Carlos Pérez Aguirre

Política de seguridad estatal o el mundo al revés

Carlos Pérez Aguirre

Tal parece que el gobierno de Ángel Aguirre, con el apoyo federal ha alentado escalar la ingobernabilidad en la entidad. Esto lo comento por que lejos de perseguir y detener la violencia generada por grupos fuera de la ley –que suman día a día decenas de muertos, secuestros, extorsiones y agresiones– contra ciudadanos, la mayoría de ellos laboriosos y responsables, ha escalado de manera tal que pareciera no tener freno ni fin y en donde la percepción ciudadana se define por la gran desconfianza en los cuerpos de seguridad.
Por ello los ciudadanos no damos crédito a lo que sucede, pues parecería que vivimos en un mundo al revés, pues en lugar de combatir a la delincuencia que permea, se detiene y amedrenta a ciudadanos que han denunciado la grave inseguridad y violencia que azota a toda la entidad guerrense. Así, se detiene y amenaza lo mismo a líderes empresariales, y de comerciantes de Acapulco, con la misma tónica usada contra las protestas contra la inseguridad que denunciaba el magisterio de ese municipio, represión y acción violenta y directa contra las denuncias públicas que hacen hincapié en la vulnerabilidad social y la inacción de los niveles de gobierno.
Así también se utiliza la coerción contra organizadores empresariales, profesionales, transportistas, etc. que osan denunciar la inseguridad en Chilpancingo.
Pero en el resto de la entidad, donde el hartazgo de la ciudadanía de estar expuesta a la violencia y en donde la actuación fuera de la ley mostró mas su impunidad, generó la creación de policías comunitarias e incluso de autodefensas, a las cuales se les ha tratado de dividir y corromper a través de los mecanismos tradicionales que los estados corporativos desarrollan para controlar los movimientos populares legítimos.
Así asistimos al desmantelamiento indiscriminado de los grupos ciudadanos de justicia, mediante una estrategia encaminada a desmantelar a la sociedad civil que ahora protesta por su vida. Ese grito por la vida no podrán detenerlo ni autoridades corruptas, ni apetitos políticos que mediante prebendas dividen, ni alianzas facticas-políticas y no podrán detener esa organización ciudadana contra la inseguridad, por el simple hecho que ahora la vida y propiedades del ciudadano están en peligro.
El Estado de Derecho ha dejado de existir por que la fuerza del Estado, en vez de hacer sinergia con la sociedad organizada, sociedad que es vital para contener la violencia contra ella, ha hecho alianzas vergonzantes por medio de sus autoridades, ya sea por el temor a perder su privilegio en el poder o por acuerdos corruptores.
Mala señal envía el gobierno estatal y federal al tratar detener a ciudadanos que arriesgan su integridad para sumarse a la lucha contra la delincuencia. Los eventos contra la CRAC son vergonzosos, denotan la falta de “brújula” de un estado que no sabe –en apariencia– quienes son los buenos y quienes los malos. ¿será?

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