La PGJE obstaculiza la investigación de Gabriel Cerón y no lo busca, denuncian a 5 años de su desaparición

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A cinco años de la desaparición del promotor social, Jorge Gabriel Cerón Silva, representantes del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, así como del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), denunciaron ayer que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en vez de investigar para encontrarlo, se ha dedicado a obstaculizar la investigación.
Representantes de esos organismos, ofrecieron ayer una conferencia de prensa al cumplirse este 14 de marzo, cinco años de que Cerón Silva fue levantado a las 10 de la noche por un grupo de hombres armados en la calle Abasolo de esta capital, cuando caminaba junto con el ex comandante de la Policía Judicial (hoy Ministerial), Francisco Cortés Pasténes, a quien, como arquitecto, Jorge Gabriel le brindaba asesoría en materia inmobiliaria.
Miembros de los dos organizamos, encabezados por el director del Taller Desarrollo Comunitario, Javier Monroy Hernández, dieron a conocer el pronunciamiento: “a cinco años de lucha, nada de investigación, esclarecimiento, ni justicia; sólo indiferencia, criminalización y desaliento por parte de los gobiernos estatal y federal”.
Acudieron, además, el enlace con las organizaciones sociales de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), Minervino Morán Hernández, Isabel Rosales Juárez y Graciela Ledezma Juárez. Aunque no asistieron familiares de Gabriel Cerón, según directivos del Tadeco imposibilitados por su horario de trabajo.
“A cinco años de su ausencia, nuestra indignación es tan grande como grande es el temor, la angustia y el desaliento. La desaparición forzada y los asesinatos extrajudiciales que hemos venido denunciando desde hace cinco años siguen siendo ignorados, minimizados y criminalizados por el Estado mexicano y el gobierno de Guerrero como parte de él”, dice el documento con motivo del quinto aniversario de la desaparición de Gabriel Cerón.
Y luego denuncia que las autoridades judiciales no investigan “pero si encubren, estigmatizan, denostan, incriminan y siembran terror entre los familiares de las víctimas”.
A través de ese pronunciamiento, los miembros del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, así como del Taller de Desarrollo Comunitario, acusaron que muchos de los miembros de los cuerpos policiacos y militares, “actúan en los espacios donde han desaparecido o han sido asesinadas las personas para las que reclamamos justicia y hemos dicho que ellos deben ser objeto de investigación”.
Pero los gobiernos federal y estatal evaden su responsabilidad, pues mantienen un “cómplice silencio ante nuestras denuncias y refuerzan su estrategia de guerra donde la mayoría de las víctimas siguen siendo ciudadanos inocentes, mientras el supuesto objetivo de esta guerra, el crimen organizado, crece, se fortalece y cada vez incide más en la economía, en la administración y en las decisiones políticas de nuestro país”.
La conferencia de prensa se realizó en el kiosco de la plaza Primer Congreso de Anáhuac de esta capital desde donde los representantes de los dos organismos, denunciaron que, mientras tanto el poder legislativo no va a fondo del problema y que sólo simula y legisla sobre medidas superficiales que no obligan a la investigación, al esclarecimiento de los hechos, al encuentro de la verdad y menos a la justicia.
“Lo dijimos hace cinco años y hoy no nos cabe duda que la llamada delincuencia organizada opera desde las altas esferas del poder, es parte del Estado, de la iniciativa privada y de la clase política, quienes finalmente son los responsables de la inseguridad, la violencia, la corrupción, la zozobra y la impunidad en que vive la ciudadanía en general, de la cual ha sido víctima Jorge Cerón, su familia y debemos decir que también nosotros”, dice el pronunciamiento.
Javier Monroy, director del Taller de Desarrollo Comunitario, recordó que ese organismo y el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados han realizado cinco jornadas de lucha, “y una gran cantidad de eventos de denuncia, actos religiosos, hemos repartido miles de volantes, centenas de carteles, hemos tocado puertas, acudido a decenas de reuniones, solicitado apoyo, comprensión y solidaridad”, sin embargo, dijo, no han encontrado respuesta de las autoridades en la búsqueda de Cerón Silva.
Denunció que sólo han encontrado como respuesta la represión y la impunidad, mientras que de la desaparición de Jorge Gabriel no hay investigación, “no hay resultados y nos quieren desgastar hasta el punto de que borremos a nuestros familiares desaparecidos y asesinados de nuestra memoria”, dijo.
Recordó que en noviembre del año pasado presentaron al gobierno que encabeza Ángel Aguirre Rivero una nueva propuesta de plan de búsqueda pero que ésta “se ha perdido en la indiferencia y la burocracia, mientras que pone en marcha una estrategia de trato discrecional con familiares de víctimas tratando de dividirnos y debilitarnos”.
Los organismos se manifiestan por la demanda de juicio político al gobernador Ángel Aguirre Rivero “por la represión que su gobierno ejerció contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el 12 de diciembre pasado”.
El documento dice: “para nosotros tiene sentido también por su indolencia ante nuestros reclamos de justicia ante los delitos que denunciamos y por su aliento a la violencia de Estado a través del mal llamado Programa Guerrero Seguro”.
Agrega que con “escepticismo”, esperan el informe final de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “pues de sus conclusiones y recomendaciones, dependerá en mucho el futuro de la justicia e impunidad en Guerrero”.
Consideran que los autos de formal prisión emitidos contra funcionarios y ex funcionarios de la Procuraduría del estado por obstrucción de la justicia, simulación de pruebas y encubrimiento en los hechos del 12 de diciembre en la Autopista del Sol, “nos hacen pensar en que éstos mismos delitos se pudieron haber cometido contra las víctimas de la violencia que reivindicamos”.