Tras cuatro horas de negociación pactan diálogo gobierno y CRAC de El Paraíso

Gonzalo Molina y Miguel Bitrago tratan con Garnelo, Aguirre Velázquez, Lara e Iñaki los casos de detenidos y demandas contra policías comunitarios. Participan Serapaz y Tlachinollan en la negociación que se suspendió apenas iniciada tras la la noticia de que el Ejército irrumpió en una comunidad de Ayutla y detuvo a otros diez policías

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Sin acuerdos de fondo terminó ayer una reunión entre representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso y funcionarios del gobierno del estado, para tratar el caso de los detenidos, las denuncias y averiguaciones que existen en contra de otros integrantes y la petición de “respeto” para la organización comunitaria.
La reunión se realizó en la oficina de la Secretaría de Gobierno y participaron el secretario Jesús Martínez Garnelo; el asesor del gobernador, Ernesto Aguirre Velázquez; el procurador de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera; el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Sergio Javier Lara Montellanos, así como los subsecretarios de Asuntos Politicos, Misael Medrano Baza, y de Asuntos Agrarios, Martín Mora Aguirre.
En representación de la CRAC asistieron Gonzalo Molina González y el coordinador de Huamuxtitlán, Miguel Vitrago Reyes, quienes encabezaron una comisión de 10 integrantes.
Además, asistieron como mediadores el director de Servicios Profesionales para la Paz, Miguel Álvarez Gándara, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Vidulfo Rosales Sierra, y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández.
La reunión comenzó al medio día en la Secretaría de Gobierno, y se programó por la mediación de los representantes de los organismos de derechos humanos la noche del jueves, como condición para que fueran entregados dos agentes de la Policía Federal que habían sido retenidos por policías comunitarios, simpatizantes de éstos y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que participaban en un bloqueo a la salida de Tixtla, en demanda de la libertad de la coordinadora de la CRAC, Nestora Salgado, el coordinador de Ayutla, Bernardino García, y otros 17 miembros de la organización.
Tras acordar esta reunión, los inconformes también liberaron la carretera a Tixtla, a las ocho y media de la noche, después de cuatro horas y media de bloqueo.
Antes de entrar a la reunión, Gonzalo Molina informó que las demandas que llevaban eran la liberación de sus compañeros detenidos por el Ejército y la Marina, la tarde y noche del miércoles, en Olinalá, Tlatlauquitepec, municipio de Atlixtac, y en El Paraíso, municipio de Ayutla, en un operativo coordinado.
Asimismo, la cancelación de las demandas penales, averiguaciones previas u órdenes de aprehensión que pudieran existir en contra del resto de los miembros de la CRAC.
Dijo que también exigirían respeto a su institución, “porque somos una institución, no somos un grupo de autodefensa, porque a veces se nos quiere confundir y se nos quiere medir con la misma vara”.
La reunión se convino la noche del jueves para a las 12 del día en la Casa Guerrero y se anunció que estaría el procurador Iñaki Blanco Cabrera y el asesor del gobernador Ángel Aguirre Rivero, Ernesto Aguirre.
Sin embargo, de última hora se cambió para a la una de la tarde y a la Secretaría de Gobierno, y al final, asistieron también el secretario  Martínez Garnelo, Lara Montellanos y los subsecretarios Medrano Baza y Mora Aguirre.
La reunión tuvo sobresaltos desde el principio, pues apenas cinco minutos después de que comenzó, la comisión de la CRAC se salió de la sala, pues en esos momentos recibieron la información de que en la comunidad de Quiahuitepec, municipio de Ayutla, efectivos de la Marina y del Ejército entraron y se llevaron detenidos a 10 policías comunitarios, y liberaron a siete mujeres que estaban sujetas a proceso de reeducación bajo el resguardo de la CRAC.
También se salieron enojados porque a la reunión no había llegado el asesor del gobernador, Ernesto Aguirre, el procurador Iñaki Blanco y el mismo secretarioMartínez Garnelo, quienes se integrarían después.
“No podemos estar en una mesa de diálogo para llegar a acuerdos y se siga deteniendo a más compañeros”, dijo Molina González, quien acusó que con esas irrupciones del Ejército y la Marina se viola la Ley 701 de derechos de los pueblos indígenas.
Una hora después, ya cuando se integraron los tres funcionarios, el dialogo se reanudó. Antes, el director de Serapaz, Álvarez Gándara, se reunió en privado con el secretario de Gobierno en su despacho.
Después de cuatro horas, con un nuevo receso de casi una hora, finalmente la reunión concluyó y solamente los integrantes de la CRAC y los representantes de los organismos de derechos humanos informaron de los acuerdos.
Se informó que solamente se convino en la integración de una “mesa jurídica” en la que participará el área jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, con la Procuraduría de Justicia para dar seguimiento a los casos de los detenidos y las demandas que existen en contra de los integrantes  de la CRAC.
Sin embargo, en esa mesa no se incluirá el caso de la coordinadora de Olinalá, Nestora Salgado. Manuel Olivares Hernández, de la Redgro, dijo sin mayor detalle que se trata “de un caso aparte, porque la demanda en su contra es de carácter federal y ya fue declarada”, como se dice en la jerga de abogados y ministerios públicos para decir que algún detenido ya declaró ante la autoridad.
Asimismo, se informó que los funcionarios estatales y los representantes de la organización acordaron mantener esta mesa de diálogo en los próximos días.
Por la noche, el gobierno del estado emitió un boletín de tres párrafos en el que señala que “el gobierno del estado e integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), encabezados por su promotor en Tixla, Gonzalo Molina González, acordaron establecer una mesa de diálogo, para evitar cualquier confrontación”.
Agrega que “se establecerá una mesa jurídica para analizar la situación de los detenidos y presentados, en los últimos días, en los casos en los que no haya imputaciones directas”.
Y finalmente, informa que en la reunión que sostuvieron en la Secretaría General de Gobierno “se reiteró el respeto a la vida interna de las organizaciones”.
Vía telefónica, Molina González informó que estos acuerdos serán consultados con las bases de la organización para determinar si suspenden sus acciones con estos acuerdos y continúan con la mesa de diálogo con el gobierno del estado, o siguen adelante con su plan de acción para lograr la libertad de sus compañeros detenidos.