Tlachinollan

El poder represivo del Estado contra las policías comunitarias

Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan

El despliegue ostentoso de los cuerpos de elite del Ejército, la Marina y la Policía Federal en las regiones indígenas de Guerrero es inaudito y sumamente perverso, porque busca contener la organización autónoma de los pueblos y destruir el sistema de justicia y seguridad comunitarias que son el sustento de la multiplicidad de grupos de la policía comunitaria y policías ciudadanas que están proliferando en los municipios más rezagados de la Costa Chica y La Montaña. Desde que los pobladores de Huamuxtitlán, en junio de 2012, tomaron la decisión de conformar un grupo de policías ciudadanos para enfrentar a la delincuencia organizada, el gobierno del estado pidió la intervención de la federación, no tanto para combatir a la organización criminal, sino para impedir que la población se organizara de manera autónoma y constituyera el frente ciudadano por la seguridad de Huamuxtitlán, que conformó el primer grupo adherente a la casa de justicia de la comunidad Tun Savi de El Paraíso, municipio de Ayutla.
Desde aquella fecha, fue muy evidente que las autoridades del estado se sentían rebasadas por una población enardecida, que estuvo a punto de linchar al presidente municipal en el corredor del palacio. Ante los riesgos inminentes de que una autoridad municipal fuera ajusticiada por los mismos pobladores y a pocos días de que se realizaran las elecciones presidenciales, las autoridades del estado pidieron al Ejército que escoltara a la procuradora general de justicia y al secretario de seguridad pública, para dialogar con los ciudadanos y ciudadanas que exigían la destitución del presidente, la de todos los policías municipales y la salida de la policía ministerial. Fue el Ejército quien encaró a la población, la desafió con sus pertrechos y se colocó alrededor de las autoridades para repeler cualquier agresión. Ellos mismos se encargaron de trasladar en sus vehículos al presidente interino, para que fuera atendido en el hospital general. Lo resguardaron durante su convalecencia y temporalmente reemplazaron a los policías echados a la calle por la población, quedando bajo su mando la seguridad del municipio.
En la cabecera municipal de Olinalá, después de que sucedieron varios secuestros y hechos de violencia, el 27 de octubre de 2012, el tañer de las campanas convocó a los pobladores, que cansados de tantos secuestros, extorsiones y asesinatos, decidieron tomar en sus manos la seguridad. Más de 700 personas se apostaron en el Ayuntamiento y desarmaron a 16 policías municipales, levantaron barricadas y colocaron retenes en los seis accesos que tiene la cabecera municipal. Conformaron el Consejo de Supervisión y Vigilancia, que se encargó de investigar a las personas que estaban vinculadas con la delincuencia organizada. Desde el primer momento que las autoridades del estado dialogaron con los miembros del Consejo, se obstinaron en convencer a la población de que quitaran sus retenes, que se abstuvieran de portar armas y de que dejaran de asumir el control de la seguridad. Ante la postura tajante de la población que se negó a guardar sus armas, el gobierno del estado pidió nuevamente la intervención del gobierno federal, que envió 60 elementos del Ejército y 46 elementos de la Marina, como parte del Operativo Guerrero Seguro. A pesar de esta presencia aparatosa, la población no dimitió en su afán de organizarse de manera independiente, logrando conformar la policía ciudadana de Olinalá, con la participación de 170 hombres y mujeres que el pasado 18 de mayo se adscribieron a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) con sede en El Paraíso, municipio de Ayutla.
Por su parte, la comunidad Naua de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, el 2 de diciembre de 2012, crearon el Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria (SSJC) y la Policía Ciudadana y Popular (PCP), ante la falta de capacidad del Estado mexicano de procurar seguridad y justicia a los pueblos originarios. Dos días después de su presentación, la PCP denunció la incursión de las fuerzas armadas en Temalacatzingo. El 10 de febrero de este año se constituyó el Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia y la Policía ciudadana y Popular de Cualac. Fueron 120 policías entre hombres y mujeres, los que rindieron protesta y se integraron con los grupos de la PCP de Temalacatzingo. El SSJC ha realizado varias denuncias sobre la incursión del Ejército y la Marina en Temalacatzingo, así como amenazas a sus integrantes, por lo que han exigido el retiro de las fuerzas armadas de sus comunidades. En esta región el Ejército cometió múltiples atropellos contra la población en general y contra organizaciones sociales como la Unión Obrera Campesina Emiliano Zapata (UOCEZ), a cuyos líderes persiguió, detuvo y torturó, al catalogarlos como miembros de grupos armados.
En Ayutla de Los Libres, además de registrarse agresiones contra las organizaciones indígenas y de consumarse graves violaciones a los derechos humanos, como las violaciones sexuales cometidas por elementos del Ejército mexicano contra Inés Fernández y Valentina Rosendo, la violencia se ha incrementado y los mismo grupos de la delincuencia se han arraigado al grado de que tomaron el control de las instituciones y de las mismas comunidades indígenas, a causa de la complicidad de las autoridades municipales, los policías ministeriales, los ministerios públicos y el mismo Ejército. El malestar y la desesperación de la gente encontraron eco en la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que abanderó la lucha por la seguridad de las comunidades indígenas y campesinas. Desde el pasado 5 de enero se organizaron como grupos de autodefensa y a lo largo de los meses maduraron la idea para crear su sistema de seguridad ciudadana conformando su policía ciudadana, como la expresión de un derecho legítimo que tienen para asociarse libremente y para autoadscribirse como pueblos originarios, cuyos sistemas normativos son reconocidos por leyes internacionales, nacionales y estatales. Este movimiento de comunidades ha logrado extenderse en la mayoría de municipios de la Costa Chica y en comunidades campesinas de Acapulco. Por atreverse a desmantelar a las organizaciones del crimen organizado que han sentado sus reales en los municipios de Ayutla, Tecoanapa, Marquelia, Tierra Colorada y Xaltianguis, municipio de Acapulco, las autoridades del estado, en coordinación con el Ejército, la Marina y la policía federal se han empeñado en desarmar y detener a la población campesina que ha asumido el mandato popular de velar por la seguridad de sus comunidades.
Este mismo patrón de persecución y criminalización han padecido los miembros de la CRAC-PC de las casas de San Luis Acatlán y El Paraíso. Existe la consigna de las autoridades federales y estatales de impedir que este sistema adquiera fuerza y legitimidad entre los pueblos indígenas. Por esta razón el Ejército se ha reposicionado dentro de los territorios comunitarios, ejerce un control férreo sobre los operativos que realizan los grupos de la policía comunitaria. No les permite transitar libremente dentro de sus rutas de trabajo. Instala retenes para revisar sus armas e impide que se desplacen libremente a las ciudades como Acapulco y Chilpancingo. Han detenido a sus autoridades y los han llevado a los centros de detención federal. Los exhiben como si fueran delincuentes de alta peligrosidad y no respetan las leyes que reconocen los derechos de los pueblos indígenas. No hay autoridad civil que haga entender al Ejército y la Marina, de que los pueblos se rigen por sus propios sistemas normativos, que existen normas que los reconocen como sujetos de derecho y que la misma CRAC es reconocida como autoridad que procura y administra justicia como lo estipula la Ley 701.
A pesar de todos estos esfuerzos realizados por los pueblos indígenas, de salvaguardar sus derechos fundamentales, como la vida, la seguridad y el desarrollo, el gobierno federal se empeña en colocar fuera de la legalidad a las policías comunitarias y ciudadanas. Las autoridades federales y estatales no están dispuestas a que los pueblos indígenas los señalen como parte de la delincuencia, que los desenmascaren y que pongan en evidencia toda la red de complicidades que existen entre los cuerpos represivos del Estado con los negocios del crimen organizado. Por asumir este compromiso con todas sus consecuencias, al grado de denunciar a las autoridades civiles y militares que están coludidas con el crimen organizado, los coordinadores y coordinadoras de la policía comunitaria, al igual que varios elementos de estos grupos de la policía, están siendo procesados penalmente por cumplir con el mandato del pueblo de garantizar seguridad, procurar y administrar justicia contra todos los que causan daño al pueblo.
La aparatosa detención de la coordinadora de la policía comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, por parte del Ejército y la Marina, acusada por secuestro agravado y trasladada al Cefereso # 4 de Nayarit; la posterior detención de los cuatro policías Nauas de Tlatlauquitepec, municipio de Atlixtac, acusados de privación de la libertad personal. El operativo militar que hizo gala de su poder represivo para detener a 13 policías Na savi que se encontraban resguardando la casa de justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, acusados por secuestro agravado; así como los 12 policías Na Savi de la comunidad de Quiahuitepec, del mismo municipio, que fueron trasladados en helicópteros como si fueran delincuentes de alta peligrosidad, acusados por privación de la libertad personal y portación de armas, nos muestran el talante represivo y militarista del gobierno priista de Enrique Peña Nieto. Es una decisión del más alto nivel la asignación de cuerpos de elite del Ejército, la Marina y la Policía federal encargados de realizar los operativos con aparatos y equipos de tecnología de punta para detener a sus coordinadores y a los grupos de policías que resguardaban a los detenidos que están acusados de cometer secuestros, extorciones, homicidios y que se encontraban en proceso de reeducación.
Los cuerpos de elite que llegan bien apertrechados para someter a los grupos de la policía comunitaria, han sido entrenados para enfrentar a los grupos altamente preparados del crimen organizado. Es una guerra desigual, destinada a destruir la organización comunitaria a impedir que los pueblos cuenten con sus propios policías. Su objetivo es destruir al enemigo, someterlo, denigrarlo y aniquilarlo. Con esta misión actúan estos cuerpos de elite contra las policías del pueblo pobre de Guerrero.
Toda la fuerza del Estado está siendo utilizada para destruir las formas de gobierno y de organización de los pueblos indígenas que dan sustento a las policías comunitarias. Las mismas autoridades militares se han encargado de desacreditarlas, de emitir infundios al ligarlas con los grupos del crimen organizado y con la guerrilla, con el fin perverso de justificar la represión y la misma militarización en las regiones indígenas. Los aparatos del estado, el militar y el de justicia se han ido con todo contra la población indígena que por décadas se ha organizado, para hacer efectivo su derecho a la justicia, a la seguridad y al autogobierno.