Jesús Mendoza Zaragoza

Urge la reconciliación  social y política

Siguen los desencuentros y conflictos entre las fuerzas armadas y de seguridad pública, con las policías comunitarias y ciudadanas. Y amenazan con agudizarse si siguen esta trayectoria que carece de sentido común y de diálogo. Esto constituye un grave error, en estos tiempos de crisis de violencia e inseguridad, y urge recuperar la razón y el buen sentido de las cosas para evitar daños mayores en la sociedad. Hay que apelar al interés por el bien común, más allá de actitudes soberbias y de intereses oscuros.
En las últimas semanas se ha percibido un endurecimiento de las autoridades federales ante el accionar de las policías ciudadanas y comunitarias, al grado de que se han internado cientos de militares en los territorios en los que ellas han actuado y han detenido a un buen número de policías. Este endurecimiento es un mal presagio, pues manifiesta un desatino muy visible. Ahora se ve a estas policías como adversarias a las que hay que controlar por la fuerza y no por la vía de la razón. El mismo gobierno federal ha roto el diálogo y quiere imponer sus razones, algunas de las cuales, parecen fuera de lugar.
El gobierno federal debiera reconocer que estas policías han surgido debido a su incapacidad para dar seguridad, a la complicidad de instituciones federales con el crimen organizado, al abandono en que tiene a las comunidades y a una estrategia insuficiente ante la violencia e inseguridad. Debiera ser más humilde ante una sociedad agraviada por él mismo y ante los pueblos afectados que, precisamente debido a este abandono oficial, han buscado construir sus propias respuestas con policías populares. No hay razones para endurecerse de manera soberbia, cuando las autoridades y las instituciones que representan han sido un factor generador de violencia en el país. Pobreza extrema, carencia de servicios, corrupción, impunidad y demás, pesan mucho sobre los pueblos de Guerrero. Las autoridades deben reconocer que no cuentan con la confianza de los pueblos y que una de sus primeras estrategias debería ser ganarse la confianza de la sociedad para construir líneas de colaboración.
En su desesperación, los pueblos han construido sistemas alternativos de seguridad, que han logrado lo que el gobierno les ha negado. Pero también han cometido abusos y arbitrariedades por falta de capacitación y de organización. Se han fragmentado y se han dividido en la medida en que desenfocan su actuación del interés de los pueblos y privilegian intereses de sus liderazgos. Por otra parte, los desatinos que cometen con los bloqueos carreteros que generan violencia contra terceros, resultan contraproducentes ante la sociedad misma.
Estas policías comunitarias no han sido reconocidas mediante un marco jurídico necesario, lo cual se presta a que las autoridades privilegien las negociaciones coyunturales a la hora de solucionar conflictos. Y en estas negociaciones gana siempre la fuerza y no la razón. El Congreso local no ha tomado en serio a estas policías y no legisla para que tengan una regulación aceptable para los pueblos, conforme al Estado de Derecho. Desde el limbo jurídico estas policías andan a la deriva y en las decisiones políticas que las afectan se impone la fuerza y la soberbia del más fuerte.
Es necesario plantear este tema desde la perspectiva de los derechos de los pueblos, entre los cuales destaca el derecho a la seguridad que las autoridades no han garantizado hasta ahora y que no se prevé que lo hagan, al margen de la sociedad, en el futuro. Y no lo han hecho porque no cuentan con un enfoque social del ejercicio de la autoridad, pues las fuerzas de seguridad se han enfocado a la defensa de instituciones que han resultado disfuncionales y han abandonado a la gente a su suerte. Y luego se sienten ofendidas cuando la gente se organiza para defenderse y cuando surgen divergencias entre defender a las instituciones y defender al pueblo. Creo que la ley plantea que las instituciones deben estar al servicio del pueblo y no al revés. Esa es la lógica de la razón y de la ley misma.
Una vía es urgente: que las autoridades se armen de humildad y busquen a la gente agraviada, para reconciliarse y poner a su servicio toda la fuerza de las instituciones que representan, para remediar esta extrema necesidad de seguridad. Estoy seguro de que la sociedad reaccionaría de manera favorable, pues lo que ha inhibido la participación de los ciudadanos es la desconfianza y el miedo a ser traicionados por las autoridades.
Para ello, las autoridades tienen que acercarse y buscar el diálogo, hoy, mañana y siempre, como si de veras se creyeran que son servidores públicos. Los pueblos necesitan de sus autoridades y las autoridades necesitan de los pueblos. Pero se necesita un ejercicio de la autoridad, distinto al que ha generado tanta violencia en el país, un ejercicio que esté atento a los derechos humanos y a las necesidades de los pueblos.
No podremos arribar a la paz, y ni siguiera a un buen nivel de seguridad, mientras estemos enfrentados los ciudadanos con las autoridades y mientras éstas sigan agraviando al pueblo con su fuerza y su soberbia. Nos vendría bien contar con autoridades con sentido de humildad, de honestidad y de servicio, como condición para reconciliarse con la sociedad y para construir la paz.