Cancelan Oportunidades en Tlatlauquitepec porque militares se llevaron a las autoridades

*Tampoco pueden cobrar sus becas porque los soldados, que detuvieron a los cuatro policías comunitarios y cabezas de la comisaría del lugar, se llevaron consigo los sellos. Estaba previsto que ayer arrancara la Cruzada Contra el Hambre y se suspendió

Vecinos y familiares de las autoridades comunitarias de Tlatlauquitepec, municipio de Atlixtac, detenidas por militares, policías ministeriales y estatales tras liberar a tres retenidos en reeducación por la Policía Comunitaria de Olinalá, denunciaron que les suspendieron el programa Oportunidades y ayer se canceló el comienzo de la Cruzada Contra el Hambre que estaba prevista en su comunidad.
En conferencia de prensa informaron que no están en contra del gobierno, que se organizaron como Policía Comunitaria porque la localidad había perdido la tranquilidad ante la violencia. En este contexto se incorporaron a la Casa de Justicia de El Paraíso y recibieron a tres personas de Olinalá en proceso de reeducación.
Advirtieron que si no liberan de inmediato a sus autoridades, hoy en asamblea van determinar otras acciones, como bloqueos en la entidad.
Las esposas de los detenidos aseguraron que sus maridos son inocentes, sólo resguardaban y alimentaban a quienes se encontraban en reeducación, “no son secuestradores”, dijeron en relación al cargo que les imputaron en la Procuraduría General de la República (PGR), donde les informaron que llevan su proceso legal.
De la cancelación de los programas federales informaron que los militares se llevaron con los comisarios titulares, suplentes y su comandante de la Policía Comunitaria los sellos que sirven para validar los trámites del pago de becas y apoyos de Oportunidades.
Faustino González precisó que les devolvieron los huaraches, zapatos, agujetas y cinturones de los detenidos, pero se quedaron los sellos y eso sirvió de pretexto para la suspensión de los apoyos al pueblo nahua.
Agregaron que les hablaron de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) y les dijeron que sin las autoridades no había forma de bajar el financiamiento para las comunidades. Asimismo las promotoras de Oportunidades les anunciaron la suspensión de becas de niños y a las madres.
La esposa del comisario Clemente Ricardo Nava, Margarita Gutiérrez Domínguez, habló de la pobreza que viven, donde a veces sólo comen quelites con chile, pero a las tres personas en proceso de reeducación les compraban tamales a diario “porque no querían comer sopa (aguada), pedían carne”.
Faustino González informó que el pueblo, de unos mil habitantes, no está en contra del gobierno y si se organizaron internamente fue porque los estaban secuestrando y todavía no saben del paradero de dos hombres que se llevaron los delincuentes.
Destacó que la tranquilidad regresó al pueblo después de la integración de la Policía Comunitaria hace un año, las tiendas que antes cerraban a la 7 de la noche, ahora lo hacen a las 9, las personas volvieron a caminar por las tardes en las calles y quienes estaban haciendo fechorías se fueron de la localidad.
Margarita Gutiérrez aseguró que es injusto que sus autoridades comunitarias estén detenidas y recordó que el miércoles cuando llegaron los militares con los policías a la comisaría municipal los sometieron con violencia.
Expresó que los uniformados llegaron a las 7 de la noche, entraron a la comisaría sometieron y amarraron de pies y manos a las autoridades y mientras los llevaban a sus vehículos les daban golpes frente a los vecinos del lugar. Erika Rivera Carranza lamentó que el Ejército golpee a los ciudadanos, porque esa no es su función.
El viernes, cuando vio a su esposo Margarita Gutierrez dijo que le relató que a jalones lo tiraron en el piso, lo amarraron y luego le dieron un fuerte golpe en la nuca, ya en la PGR de Chilpancingo le dieron atención médica.
Los detenidos son el comisario titular, Ricardo Nava, el segundo comisario, Pascual Domingo Ramírez, el suplente, Martín González Ibarra y su comandante, Julián Nava Ricardo. Reconocieron que aún no tienen una defensa legal, pero consideraron que deben ser liberados porque las personas detenidas no estaban secuestradas.  (Lourdes Chávez / Chilpancingo).