Aboga el obispo Vera por dos detenidos que son sobrevivientes de El Charco

Exige el obispo Raúl Vera respeto para dos detenidos, sobrevivientes de la masacre de El Charco

*Uno de ellos es el coordinador regional de Autoridades Comunitarias de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad Asociación Civil, (RSDCIAC), que encabeza el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, demandó que se respete la “convencionalidad” del coordinador regional de Autoridades Comunitarias de la Casa de Justicia de El Paraíso (CRAC-Paraíso), Bernardino García Francisco y del Policía Comunitario, Lázaro Peláez Castro, ambos sobrevivientes de la masacre de El Charco, así como de todos los detenidos por los elementos del Ejército mexicano el miércoles pasado.
Mediante un comunicado, el obispo Vera López, presidente de la agrupación; Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva; y Ernesto Rodríguez Cabrera, coordinador del área jurídica, también demandaron que el Ejército regrese a sus cuarteles.
“El sobreviviente de la masacre de El Charco y coordinador de la policía comunitaria de El Paraíso Bernardino García Francisco, fue detenido por militares, el pasado miércoles y se encuentra detenido, se teme por su integridad física y sicológica. También se encuentra detenido arbitrariamente Lázaro Pélaez Castro, sobreviviente de la Masare de El Charco”, dice el comunicado.
También pide a las organizaciones sociales y organismos de derechos humanos del país, implementar una “acción urgente” y que envíen cartas al gobernador Ángel Aguirre Rivero; al procurador general de la República, Jesús Mirillo Karam; al procurador de Justicia del estado, Iñaki Blanco Cabrera; al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva y al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Alvarez Icaza.
“La tarde del miércoles alrededor de las 18:00 y 19:00 horas, 40 convoys de militares, marinos, policía municipal y estatal, subieron a El Paraíso Municipio de Ayutla de los Libres, rompiendo la puerta de la Casa de Justicia y deteniendo arbitrariamente además de golpear a los policías comunitarios”, dice el documento.
Agrega que como no se encontraba ahí el coordinador de la Policía Comunitaria y defensor de los derechos humanos de esta casa, el indígena na’saavi Bernardino García Francisco, lo fueron a buscar a su casa y también se lo llevaron junto con su hijo Ángel García García.
Agrega que entre los policías comunitarios detenidos también va Germán Cantú, quien no pertenece a la Policía Comunitaria y solamente trabaja en esa comunidad.
También denuncia que dos días después, el 23 de agosto, aproximadamente a la una y media de la tarde, militares, marinos, policía municipal y estatal, realizaron también otro operativo a la Casa de Reeducación Comunitaria de Quiahuitepec, municipio de Ayutla, “realizando detenciones arbitrarias y golpeando a otros 11 policías comunitarios”. Asimismo señala el documento que las fuerzas estatales y federales se llevaron a siete mujeres que se encontraban en proceso de reeducación.
La SDCIAC menciona en su documento que el argumento de la presencia de las fuerzas federales en le zona fue el Programa de Cruzada contra el Hambre a cargo de la secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal.
Y señala que el indígena detenido Bernardino García Francisco, defensor de derechos humanos, “ha venido luchando pacíficamente porque los recursos lleguen a las diferentes zonas na´saavis de Ayutla”.
Recuerda que el 7 de junio de 1998, se encontraba en la comunidad de El Charco, participando en una asamblea “para poder hacer de la comunidad na´saavi, una municipio autónomo de facto, en esa ocasión también llegaron los militares y ejecutaron a 10 indígenas na´saavis y un estudiante universitario, conocido este hecho como la Masacre de El Charco”.
Recuerda que en ese hecho el defensor de derechos humanos y actual policía comunitario Bernardino García Francisco, fue herido por parte de los militares e ingresado al Hospital Naval, además de ser ingresado al reclusorio acusado de los delitos de rebelión y conspiración.
Explica que ahora nuevamente es apresado por su lucha en busca de justicia, al igual que otro de sus compañeros sobrevivientes de la masacre de El Charco, Lázaro Pélaez Castro.
Ante esta situación, el organismo exige que al defensor de derechos humanos, el indígena Bernardino García Francisco y a los elementos de la Policía Comunitaria, detenidos por el Ejército en la Casa de Justicia de El Paraíso, se les respete la convencionalidad; asimismo, que el Ejército regrese a sus cuarteles.
La SDCIAC pide a las organizaciones y organismos de derechos humanos que envíen sus cartas pidiendo lo mismo al gobernador Ángel Aguirre Rivero; al procurador General de la República, Jesús Murillo Karam; al procurador de Justicia del Estado, Iñaki Blanco Cabrera; al presidente de la Comision Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, y al secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza.

Pide Garfias Merlos a autoridades  que informen  con claridad  de su detención

Salvador Serna

El arzobispo de Acapulco, Carlos Garfías Merlos opinó ayer sobre las recientes discrepancias entre la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el gobierno estatal.
“Todavía es muy rescatable y valioso lo que tiene la policía comunitaria y lo que puede ser de colaboración con las autoridades; se podrían evitar en su momento daños o perjuicios, enfrentamientos que podrían ser demasiado nocivos para la sociedad” considero con semblante sereno.
En su tradicional conferencia de prensa dominical, el clérigo también pidió claridad y objetividad a las autoridades competentes, para informar a la sociedad acerca del real devenir de los acontecimientos donde resultaron arrestados varios policías comunitarios.
“Se requiere tener una información oficial, tenemos que insistir mucho en que podamos conocer cuál es exactamente la situación, que las autoridades correspondientes puedan dar una información oficial del caso de esta líder, y a partir de ahí tener el diálogo necesario” expresó Garfías Merlos, en referencia al arresto de Nestora Salgado.
“No ha sido una cosa con toda la claridad”, dijo, reiterando que se debe conocer la información objetiva e imparcial, y si hay algún delito concreto, del cual se esté acusando a la dirigente.
Finalmente reconoció que con diálogo y comunicación entre las partes, la participación de la CRAC es valiosa para el resguardo de la población que conforman las comunidades y puntualizó que “hasta este momento está todavía la posibilidad de que se pueda tener ese diálogo necesario, para que se pueda encontrar la mejor forma de colaboración ciudadana que ha permitido ser desde su origen la policía comunitaria”.

“Heroico”, dijo Aguirre Rivero del levantamiento en Olinalá antes de encarcelar a Nestora Salgado

En su visita a Olinalá el 15 de noviembre, 20 días después de que los pobladores de la cabecera municipal tomaron las armas para defenderse de un grupo de la delincuencia organizada que secuestraba, vendía narcóticos y extorsionaba a la población, el gobernador Angel Aguirre Rivero calificó al movimiento como “heroico” y dio su respaldo a la conformación de la entonces Policía Ciudadana, pero este miércoles la líder de lo que surgió como un movimiento de autodefensa, Nestora Salgado García fue detenida por el Ejército y actualmente nadie sabe de su paradero, sólo se sabe que declaró en la cárcel de Las Cruces.
La olinalteca estuvo al frente del movimiento de autodefensa que surgió el sábado 27 de octubre cuando los ciudadanos obligados por la indolencia e inactividad de las autoridades persiguieron a un grupo de delincuentes que acusaban de secuestrar y asesinar a un taxista.
Ante el temor de represalias del grupo delincuencial que huyó de Olinalá, durante más de un mes se implementó un toque de queda ciudadano e instalaron retenes en las seis entradas a la cabecera municipal, en cada uno había unos 60 hombres armados para cuidar a sus familias y al frente de ellos estaba Nestora Salgado.
Tras la instalación de retenes en las entradas de Olinalá, donde los lugareños revisaban a cada vehículo de manera minuciosa, los integrantes de la autodefensa ubicaron, detuvieron e interrogaron a 11 menores de edad que tenían relaciones sentimentales con integrantes del grupo delincuencial expulsado.
Las adolecentes confesaron que existía una lista de olinaltecos que serían secuestrados, la tercera en la lista era precisamente Nestora Salgado, la autodefensa pidió al gobierno del estado seguridad para las jóvenes que declararon ante ellos, pero nunca se les otorgó.
La ahora coordinadora de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Nestora Salgado, afirmó tajante, “vamos a seguir con nuestro movimiento y si me matan por defender a mi pueblo no me importa, de todas maneras ya estaba en la lista”.
El 3 de noviembre visitó el municipio la ex subsecretaria de asuntos políticos de la secretaría de gobierno, Rossana Mora Patiño a quien le pidieron la presencia de la Marina porque señalaban a la Policía Municipal del priista Eusebio González Rodríguez de trabajar para el crimen organizado, sólo así dejarían las armas y regresarían a sus actividades cotidianas.
Advirtió al gobernador que si intentaba desarmarlos se desataría una movilización que dificilmente detendría.
El 6 de noviembre los ciudadanos entregaron la seguridad a la Marina mientras se integraba la autodefensa a la CRAC.
En su visita a ese municipio donde los ciudadanos tomaron las armas por la falta de seguridad y confianza en las autoridades municipales, el 15 de noviembre el gobernador acudió a inaugurar obras, en esa ocasión calificó de heroico el levantamiento del pueblo contra la delincuencia y ante miles de olinaltecos se comprometió a respaldar la conformación de la policía comunitaria.
El 22 de julio iniciaron las detenciones contra integrantes de la CRAC cuando elementos del Ejército y de la Marina detuvieron a tres policías ciudadanos de Olinalá por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, éstos fueron liberados tras negociaciones políticas con el gobierno del estado.
El miércoles pasado fue detenida la dirigente de la CRAC, Nestora Salgado, que hasta ayer no la habían presentado públicamente y el gobernador dijo que estaba recluida en una cárcel de Nayarit, pero nadie se ha podido contactar con ella. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).