Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

El Ejército, enojado

La persecución militar lanzada contra las policías comunitarias reactiva otra vez el antiguo encono contra todo aquello que huela a insumisión y movimiento popular. Es incongruente, además, que semejante batalla sea librada contra grupos sociales que han demostrado una mayor efectividad que las corporaciones gubernamentales en el combate contra la delincuencia.
En Guerrero, el aparatoso despliegue militar organizado para detener a coordinadores y policías comunitarios en los municipios de Ayutla y Olinalá, contrasta con la raquítica presencia e inactividad militar en la sierra de Coyuca de Catalán y las comunidades de Tlacotepec, San Miguel Totolapan y Apaxtla, de donde miles de personas han sido obligadas por las bandas criminales a huir de sus casas para refugiarse donde puedan, incluso en lugares tan distantes, extraños y hostiles, como Acapulco.
Es de hacer notar que ni los asaltos a pueblos enteros por parte de delincuentes, como ocurrió en Apaxtla hace algunas semanas, han motivado una movilización tan grande como la que protagonizó el Ejército y la Marina en El Paraíso, Ayutla, en la que participaron ¡500 efectivos! para detener al coordinador de la Policía Comunitaria, Bernardino García.
Pero ese alarde de fuerza carece de rigor jurídico, en primer término porque las actividades de las policías comunitarias están protegidas por la ley de derechos indígenas. El caso de Nestora Salgado es todavía más frágil, pues además de que fue detenida sin orden de aprehensión, según hizo público su familia, es insostenible la acusación de secuestro que se le pretende imputar por el arresto del síndico Armando Patrón, cuya reclusión se produjo a la luz del día y por motivos explicados por la policía comunitaria de Olinalá.
Por ello, es previsible que los jueces pongan fin pronto a la arbitrariedad de todas esas detenciones, cuyo propósito no fue hacer justicia sino castigar a pueblos levantiscos. Esa agresividad parece tener su origen en una reacción militar, después de los episodios de Xaltianguis y El Pericón, donde los soldados se vieron imposibilitados de salir de esas comunidades por un cerco de la población.
En Aquila, Michoacán, fue probada la estrategia de detener masivamente a ciudadanos armados. Allí, como ahora en Olinalá y Ayutla, 40 policías comunitarios fueron detenidos acusados de portación de armas. Sobre el caso de Aquila, Emilio Alvarez Icaza, secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó su preocupación por la decisión del Estado mexicano de detener a los grupos ciudadanos, pues advirtió que con ello el gobierno no soluciona el verdadero problema, que es la inseguridad. “Yo no creo que detener a esta gente sea la mejor forma de resolverlo; el problema tiene que resolverse de origen”, dijo, y recordó que “el Estado está fracasando, está fallando en una de sus misiones principales, la protección”. Y aunque admitió el riesgo latente de que los grupos de autodefensa se vean infiltrados por las bandas de la delincuencia, hizo énfasis en la necesidad de que el gobierno se pregunte por qué la gente recurre a las armas para defenderse, pues es obvio que no lo hace por gusto. (Reforma, 21 de agosto de 2013).
En Michoacán y Guerrero el punto de vista del Ejército parece haberse impuesto a las autoridades civiles, frente al fenómeno de las policías comunitarias y ciudadanas, a las cuales ve como grupos que actúan al margen de la ley o en contubernio con la delincuencia, sin atender las circunstancias que los condujeron a movilizarse.
Es imposible dejar pasar las opiniones que sobre este tema ha expuesto el comandante de la Novena Región Militar, el general Genaro Fausto Lozano Espinoza, quien desde su nombramiento en enero de este año ha negado la autenticidad de las autodefensas y las ha acusado de estar incitadas por la delincuencia o de mantener nexos con organizaciones guerrilleras.
Es significativo que la campaña militar contra las policías comunitarias y de autodefensa se haya desatado en Guerrero después de los incidentes de Xaltianguis y El Pericón; el primero ocurrido hace un mes, y los dos en el contexto de la repulsa que provocaron declaraciones amenazantes del general Lozano Espinoza contra las organizaciones ciudadanas. Es igualmente significativo que desde entonces el comandante militar no haya hecho declaraciones ni aparecido en público, como solía hacerlo con el gobernador Ángel Aguirre Rivero.
La postura del general Lozano Espinoza choca con el enfoque que, al menos en el plano formal, busca aplicar el gobierno federal en Guerrero. Lo demuestra el hecho de que el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz, haya considerado conveniente responder a una de las más recientes declaraciones del jefe militar. Martínez Veloz dijo que “detrás de esto hay marginación y pobreza. Por lo que no podemos caer en criminalizar acciones de esta naturaleza que han surgido desde el seno de las propias comunidades”. (El Sur, 16 de julio de 2013).
Sin embargo, es la posición del general Lozano Espinoza la que parece estar detrás de la detención de policías comunitarios, con el evidente respaldo de las autoridades federales y del gobierno de Ángel Aguirre, quien se esfuerza por agradar a las fuerzas armadas como si temiera haber lastimado su relación con la cúpula militar.
La atmósfera que se percibe en la Novena Región Militar tampoco concuerda con las palabras del secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, quien el 15 de agosto dijo que el Ejército está por encima de cualquier provocación. “Las fuerzas armadas son una institución madura, cuya responsabilidad, entrega y dedicación está por encima de provocaciones u oportunismos. Es así y seguirá así, porque nuestro más elevado objetivo es proteger a todos y cada uno de los mexicanos con apego a la ley y respetando sus garantías individuales”, dijo. En contradicción con esas palabras, no es madurez, responsabilidad y respeto lo que distingue hoy a los militares en Guerrero. Es la ofuscación y el enojo, dos lujos que el Ejército no puede permitirse.

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