Irrumpen Ejército y Marina en comunidad de Ayutla; detienen a 12 policías comunitarios más

*Bloquean carreteras en La Montaña y Costa Chica*

*Unos cien efectivos llegaron a Quiahuitepec y también liberaron a siete mujeres recluidas

*Los arrestados fueron trasladados en helicóptero al aeropuerto de Acapulco y de ahí a la Procuraduría del estado t Con estos suman ya 29 los encarcelados

 * La acción militar, mientras en el Palacio de Gobierno se desarrollaba una reunión con la CRAC-El Paraíso donde tras cuatro horas acuerdan instalar una mesa de diálogo

* Irrumpieron soldados en la base de la policía de la UPOEG en Marquelia el jueves, y ayer los marinos desarmaron a tres más

* Hay 18 policías municipales retenidos por policías comunitarios, informa el alcalde de Ayutla Severo Castro

* Se moviliza la embajada de EU por Nestora Salgado que también tiene la nacionalidad de ese país

* Personal diplomático tuvo problemas para encontrarla en la cárcel de Tepic, informa su esposo desde Seattle

Tras cuatro horas de negociación pactan diálogo gobierno y CRAC de El Paraíso

Gonzalo Molina y Miguel Bitrago tratan con Garnelo, Aguirre Velázquez, Lara e Iñaki los casos de detenidos y demandas contra policías comunitarios. Participan Serapaz y Tlachinollan en la negociación que se suspendió apenas iniciada tras la la noticia de que el Ejército irrumpió en una comunidad de Ayutla y detuvo a otros diez policías

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Sin acuerdos de fondo terminó ayer una reunión entre representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso y funcionarios del gobierno del estado, para tratar el caso de los detenidos, las denuncias y averiguaciones que existen en contra de otros integrantes y la petición de “respeto” para la organización comunitaria.
La reunión se realizó en la oficina de la Secretaría de Gobierno y participaron el secretario Jesús Martínez Garnelo; el asesor del gobernador, Ernesto Aguirre Velázquez; el procurador de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera; el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Sergio Javier Lara Montellanos, así como los subsecretarios de Asuntos Politicos, Misael Medrano Baza, y de Asuntos Agrarios, Martín Mora Aguirre.
En representación de la CRAC asistieron Gonzalo Molina González y el coordinador de Huamuxtitlán, Miguel Vitrago Reyes, quienes encabezaron una comisión de 10 integrantes.
Además, asistieron como mediadores el director de Servicios Profesionales para la Paz, Miguel Álvarez Gándara, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Vidulfo Rosales Sierra, y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández.
La reunión comenzó al medio día en la Secretaría de Gobierno, y se programó por la mediación de los representantes de los organismos de derechos humanos la noche del jueves, como condición para que fueran entregados dos agentes de la Policía Federal que habían sido retenidos por policías comunitarios, simpatizantes de éstos y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que participaban en un bloqueo a la salida de Tixtla, en demanda de la libertad de la coordinadora de la CRAC, Nestora Salgado, el coordinador de Ayutla, Bernardino García, y otros 17 miembros de la organización.
Tras acordar esta reunión, los inconformes también liberaron la carretera a Tixtla, a las ocho y media de la noche, después de cuatro horas y media de bloqueo.
Antes de entrar a la reunión, Gonzalo Molina informó que las demandas que llevaban eran la liberación de sus compañeros detenidos por el Ejército y la Marina, la tarde y noche del miércoles, en Olinalá, Tlatlauquitepec, municipio de Atlixtac, y en El Paraíso, municipio de Ayutla, en un operativo coordinado.
Asimismo, la cancelación de las demandas penales, averiguaciones previas u órdenes de aprehensión que pudieran existir en contra del resto de los miembros de la CRAC.
Dijo que también exigirían respeto a su institución, “porque somos una institución, no somos un grupo de autodefensa, porque a veces se nos quiere confundir y se nos quiere medir con la misma vara”.
La reunión se convino la noche del jueves para a las 12 del día en la Casa Guerrero y se anunció que estaría el procurador Iñaki Blanco Cabrera y el asesor del gobernador Ángel Aguirre Rivero, Ernesto Aguirre.
Sin embargo, de última hora se cambió para a la una de la tarde y a la Secretaría de Gobierno, y al final, asistieron también el secretario  Martínez Garnelo, Lara Montellanos y los subsecretarios Medrano Baza y Mora Aguirre.
La reunión tuvo sobresaltos desde el principio, pues apenas cinco minutos después de que comenzó, la comisión de la CRAC se salió de la sala, pues en esos momentos recibieron la información de que en la comunidad de Quiahuitepec, municipio de Ayutla, efectivos de la Marina y del Ejército entraron y se llevaron detenidos a 10 policías comunitarios, y liberaron a siete mujeres que estaban sujetas a proceso de reeducación bajo el resguardo de la CRAC.
También se salieron enojados porque a la reunión no había llegado el asesor del gobernador, Ernesto Aguirre, el procurador Iñaki Blanco y el mismo secretarioMartínez Garnelo, quienes se integrarían después.
“No podemos estar en una mesa de diálogo para llegar a acuerdos y se siga deteniendo a más compañeros”, dijo Molina González, quien acusó que con esas irrupciones del Ejército y la Marina se viola la Ley 701 de derechos de los pueblos indígenas.
Una hora después, ya cuando se integraron los tres funcionarios, el dialogo se reanudó. Antes, el director de Serapaz, Álvarez Gándara, se reunió en privado con el secretario de Gobierno en su despacho.
Después de cuatro horas, con un nuevo receso de casi una hora, finalmente la reunión concluyó y solamente los integrantes de la CRAC y los representantes de los organismos de derechos humanos informaron de los acuerdos.
Se informó que solamente se convino en la integración de una “mesa jurídica” en la que participará el área jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, con la Procuraduría de Justicia para dar seguimiento a los casos de los detenidos y las demandas que existen en contra de los integrantes  de la CRAC.
Sin embargo, en esa mesa no se incluirá el caso de la coordinadora de Olinalá, Nestora Salgado. Manuel Olivares Hernández, de la Redgro, dijo sin mayor detalle que se trata “de un caso aparte, porque la demanda en su contra es de carácter federal y ya fue declarada”, como se dice en la jerga de abogados y ministerios públicos para decir que algún detenido ya declaró ante la autoridad.
Asimismo, se informó que los funcionarios estatales y los representantes de la organización acordaron mantener esta mesa de diálogo en los próximos días.
Por la noche, el gobierno del estado emitió un boletín de tres párrafos en el que señala que “el gobierno del estado e integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), encabezados por su promotor en Tixla, Gonzalo Molina González, acordaron establecer una mesa de diálogo, para evitar cualquier confrontación”.
Agrega que “se establecerá una mesa jurídica para analizar la situación de los detenidos y presentados, en los últimos días, en los casos en los que no haya imputaciones directas”.
Y finalmente, informa que en la reunión que sostuvieron en la Secretaría General de Gobierno “se reiteró el respeto a la vida interna de las organizaciones”.
Vía telefónica, Molina González informó que estos acuerdos serán consultados con las bases de la organización para determinar si suspenden sus acciones con estos acuerdos y continúan con la mesa de diálogo con el gobierno del estado, o siguen adelante con su plan de acción para lograr la libertad de sus compañeros detenidos.

Irrumpen marinos y soldados en comunidad de Ayutla y se llevan a 12 policías comunitarios

Unos cien efectivos llegaron a Quiahuitepec  y también liberaron a siete mujeres recluidas. Los arrestados fueron trasladados en helicóptero al aeropuerto de Acapulco y de ahí a las instalaciones de la Procuraduría del estado. Se desconocen los cargos que les adjudican. Suman ya 29 los encarcelados, entre coordinadores, autoridades y policías comunitarios

Zacarías Cervantes, Carlos Moreno y corresponsalía

Chilpancingo, Acapulco, Ayutla

Efectivos de la Marina y del Ejército irrumpieron antes del medio día de ayer en la comunidad de Quiahuitepec, municipio de Ayutla, y liberaron a siete mujeres que estaban sujetas a proceso de reeducación por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Los militares detuvieron a 12 policías comunitarios.
Los policías indígenas fueron trasladados en helicóptero al aeropuerto de Acapulco y de allí, en medio de un fuerte operativo de seguridad, integrado por militares y policías federales, fueron llevados a la Procuraduría General de Justicia del estado.
Con estos ya son 29 los detenidos, entre coordinadores, autoridades comunitarias y policías comunitarios por parte de los efectivos de la Marina, a partir del miércoles pasado, cuando fueron tomados presos los coordinadores Nestora Salgado de Olinalá y Bernardino García de Ayutla, así como 13 policías comunitarios y 4 autoridades locales de Tlatlauquitepec.
La irrupción de los militares en Quiahuitepec, a unas cuatro horas de distancia de la cabecera municipal, provocó que en la Secretaría General de Gobierno se interrumpiera momentáneamente una reunión en la que participaban autoridades de la CRAC de la Casa de El Paraíso, así como representantes de organismos de derechos humanos con funcionarios del gobierno del estado, para llegar a acuerdos con respecto a las detenciones anteriores y la suspensión de acciones de protesta por parte de los integrantes de la Coordinadora de esta casa de Justicia que demandan la libertad de sus compañeros.
El promotor de la CRAC de Ayutla y Tixtla, Gonzalo Molina González, informó que aproximadamente 100 elementos de la Marina y el Ejército irrumpieron ayer en esa comunidad, en donde sometieron a los 12 policías comunitarios y liberaron a las 7 mujeres que estaban sujetas a reeducación.
También se informó que los 12 policías comunitarios detenidos fueron trasladados en dos helicópteros del Ejército rumbo al puerto de Acapulco.
Los 12 policías comunitarios fueron trasladados del aeropuerto a la Fiscalía Regional de Acapulco de la Procuraduría de Justicia del estado en un convoy de  la Policía Federal y Estatal y soldados del Ejército.
En  otras dos patrullas federales iban las siete mujeres que estaban en proceso de “reeducación” en la casa de seguridad de la policía comunitaria.
Los 12 policías fueron trasladados del Aeropuerto Internacional de Acapulco a la Fiscalía Regional rodeados de cuatro patrullas de la Policía Federal, tres de la Estatal y una camioneta con militares.
A las 4:45 de la tarde llegaron a las instalaciones de la PGJE en Acapulco, con estruendo de sirenas, unos 60 agentes policiacos que resguardaban a las tres patrullas donde viajaban los 12 policías comunitarios.
El operativo de traslado fue encabezado por el Fiscal Regional, David García Muñoz, que iba a bordo de una camioneta blanca 4×4 donde viajaba junto con el titular de la Agencia del Ministerio Público de sector Central, de apellido Soria.
En una patrulla iban tres policías comunitarios sentados en la parte de atrás quienes  portaban playeras de distintos colores, en otra patrulla iban otros tres policías comunitarios y en una tercera otros cuatro efectivos. No se pudo ver dónde iban los otros dos policías.
Atrás iban otras dos patrullas de la Policía Federal donde viajaban siete mujeres, tres en una y cuatro en la otra camioneta, entre jóvenes y adultas. Se supo que eran las personas que estaban en el proceso de reeducación de la policía comunitaria.
A su llegada a las instalaciones de la Fiscalía Regional de inmediato se cerraron las puertas, las cuales eran resguardadas por unos 20 policías ministeriales y dos comandantes de sector, quienes prohibieron la entrada a todas las personas  incluidos los que fueron a tramitar algún documento o presentar alguna denuncia.
Dentro de la dependencia, los 12 policías comunitarios detenidos fueron formados en una sola hilera y llevados directamente a la oficina del titular de la Fiscalía.
Una fuente de la corporación informó que los policías comunitarios presentarían su declaración ministerial durante la noche de ayer y el día de hoy; de igual forma las siete mujeres.
Hasta las 9 de la noche, los policías comunitarios permanecían en una oficina de la dependencia donde les fueron tomados sus datos generales y fotografías para sus expedientes, además de que fueron certificados con el médico legista.
Mientras tanto, en Chilpancingo, el promotor de la CRAC, Molina González, denunció que el gobierno federal y estatal incumplió con los acuerdos, pues habían convenido en que las hostilidades en contra de la CRAC y su Policía Comunitaria se suspenderían mientras se realizaba la mesa de diálogo.
Tras este incidente que se conoció aquí en el preciso momento en que comenzaba la reunión, se suspendieron las pláticas. Además, porque el acuerdo de la noche del jueves para que los miembros de la agrupación liberaran a dos policías federales y terminaran con el bloqueo a la carretera Chilpancingo-Tixtla, les prometieron que estaría en la reunión el procurador Iñaki Blanco Cabrera y el asesor del gobernador Ángel Aguirre Rivero, Ernesto Aguirre.
Sin embargo, en la reunión solamente se encontraba el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Sergio Javier Lara Montellanos, el subsecretario de Asuntos Políticos, Misael Medrano Baza, el coordinador de enlace con las organizaciones Sociales, Demetrio Saldívar Gómez y el subsecretario de Asuntos Agrarios Martín Mora Aguirre.
Por su parte, en entrevista Arturo Campos Herrera dijo que el gobierno federal y del estado no estaban cumpliendo con el pliego petitorio que se llevó a la capital del estado, pues en el Palacio de Gobierno les informaron de más policías comunitarios detenidos.
“Fuimos avisados de  que la Marina entró por helicóptero en zona comunitaria a Quiuitepec, comunidad de Ayutla, donde se llevaron a 12 policías y siete reos, todas mujeres que se encontraban en reeducación”, dijo.

Bloquean 800 indígenas el camino a El Paraíso para impedir que entre el Ejército a la Casa de Justicia

Se solidarizan policías ciudadanos de la UPOEG con el movimiento por la libertad de Nestora, Bernardino García y los policías comunitarios, dice el promotor de la CRAC en Tecoanapa Prócoro Valente

Redacción

Ayutla de los Libres

El promotor de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Tecoanapa, Prócoro Valente Gil, informó ayer en Chilpancingo que policías ciudadanos del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano de Ayutla pertenecientes a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), se solidarizaron con el movimiento que demanda la libertad de los coordinadores Nestora Salgado y Bernardino García, así como los policías comunitarios detenidos por el Ejército.
En el bloqueo en la comunidad de San José la Hacienda, de ciudadanos de las comunidades de El Paraíso y policías comunitarios de la CRAC, se constató que varias personas portaban playeras de la Policía Ciudadana perteneciente a la UPOEG.
En asamblea, el pasado jueves, la Policía Ciudadana de la UPOEG acordó no respaldar las movilizaciones de la Policía Comunitaria de El Paraíso, aunque un grupo de los presentes proponía apoyar las acciones porque están exigiendo que el gobierno y el Ejército deje de hostigar sus trabajos y brindar seguridad a las comunidades.
Unas 800 personas participaron en el bloqueo a la carretera, ante el temor de que el Ejército y la Marina entren a las comunidades pertenecientes a la Casa de Justicia de El Paraíso de la CRAC.
En entrevista uno de los presentes quien se identificó como José Francisco, dijo que la gente se ha levantado en exigencia de la liberación de los 13 integrantes de la Policía Comunitaria detenidos por el Ejército que irrumpió de manera violenta y sorpresiva en la Casa de Justicia de El Paraíso.
Los manifestantes en el bloqueo responsabilizaron al presidente de la República Enrique Peña Nieto, al gobernador Ángel Aguirre Rivero y al presidente del municipio de Ayutla de los Libres, por lo que les pueda pasar a los detenidos.
Esto luego de que la policía municipal, Federal, Ejército y Marina participaron en la detención de policías comunitarios y en la liberación de las personas que se encontraban en un proceso de reeducación en El Paraíso por delitos menores.
Dijeron que buscan diálogo con el gobernador y el presidente de la República, “estamos exigiendo diálogo y que se respete el derecho de los indígenas, marcados en el Convenios 169 y la ley 701, estamos dentro de los reglamentos y convenios de los grupos indígenas”.
Acusaron al gobernador de tener doble discurso ante la sociedad y exigieron a los medios de comunicación decir la verdad de lo que está ocurriendo en las comunidades pertenecientes a la Policía Comunitaria.
Al cuestionarles si aceptarían una credencialización del gobierno, el entrevistado dijo que lo estarían evaluando.

Bloquean en Huamuxtitlán la carretera Tlapa-Puebla y marcharán hoy en Olinalá

Carmen González Benicio

Huamuxtitlán

Los policías comunitarios de las cabeceras municipales de Huamuxtitlán y Olinalá bloquearon las carreteras para exigir la liberación de sus compañeros y de la coordinadora Nestora Salgado.
Los de Huamuxtitlán iniciaron desde temprana hora el cierre de la carretera federal Tlapa-Puebla, en la salida del poblado.
Iniciaron con un bloqueo intermitente, ya que dejaban pasar cada hora, por lo que al principio no se observaron carros varados.
A las tres de la tarde cambiaron la dinámica, luego de que les avisaran que las negociaciones estaban entrampadas con el gobierno del estado, por lo que a partir de esa hora ya no dejaron pasar a los vehículos.
Los policías comunitarios repartieron volantes a los automovilistas y les explicaban los motivos del cierre de la vía y del porqué de su lucha, por lo que les pidieron comprensión, pues “no es un asunto nuestro, es el gobierno que nos ataca”, dijeron.
Se negaron a recibir dinero de los automovilistas que les ofrecían hasta 100 pesos para que les abrieran paso, pues “no se trata de dinero, se trata de que nos hagan caso y liberen a los compañeros”, les dijeron.
La gente les decía que lo entendían, pero que ellos necesitaban pasar y que abrieran el paso porque no eran responsables.
Pero dejaron pasar a los enfermos. Los policías portaban sus armas y sus uniformes.
En Olinalá  se cerró la entrada a la altura de la extensión del Instituto Tecnológico Superior de La Montaña, pero los policías comunitarios no llevaron armas, sólo palos y algunos machetes.
Una fuente mencionó que la tarde del jueves se reunieron varios simpatizantes para darles su solidaridad y que hay mucha gente que los respalda con alimentos.
El bloqueo fue levantado cerca de las ocho de la noche en ambas localidades, y en Olinalá acordaron realizar una marcha este sábado a las 10 de la mañana por las principales calles del poblado.
En este ambiente de tensión  tres policías comunitarios que fueron detenidos por la Marina hace más de 20 días por llevar armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, fueron notificados para que acudan a Chilpancingo a rendir su declaración o de lo contrario serán reaprehendidos, ya que salieron por el pago de una fianza de 15 y 18 mil pesos.
Los tres policías que fueron citados para el próximo martes 27 de agosto son Eulogio López Suarez, Carlos Sánchez Zepeda y Martín Acevedo Acevedo.

“Perversidad”, acusar a Nestora Salgado de pedir rescate por el síndico: Tlachinollan

Demanda Vidulfo Rosales al procurador Iñaki Blanco que presente pruebas. Se busca criminalizar a la coordinadora de la comunitaria de Olinalá, advierte el abogado

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, demandó al procurador Iñaki Blanco Cabrera que presente pruebas de que la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, solicitó rescate por el síndico procurador Armando Patrón, como lo declaró en la conferencia de prensa del jueves pasado.
El abogado calificó la declaración del funcionario como una “perversidad” para criminalizar a la coordinadora de la CRAC, pues dijo que lo único en lo que incurrió es en aplicar la justicia indígena en contra del síndico, a quien se acusa  del delito de abigeato y estaba siendo procesado conforme a los usos y costumbres de los pueblos indígenas.
“Ella no secuestró a ninguna persona, estaba realizando una actividad jurisdiccional en el marco de los sistemas normativos de la Policía Comunitaria que depende de la CRAC. Entonces ella estaba desplegando una actividad en ese sentido”, dijo.
El abogado agregó, además, que el síndico Armando Patrón habría incurrido en un delito y estaba en un proceso de investigación bajo ese sistema de seguridad y justicia de la CRAC.
Y en cuanto a la declaración de parte del procurador Iñaki Blanco Cabrera, en el sentido de que Nestora Salgado solicitó rescate por el síndico, dijo que “eso va a tener que probarlo durante el proceso, vamos a ver si la Procuraduría de Justicia del estado tiene los elementos suficientes para probarlo”, manifestó el abogado de Tlachinollan.
Añadió que en el sistema de la CRAC “no va por allí esa situación, al contrario, en 17 años se está revirtiendo la seguridad pública, incluso en Tixtla, en Olinalá y en todas las comunidades donde funciona la CRAC, la gente puede respirar más tranquila, cosa que no ha podido lograr el gobierno del estado y el gobierno federal en los lugares donde funciona”.
Rosales Sierra añadió que por eso resulta paradójico que ahora el Ejército quiera meter en cintura a la CRAC, cuando en los caminos a cada rato se encuentran muertos, dijo en referencia al cadáver que fue encontrado el mediodía del jueves en el cerro del Machuhua, cuando pasaba la marcha de la Policía Comunitaria por el lugar rumbo a Chilpancingo.
El abogado de Tlachinollan agregó que el señalamiento del procurador en el sentido de que Nestora Salgado pidió rescate por el síndico, quien estaba detenido por la Policía Comunitaria, lo hace “porque no encuentran elementos para criminalizarlos y procesarlos, por eso echan mano de una argucia, que es insostenible a todas luces y que en el proceso va a caer por su propia naturaleza”.
Finalmente Rosales Sierra explicó que aunque con Nestora Salgado no ha platicado directamente, los familiares de ella le han pedido que asuma la defensa y adelantó que “vamos en ese camino, al menos de que Nestora decidiera alguna otra cosa, pero nosotros estamos en lo dicho, los familiares ya nos lo pidieron”, informó.
Rosales Sierra confirmó que Nestora Salgado se encuentra internada en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 de Tepic, Nayarit.

Se moviliza la embajada de EU por Nestora que también tiene la nacionalidad de ese país

Actuaron a instancias de su esposo que no la localizaba y después de enfrentar problemas supieron que estaba en una cárcel de Tepic

Daniel Velázquez

José Luis Ávila Báez, esposo de la coordinadora de la Policía Comunitaria en Olinalá, Nestora Salgado García, ya solicitó la intervención de la embajada de Estados Unidos en México para que se revise el caso debido a las irregularidades que se cometieron en su detención por parte de efectivos del Ejército y la Marina.
En declaraciones vía telefónica, Ávila Báez informó que desde el día que Nestora Salgado fue aprehendida nadie ha podido comunicarse con ella.
José Luis Ávila, quien radica en Seattle, indicó que Nestora Salgado también tiene la nacionalidad estadunidense y por eso ya estableció comunicación con la embajada de Estados Unidos en México.
Contó que el jueves informó a la embajada de Washington que una ciudadana estadunidense había sido detenida por autoridades mexicanas y no sabían dónde estaba, y lo que les reportaron es que los funcionarios diplomáticos también enfrentaron problemas para localizarla y fue hasta ayer en la mañana que pudieron confirmar que estaba recluida en una cárcel de Nayarit.
Dijo que la embajada de Estados Unidos ofreció atender el caso “porque todo lo hicieron a escondidas” y está en espera de que le informen.
El esposo de la coordinadora de la Policía Comunitaria en Olinalá dijo que su esposa no cometió el delito de secuestro en agravio del síndico Armando Patrón Jiménez, porque fue público que había sido detenido por la Policía Comunitaria y el lugar donde estaba y las circunstancias en que ocurrió su detención, “no fue en la madrugada ni a escondidas a llevárselo”.
Señaló que la detención de su esposa es producto de la “complicidad” que hay entre el gobierno estatal y municipal, porque no han presentado ninguna prueba de que Nestora Salgado pidió dinero a cambio de la libertad de Patrón Jiménez.
Ávila Báez dijo que él respaldó la decisión de su esposa de participar en la Policía Comunitaria porque él también ha vivido las injusticias, porque su esposa no tenía necesidad de estar en Olinalá, “pero por amor a su gente y la dignidad decidió quedarse y enfrentar las consecuencias”.
Indicó que ellos tienen 20 años de radicar en Estados Unidos y desde hace cuatro años Nestora Salgado ha viajado constantemente entre Estados Unidos y México, por lo menos cuatro veces por año.
Contó que estaba previsto que este mes Salgado García viajaría a Estados Unidos, pero debido a que la Policía Comunitaria no fue atendida por el gobernador Ángel Aguirre Rivero el pasado 12 de agosto en Casa Guerrero, el viaje se había aplazado.

Bloquean otra vez durante cuatro horas la carretera Ayutla-Cruz Grande

En la Casa de Justicia de El Paraíso están retenidos 11 policías municipales y dos ministeriales, informa el coordinador Arturo Campos

De la corresponsalía

Ayutla

Después de retirar la noche del jueves el bloqueo por parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) al frente de Arturo Campos Herrera, ayer fue reanudado sobre la carretera estatal Cruz Grande-Ayutla, alrededor de las 2:30 de la tarde y hasta las 6:30.
Una comisión de 300 policías comunitarios permanece en el bloqueo al acceso de El Paraíso y el resto se enfiló a la carretera estatal.
El tramo carretero sobre la comunidad San José la Hacienda, que conduce a la Casa de Justicia de El Paraíso, permanecía sin acceso hasta anoche.
Los vehículos no pueden acceder a las comunidades de Ahuexutla y Cuapinola y por consiguiente a El Paraíso.
Los policías comunitarios se encontraban apostados en la entrada de San José la Hacienda, donde quedaron varados dos tráileres que transportan madera y aproximadamente 10 autos particulares.
Está varada una camioneta del Ministerio Público con placas de circulación HC-00-452 del estado y una camioneta oficial del municipio con número económico 027.
El coordinador y consejero de la CRAC-El Paraíso, Arturo Campos Herrera, al ser entrevistado confirmó que en la Casa de Justicia están retenidos 11 policías municipales y 2 ministeriales, estos últimos identificados con los nombres de Gaspar Carachuri y Raúl Terán.
Trascendió que son 75 las armas decomisadas entre cortas y largas, y el consejero recalcó que hasta que se abra el diálogo con el gobierno y se entrevisten con Ernesto Aguirre Gutiérrez, asesor externo y sobrino del gobernador Ángel Aguirre Rivero, para negociar la liberación de los comunitarios detenidos y Nestora Salgado García, se determinará si los retenidos quedarán libres, así como la liberación del Ayuntamiento de Ayutla.
Ante versiones de civiles sobre la presencia de militares internados entre los pueblos cercanos a El Paraíso, los policías comunitarios generaron un movimiento formando barricadas en espera de indicaciones de su coordinador.
Tomaron agua y comieron sandías para refrescarse por el intenso calor que se registraba después del medio día.
Alrededor de la 1:00 de la tarde se enfilaron hacia el acceso donde antier comenzó la movilización, para volver a bloquear el tramo carretero Cruz Grande-Ayutla, llegando a pie a las 2:30 de la tarde para concentrarse en la colonia la Esperanza, donde interrumpieron nuevamente el paso vehicular.

Detienen una camioneta del  Ayuntamiento de Ayutla

Unos metros antes de llegar a ese punto una camioneta de la dirección de alumbrado público fue retenida y solicitaron al chofer que entregara las llaves de la unidad y se retiraran los 4 trabajadores del ayuntamiento que viajaban en la misma, que portaba el número económico 06 con placas de circulación PUB HD-10-858 del estado.
Los policías ciudadanos ofrecieron a una mujer que se encontraba enyesada de un pie, trasladarla al centro de salud de Florencio Villarreal en el Jetta de Gobernación que decomisaron hace tres días, ya que el transporte público también quedó varado por el bloqueo.
Entre la gente, un hombre de aproximadamente 40 años, con dificultad y usando una muleta y un bastón, se trasladaba con sus familiares al otro extremo y sólo dijo que se dirigía a Cruz Grande, de donde es originario, pues se encontraba de visita en Ayutla y cuando se disponía a retirarse se encontró con la manifestación.
Otros ciudadanos tuvieron que trasladar mercancía, despensa y pertenencias al otro extremo para dirigirse a otras comunidades, al mismo municipio de Cruz Grande o a Acapulco.
A las 6:30 de la tarde se retiraron los policías comunitarios del tramo carretero Cruz Grande-Ayutla, mientras que el acceso a El Paraíso, a la altura de la comunidad San José la Hacienda, continuaba bloqueado anoche.

Estuvieron incomunicados 36 horas los detenidos de Tlatlauquitepec en el penal de Chilpancingo, denuncian

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Familiares del comisario, el segundo comisario, un comandante de la policía de la comunidad y el auxiliar del comisario municipal de la comunidad de Tlatlauquitepec, que fueron detenidos por el presunto delito de “secuestro” en contra del síndico procurador de Olinalá, Armando Patrón, denunciaron ayer aquí que fueron incomunicados por más de 36 horas y exigieron su libertad pues aseguraron que son inocentes.
Mientras tanto, ayer se confirmó que en el penal de esta capital se encuentran detenidos el comisario municipal, Clemente Ricardo Nava; el segundo comisario, Pascual Domingo Ramírez; el regidor (auxiliar del comisario), Martín González Ibáñez, y el comandante de la policía de la comunidad, Julián Nava Ricardo, de la comunidad de Tlatlauquitepec.
Los cuatro fueron detenidos aproximadamente a las 7 de la noche del miércoles pasado, en Tlatlauquitepec, municipio de Atlixtác, por efectivos del Ejército, acusados del presunto delito de secuestro del síndico del municipio de Olinalá, Armando Patrón.
A esa comunidad fue trasladado el síndico después de su detención por parte de la Policía Comunitaria y la tarde del miércoles fue liberado allí por los militares, quienes además detuvieron al comisario, al segundo comisario, al comandante de la policía local y al regidor.
Ayer la esposa del segundo comisario, Vicenta Pérez Francisco, denunció que los detenidos fueron incomunicados por las autoridades, pues desde las 7 de la noche que fueron detenidos no les dieron información de dónde se encontraban, además de que hasta las 12 del día de ayer no les permitían verlos.
Denunció que los acusan de secuestro, “cuando ellos son inocentes, pues solamente recibieron en la comunidad al síndico que fue trasladado allí por los policías comunitarios de Olinalá, acusado por delitos que cometió”.
“En todo caso ellos no tienen nada que ver”, pero además dio su respaldo a la Policía Comunitaria, pues dijo que ésta se formó para terminar con los robos y los secuestros que se estaban cometiendo, “y no puede ser posible que ahora los acusen a ellos de cometer delitos que no cometieron”.
Acusó a las autoridades federales y estatales de actuar de manera arbitraria y prepotente, pues desde que los detuvieron no les habían informado dónde estaban, y que hasta ayer se enteraron que se encontraban en el penal de esta capital pero que no les permitían verlos.
Mientras tanto, el principal del pueblo, José Flores Hernández, denunció que los detenidos “estaban haciendo bien su trabajo, ellos no son maleantes, tienen la confianza y el respaldo del pueblo”, dijo.
Añadió que por eso una comisión de esa comunidad de Tlatlauquitepec se trasladó a esta capital para exigir al gobierno federal y estatal su libertad.

Irrumpieron soldados el jueves en la base de la policía de la UPOEG en Marquelia

La organización acusa a un capitán con licencia de promover la acción. Los militares se llevaron a tres policías ciudadanos pero los liberaron más tarde. También se llevaron cinco armas

Misael Damián

Ometepec

Efectivos del Ejército irrumpieron en la base de la Policía Ciudadana del Sistema de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en la cabecera municipal de Marquelia y se llevaron a tres policías y los liberaron en Cruz Grande.
De acuerdo con las versiones de los vecinos, a las 3 de la tarde del jueves pasado llegaron cerca de 200 soldados e irrumpieron en el Hotel Dorado, propiedad de Tomás Rodríguez Martínez, de 69 años, quien no se encontraba en el lugar.
En el cateo que hicieron, los soldados se llevaron a tres miembros del SSC y cinco armas: tres rifles, uno 9 milímetros y dos calibre 22; y dos escopetas, calibre 12 y 20 respectivamente.
Los policías ciudadanos Gabriel Guevara Juárez, de 73 años, Gilberto Rodríguez Miranda de 77 y César Ramírez Nolasco de 36, fueron llevados al 48 Batallón de Infantería, pero en la entrada fueron liberados por la intervención de los promotores de la organización, aunque no les regresaron las armas.
Los vecinos dijeron que los soldados llegaron en camiones y en tanquetas mientras sobrevolaba un helicóptero, “como si fueran a la guerra, la gente se espantó”, dijo un testigo.
Entrevistado al respecto, Guerson Rodríguez Rendón, uno de los promotores de la UPOEG en Marquelia, dijo que su papá y él estaban fuera de la ciudad cuando llegaron los miembros del Ejército y catearon sin ninguna orden la propiedad, “nos indigna mucho”, dijo sobre esta acción.
Afirmó que quienes promovieron que el Ejército irrumpiera en el hotel Dorado pertenecen a la delincuencia organizada y que eso lo saben los marquelinos, por ello no quieren que haya policías de la UPOEG, “porque tienen algo que esconder”, y que además estas personas están interesadas en que la CRAC esté a cargo de la seguridad del municipio.
Dijo que no entiende aún sobre el actuar del Ejército, pues hasta donde se sabe la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es respetada y debería ser la más querida por los mexicanos, pero que con lo sucedido en el día jueves en la tarde los mismos ciudadanos señalan que “están pasando cosas raras”.
Dijo que espera que no pase lo mismo que pasó en la comunidad de El Pericón, en donde un capitán sacó de su casa a un delincuente disfrazado de militar y así evitó que fuera detenido por la Policía Ciudadana, “no estoy hablando de la Sedena sino de un capitán”, precisó.
Expuso que en el caso de Marquelia, hay un capitán  primero con licencia, de nombre Esteban Salgado Díaz, a quien acusó como “principal agitador” para que los marquelinos estén en contra de la UPOEG, que fue quien promovió y encabezó la manifestación que se dio en días pasados en contra de la presencia de la Policía Ciudadana y que él tiene entendido que por ser parte del Ejército tiene prohibido inmiscuirse en política.
Explicó que la molestia del capitán es porque hace unos días se hizo un cateo en su propiedad.
Aseguró que el capitán había vociferado que a él lo matarían, y que se dio cuenta porque le fueron a decir que en el mismo día tres delincuentes amagaron a un taxista y lo obligaron a ir donde están las propiedades del micro empresario Martín Zavala, que de acuerdo al taxista estos comentaron que “está fácil, está todo libre, que había salida por todas partes, cuando terminan su inspección se bajaron donde está el yunque del capitán Salgado Díaz”, por lo que se presume tiene alguna vinculación con los delincuentes.
Dijo que en comentarios de la población se dice que en la propiedad del capitán Esteban Salgado hay carros robados, que en días pasados fue cateada la propiedad y que esto originó que el capitán empezara a promover la desaparición de la UPOEG en Marquelia.
Por su parte, Tomás Rodríguez Martínez dijo que estaba en tratamiento en una clínica de Acapulco, cuando vía telefónica le avisaron que los soldados irrumpieron en su domicilio en esta cabecera y que se habían llevado cuatro escopetas que usan los policías ciudadanos; “este hogar está lastimado” por el acto ilegal, que hicieron los miembros castrenses, dijo.
En un comunicado los integrantes de la UPOEG dijeron que los marquelinos viven con terror luego de la irrupción del Ejército; señalan que el hotel Dorado es un espacio que se ocupa como base para el trabajo del SSC, y señalan que el mega operativo fue para desarmar a tres integrantes de la policía ciudadana.
“¿Cuál es el objetivo?, ¿será motivado por un tal capitán primero de infantería Esteban Salgado Díaz que disque opera con licencia de la Sedena  y que convenció a algún mando para llevar a cabo este tipo de acción que no debe ser propia de las fuerzas armadas?”, se cuestiona en el escrito.
Señalan que en Marquelia la población está decidida a combatir la inseguridad y que no entienden el motivo de que los gobiernos no quieran coordinarse con la policía ciudadana, que es importante valorar el riesgo que corren los ciudadanos que se han decidido a enfrentar a la delincuencia y a otros problemas, aun con todas las carencias.
“¿Por qué cuando ha habido en meses atrás tantas muertes, tantos secuestros, tantas extorciones, no se han desplegado operativos como el que se vio? ¿Qué se pretende demostrar? Hay muchos lugares de alta inseguridad y gran abandono, y ahí no vemos actuar con capacidad a los gobernantes”, se     quejan.
Especifican que si el gobierno quiere ayudar para que haya menos inseguridad tiene que “cambiar las estrategias hasta hoy exhibidas”.
También piden que haya coordinación de los gobiernos con las autoridades comunitarias y más respeto hacia los ciudadanos. Mencionan que el SSC ha propuesto el diálogo y la coordinación para encontrarle solución a la problemática de inseguridad y que estas han dado buenos resultados.

Desarma la Marina a otros tres policías de la UPOEG en Playa Ventura, Marquelia

No hay pruebas de la inocencia de los tres taxistas y seguirán detenidos por su organización, advierte Bruno Plácido

Fernando Hernández

Chilpancingo

El dirigente de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, informó que ayer alrededor de las 10 de la mañana efectivos de la Marina desarmaron a tres policías ciudadanos de la comunidad de Playa Ventura, perteneciente al municipio de Marquelia.
Consultado por teléfono mencionó que un grupo de marinos que realizaba operativos de reconocimiento en la comunidad de la Costa Chica le quitó sus armas a los policías ciudadanos, sin embargo no especificó el calibre de las armas que les fueron confiscadas.
Versiones extraoficiales  apuntan a que el pasado jueves los marinos también detuvieron a tres policías ciudadanos de Marquelia, en el hotel Dorado.
Las detenciones y desarmes de la policía ciudadana se dan en medio de una nueva ofensiva que arrancó con la detención de la coordinadora de la Policía Comunitaria en Olinalá, Nestora Salgado García, el pasado miércoles, en la que participó la Marina apoyada por la Policía Estatal.
A Bruno Plácido se le preguntó si iban hacer caso al llamado que hizo en sentido de que sean liberados tres taxistas que la policía ciudadana mantiene detenidos desde más de un mes y entregarlos a las autoridades del estado para que se hagan cargo de su situación legal.
Al respecto mencionó que “nosotros no podemos entregarlos porque no hay condiciones” para que la Procuraduría General de Justicia los investigue.
Los transportistas son integrantes de la organización Un Nuevo Horizonte para Guerrero y ellos son Francisco Suástegui Chávez, Víctor Manuel Uruanga, de Marquelia, y Martiniano Rodríguez, de Ayutla.
El dirigente de la UPOEG insistió en que no se han presentado pruebas de que ellos sean inocentes, y “no podemos liberar así nada más por liberar”.
Plácido Valerio informó que el jueves sostuvo una reunión con directivos de la CNDH en la ciudad de México.
Agregó que en la reunión el organismo se comprometió a respaldar la creación de una Comisión de Armonía en el estado de Guerrero para mediar en los conflictos que se han registrado en la entidad.
El 20 de agosto Plácido Valerio y otros liderazgos de la UPOEG sostuvieron una reunión con el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados para llamarlos a que los apoye en el llamado hacia autoridades de los tres niveles de gobierno para que se instale la comisión.
Abundó en que la comisión podrá instalarse a inicios del próximo mes de septiembre e inicialmente se pretende que en ella participen dos delegados de cada uno de los municipios en los que hay presencia de la UPOEG, pero no descartó que en el desarrollo de sus trabajos se integren más delegados de otras organizaciones.
Puntualizó que esta comisión no será cerrada a los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Sostuvo que “en breve” la CNDH dará a conocer un informe, “en el que ya trabaja”, sobre la situación de los derechos humanos en los municipios en los que se ha registrado la aparición de policías ciudadanas de la UPOEG, debido a la inacción de las autoridades en el combate a la delincuencia organizada y común.

Denuncian maltratos y condiciones insalubres en su reclusión por la CRAC en El Paraíso

Acusan de los abusos a la coordinadora Nestora Salgado. Dan conferencia con el alcalde de Olinalá las madres de tres jóvenes mujeres y un varón que estaban en proceso de reeducación. Nunca buscó confrontación con la Policía Comunitaria, dice ahora el presidente municipal

Lourdes Chávez / Chilpancingo

Madres de tres mujeres que estaban en reeducación por la Policía Comunitaria de Olinalá, perteneciente a la Casa de Justicia de El Paraíso y un joven de 38 años detenido por presunto robo de ganado, denunciaron que vivieron más de dos meses de reclusión en condiciones insalubres e inhumanas.
En conferencia de prensa en la capital, acompañadas del alcalde de Olinalá, el priista Eusebio González Rodríguez, responsabilizaron de los abusos que padecieron a la coordinadora Nestora Salgado García, recluida hace tres días en un penal de Nayarit acusada de secuestro agravado por la aprehensión del síndico procurador de Olinalá, Armando Patrón Jiménez.
Las madres de las jóvenes detenidas, entre ellas dos menores de edad, Maritza Meza Castro, Petra Pérez Hernández y Adriana Bolaños Gutiérrez informaron que sus hijas fueron rescatadas ayer, al parecer por el Ejército, trasladadas a Acapulco para su revisión y para que presentaran su declaración ante las instancias judiciales.
Aunque en la tarde de ayer aún no las había visto libres coincidieron en que cuando las visitaron en Ayutla de los Libres les comentaron la situación que padecieron.
Meza Castro madre de Yesenia, una joven de 17 años estudiante de preparatoria, relató que su hija fue detenida en la calle, y cuando fue a preguntar a Nestora sobre su paradero, ésta le dijo que la iban a reeducar y para tranquilizarla le ofreció llevarla a la Casa de Justicia para que la viera porque la madre no tenía dinero para ir, sin embargo la comandanta nunca la llevó.
Pérez Hernández dijo que su hija, también de 17 años, era muy amiga de Yesenia y fue detenida sólo por eso. Agregó que cuando la vio en detención estaba enferma de una infección en el estomago y con fiebre y no le dieron ni una pastilla.
Adriana Bolaños Gutiérrez, madre de Katia de 24 años, aseguró que su hija fue detenida sin razón sólo por instrucciones de Salgado García, y aunque ofrecieron liberarla en los primeros días, después le endilgaron cargos de prostitución.
Denunciaron que en las visitas los domingos, de 5 y hasta 15 minutos, descubrieron que los detenidos, hombres y  mujeres vivían hacinados en casas que no contaban con los servicios para la atención de unas 70 personas en un mismo sitio.
Las jóvenes fueron llevadas a varias casas y les dijeron que se bañaban con la ropa puesta, y orinaban en una cubeta al frente de todos. En la última casa donde mantuvieron antes del rescate las hacían limpiar costales de frijol.
La madres aseguraron que estaban impedidas para actuar o quejarse porque les imponían castigos más severos a sus hijas por instrucciones de la comandante.
Por otro lado, Eugenio Sánchez González denunció que estuvo detenido dos meses y una semana en una casa en la comunidad de El Paraíso, en Ayutla, se reservó los detalles de la reclusión y de la liberación pero su suegro, Jesús Rodríguez Escudero mencionó los detalles de su detención.
Dijo que fue detenido con otras cuatro personas acusadas de abigeato, pero el comprador de Chilapa, su chofer, y el vendedor (su primo) fueron liberados, sólo a él lo dejaron encerrado.
Aseguró pidieron informes de las denuncias en contra de su yerno y observaron que vivía en condiciones insalubres con los orines escurriendo por todos lados, y sólo les daban a las 7 de la noche una comida que consistía en un puñado de frijol con dos tortillas.
Aclaró que este es un caso diferente al del síndico procurador, quien también fue acusado de abigeato y complicidad en dos homicidios y tampoco lo vio en el lugar porque fue llevado a otra casa.
Subrayó que Salgado García lo acusó y sentenció sin un proceso real, y señaló que la esposa de Eugenio tuvo una llamada con el señor de Chilapa, donde le dejó ver que este asunto era cosa de “dinero”.
En esa conferencia el alcalde de Olinalá, Eusebio González Rodríguez, declaró que nunca buscó la confrontación con la Policía Comunitaria ni tras la aprehensión de su síndico Armando Patrón Jiménez, porque los comunitarios tienen armas, chalecos antibalas, radios y camionetas.
Agregó que a pesar de que desde mayo comenzaron a llegar quejas de los ciudadanos contra la Policía Comunitaria de Olinalá esperaba cordura de la organización, también pidió el respaldo del gobierno estatal y en su momento se deslindó de los eventos porque “no sentía el respaldo” de las autoridades.