguirre para exigir la libertad de Nestora Salgado, Bernardino García y los comunitarios detenidos. A cambio, los manifestantes, aceptaron la entrega de los dos policías federales.
Sin embargo, un nuevo brote de violencia amenazaba a unos 300 metros de allí, en la gasolinera de esta ciudad a la salida hacia Chilapa, unos 200 militares impedían el paso sobre la carretera a unos 100 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que habían salido en marcha desde su escuela y se trasladaban al bloqueo.
Los estudiantes, cubiertos del rostro, portaban palos y algunos machetes en las manos que hacían repicar rosando la punta en el pavimento, otros los apuntaban hacia los soldados que se encontraban impávidos a menos de cinco metros.
El ambiente se puso más tenso cuando por la retaguardia de los militares llegó el contingente que ya se retiraba del bloqueo y se encaminaba de regreso hacia la ciudad. Con éste contingente venían los policías comunitarios portando sus rifles, escopetas y pistolas en medio de los estudiantes normalistas.
Al llegar este contingente, los jefes de los militares dieron la orden del repliegue y se hicieron a un lado hacia las orillas de la carretera, después caminaron hasta sus vehículos estacionados en los alrededores de la gasolinera y se retiraron.
Los manifestantes todavía permanecieron en el lugar por algunos 10 minutos gritando sus consignas hasta que finalmente siguieron en marcha hasta el barrio del Fortín en donde tiene su base la Policía Comunitaria y de allí los normalistas se trasladaron a sus instalaciones.

Desarman y detienen policías comunitarios  a 19 agentes en la comandancia de Ayutla

*Se llevaron al síndico Roberto Vargas, trasciende. Cierran el Ayuntamiento con cadenas y clausuran Telmex y la CFE. Bloquean durante ocho horas la carretera a Cruz Grande. Mantienen bloqueado el acceso a San José la Hacienda y advierten que hoy retomaran la vía estatal

De la corresponsalía

Ayutla de los Libres

Policías de la Coordinadora Re-gional de Autoridades Comunita-rias (CRAC) de El Paraíso asaltaron la comandancia municipal de Ayutla a las 11 de la mañana, desarmaron y detuvieron a 19 policías que se encontraban en el cambio de turno y los trasladaron a su Casa de Justicia. Trascendió que también se llevaron al síndico procurador, Roberto Vargas Hernández.
Por la mañana, los simpatizantes de esa organización bloquearon durante 8 horas con quince minutos la carretera Cruz Grande-Ayutla para exigir la liberación de sus policías comunitarios y de los dos coordinadores detenidos por el Ejército, la Marina y la Policía Estatal la noche del miércoles.
El contingente se retiró porque ningún representante de los gobiernos estatal o federal acudió a dialogar con ellos, mientras que durante el bloqueo el consejero Arturo Campos Herrera llamaba de manera constante a policías comunitarios de Tixtla, Olinalá y Tlatlauquitepec.
Después de las 2:00 de la tarde, Campos Herrera informó que estaba cerrado el acceso a la Casa de Justicia de El Paraíso, previendo una nueva irrupción militar para liberar a los agentes municipales y al síndico del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
De igual manera, el acceso a San José la Hacienda, primera comunidad que se adhirió a la CRAC de El Paraíso, fue bloqueado por policías comunitarios que bloquearon con piedras y autos y el coordinador informó que así permanecerá toda la noche y que hoy a primera hora volverían a tomar la carretera estatal.
De la cabecera municipal a la comunidad de San José la Hacienda hay tres kilómetros de distancia y los policías comunitarios vigilan entre los arbustos.
A los reporteros les pidieron que se retiraran del lugar y a las 3:00 de la tarde comenzó a volar un helicóptero de la Marina por la zona, el cual se regresó en al menos tres ocasiones.
Se intentó localizar al presidente municipal Severo Castro Godínez, pero en el Ayuntamiento dijeron que no se presentó a trabajar.
Los policías comunitarios de la CRAC tomaron el Ayuntamiento y lo cerraron con candados nuevos y cadenas para no permitir el acceso, antes desalojaron el edificio y posteriormente las oficinas de Teléfonos de México (Telmex), de la Comisión Federal de Electricidad (CFE, y Correos de México.

Fueron golpeados los 17 comunitarios detenidos, denuncian

En entrevista el promotor de la CRAC de Ayutla, Arturo Campos Herrera declaró que fueron detenidos 13 policías comunitarios de los 25 que se encontraban en la Casa de Justicia de El Paraíso, y cuatro en Tlatlauquitepec, entre ellos el comisario municipal de quien no proporcionó el nombre.
Denunció que el hostigamiento del Ejército en contra de esa organización se está incrementando y advirtió que podría seguir en aumento.
Declaró que no estuvo cuando la noche del miércoles irrumpieron los militares y detuvieron a sus diecisiete compañeros y al coordinador, pues minutos antes había salido de la Casa de Justicia, en donde tuvieron una reunión.
“Cuando nosotros salimos, a mitad del camino nos encontramos al Ejército pero no solicitaron el alto al vehículo en donde viajábamos para revisarnos, continuaron con su camino hacia la parte alta de donde se encuentra la Casa de Justicia y pensamos que era un recorrido de rutina por parte de los militares y horas después nos dieron aviso, nos agarraron de sorpresa”.
Denunció que mientras eran detenidos le marcaron y le decían que estaban siendo desarmados y detenidos por los militares y que los estaban golpeando, “en el reporte de los compañeros explican que no existió enfrentamiento alguno, pero sí fueron brutalmente golpeados e inclusive cuando me informaron desde el teléfono de la casa sobre la presencia de los militares, solicite que aguantaran y que no accionaran sus armas y no se cortó ningún cartucho, pero si nos sentimos ofendidos por los golpes hacia los compañeros”.
Ante la pregunta, dijo que no existe coordinación con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), pero que de manera moral le reiteraron el apoyo para que las fuerzas castrenses dejen de hostigar a los policías comunitarios de Ayutla, “los policías ciudadanos de la UPOEG se están sumando moralmente”.
Declaró que además de las armas que les decomisaron, de las cuales no proporcionó el núimero, los militares se llevaron dos vehículos oficiales, una camioneta blanca con el número 027, sin placas pero con engomado HA-00741 del Estado de Guerrero y un Jetta blanco de la Secretaría General de Gobierno, supervisión regional Acapulco, también sin placas pero con el engomado HFE-1449 del estado de Guerrero.

Va “con todo” contra Nestora para que no salga de la cárcel, dice el síndico

Armando Patrón relata su detención y su reclusión en la comisaría de Tlatlauquitepec. Acusa a los policías comunitarios de ser “todo lo malo que existe en el municipio, son lo peor de las lacras de la sociedad”, expresa

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Después de ser liberado la noche del miércoles en Tlatlauquitepec, el síndico de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, que fue detenido por policías de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), afirmó que va “con todo contra Nestora (Salgado García)” y que no permitirá que el gobernador Ángel Aguirre Rivero negocie la ley para que la dirigente comunitaria pueda salir de la cárcel.
El síndico fue detenido el 14 de agosto en Huamuxtitlán por la Policía Comunitaria de Olinalá, junto a otras dos personas, acusado de encubrir a dos delincuentes que robaron una cabeza de ganado y a los asesinos de dos personas.
Ayer en conferencia de prensa, el síndico priista Armando Patrón, acompañado de Gustavo Rodríguez Patrón, Carlos Bello Patrón, que también fueron detenidos, y  del alcalde Eusebio González Rodríguez, dieron su versión de cómo ocurrió la detención y los días que los mantuvieron detenidos en la comisaría de Tlatlauquitepec, municipio de Atlixtac.
El síndico comentó que al enterarse de dos homicidios, y como los cuerpos de las víctimas ya habían sido trasladados a Chilpancingo, fueron al corralón municipal para recuperar el vehículo en el que fueron asesinadas las personas; ahí también llegaron familiares de las personas asesinadas para llevarse la vaca que se presume fue robada.
Al lugar llegó la coordinadora de la CRAC en Olinalá, Nestora Salgado, y por lo menos 30 policías comunitarios más, “llegó y me dijo ‘ahora sí estás aquí’, me descontroló y me reí, y molesta me respondió ‘esas sonrisas me gustan’, y ordenó que nos detuvieran”.
El síndico afirmó que no le dijeron el motivo por el cual pretendían detenerlo y opuso resistencia.
Pero como eran decenas de policías comunitarios tuvo que acceder a la detención; le quitaron las llaves de la camioneta oficial del ayuntamiento y se dirigieron por la carretera federal a Tlapa y de ahí hasta El Paraíso, Ayutla.
Durante el recorrido comentó que Nestora Salgado se cambió en repetidas ocasiones de vehículo, y en esa comunidad estaban otros integrantes de la CRAC, Justino Rodríguez Salgado y Carlos Patrón Romano.
Antes de llegar a Tlatlauquitepec se desviaron en la brecha que lleva a Zapotitlán Tablas, “ahí yo les dije ya de una vez mátennos y nos dijo que no, ‘espérate, eso va a ser después’, así nos dijo”.
Relató que después los subieron a una camioneta Nissan en la parte de atrás y los obligaron, “jalándonos de los pelos”, a tirarse boca abajo, y cuando los tenían sometidos dijo que los amenazaron de muerte y de agredirlos sexualmente.
La versión del síndico es que la Policía Comunitaria de Olinalá y otros de Tlatlauquitepec los llevaron a un paraje a unos 15 minutos de esa comunidad, donde lo interrogaron por su supuesto encubrimiento a los asesinos de las personas que trasladaban una vaca robada.
En ese lugar dijo que se burlaron de él y le decían que corriera “para matarme”, pero después lo llevaron a la comisaría de la comunidad donde lo encerraron en una celda de dos metros por uno y medio, y el mismo procedimiento fue para los otros dos detenidos por separado.
Afirmó que “todo el tiempo hubo maltrato psicológico”, y que no les daban de comer y durante los ocho días que estuvieron detenidos por la CRAC sólo les daban una comida al día.
Dijo que el miércoles por la tarde los sacaron de la comisaría y se los llevaron caminando a un cerro, a “una chocita de madera”, y en el camino les decían “que podíamos correr, ‘les damos chance’, obviamente nosotros pensamos que nos iban a matar”, y después los bajaron en una camioneta nuevamente a la comisaría.
Dijo que el maltrato fue por “las recomendaciones de Nestora, que les dijo que éramos violadores, asesinos, rateros y no sé cuántas cosas más para que nos trataran mal”.
Aproximadamente a las 7:30 de la noche del miércoles se percataron del “descontrol” de quienes estaban cerca, y todos huyeron menos dos comisarios y “dos policías comunitarios”, a los que detuvieron.
Entonces los militares auxiliados por policías ministeriales y estatales quitaron los candados con pinzas “y nos dijeron venimos por ustedes”, los sacaron y los trajeron a Chilpancingo a donde llegaron a la una de la madrugada y estuvieron en la Procuraduría declarando.
Denunció que el comisario de la comunidad de Tlatlauquitepec no le quiso tomar su declaración, a pesar de que lo solicitó.
No dejará que Nestora salga de la cárcel, dice
Armando Patrón adelantó en la conferencia de prensa que va “con todo contra Nestora Salgado, hasta donde dé”, y que no permitirá que el gobernador negocie la ley como en otras ocasiones para que la coordinadora de la CRAC salga libre.
Dijo que ya declaró a detalle todo lo que pasó desde el momento de su detención hasta la liberación, “en el expediente ya está todo lo que me maltrataron”, y dijo que con todo lo que hicieron no “merece” salir.
Durante la conferencia afirmó que Nestora Salgado y la Policía Comunitaria de Olinalá son “delincuentes disfrazados, ellos son todo lo malo que existe en el municipio, son lo peor de las lacras de la sociedad, ellos son los ladrones y violadores”.
Después dijo que hay investigaciones y órdenes de aprehensión contra varios de los integrantes de la CRAC.
La denuncia que presentó contra Nestora Salgado es por privación ilegal de la libertad, amenazas y daño psicológico.
Por último el síndico dijo que desde hoy regresaría a asumir sus funciones y que no tiene temor por su vida después de “todo lo que pasamos durante ocho días”.
Por su parte el alcalde de Olinalá celebró que el Ejército en coordinación con las corporaciones estatales haya liberado al síndico y a otros dos de los detenidos.
Festejó que el gobernador y la federación respondieran “de manera satisfactoria” a la solicitud de “rescate” que hizo, “celebro que no haya impunidad y todo esté bajo la ley”.
Recordó que presentó una denuncia contra la CRAC de Olinalá porque tiene 12 armas y chalecos antibalas propiedad de la policía municipal, y que presentará otra porque le quitaron otra arma al síndico, además de un vehículo oficial.

Aplaude el PRI el encarcelamiento de Nestora Salgado y la liberación del síndico

Fernando Hernández

Chilpancingo

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Cuauhtémoc Salgado Romero, aplaudió la detención de la coordinadora de la Policía Comunitaria en Olinalá, Néstora Salgado García, y la liberación del síndico priista Armando Patrón,?durante su intervención ayer en la sesión del Consejo Político Estatal.
Salgado Romero fue el último de los dirigentes priistas que tomó la palabra en la reunión de este jueves, en la que se ratificó el respaldo al presidente Enrique Peña Nieto en sus propuestas para reformar el sistema energético de México.
“Pese a las circunstancias que prevalecen en nuestro estado, y en otros lugares de nuestro país que lamentablemente, en estos momentos se encuentran tomados por policías comunitarios por una serie de acciones que el gobierno federal y el gobierno del estado está realizando”, en alusión a la detención de Nestora Salgado.
Agregó que “las cuales en lo personal y a nombre del partido lo digo, aplaudo estas acciones que se están realizando, porque nadie puede estar fuera de la legalidad”.
Antes del inicio del Consejo Político mencionó que la detención de la coordinadora de la CRAC fue “un tema que se resolvió conforme a derecho y en el que las instituciones se tienen que respetar. El gobierno actuó conforme a lo recomendado y a lo que está pasando”.
A pregunta expresa ofreció “nuestro respaldo a la decisión que tomó el ?gobierno estatal y federal”.
Por su parte el diputado federal priista, Manuel Añorve Baños, respaldó “categóricamente al gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero”.
En relación a la toma del ayuntamiento de Ayutla y a la retención de dos policías federales en Tixtla por parte de policías comunitarios, el diputado federal insistió en respaldar a Ángel Aguirre y advirtió que el gobierno de Guerrero actuará “con todo el peso de la ley contra los supuestos policías comunitarios de la CRAC-PC que no se apeguen a la ley 701 que se ampara en su creación”.
En un boletín, Añorve Baños mencionó que ?“ningún individuo o grupo puede imponer sus métodos o hacer imperar sus criterios para aplicar la justicia por propia mano”.
Y llamó a “no ceder ante presiones para liberar a la comandante de la policía comunitaria, Nestora Salgado García, detenida por el presunto delito de secuestro durante un operativo que se llevó a cabo con fuerzas federales en el municipio de Olinalá”.