En febrero concluye la desincorporación del parque El Veladero, informa Fideaca

Mariana Labastida

En febrero se terminará el proceso de desincorporación del Parque Nacional El Veladero para comenzar la regularización de los habitantes de 54 colonias que se encuentran en la parte alta del anfiteatro, informó el director del Fidecomiso Acapulco, Arturo Deloya Fonseca.
En una reunión de ayer, encabezada por el diputado federal Fermín Alvarado Arroyo, los colonos pidieron que no les vayan a condicionar la entrega de las escrituras con el apoyo a algún candidato y que se respeten los pagos que algunos ya hicieron con anterioridad.
El funcionario estatal dijo a los habitantes que ya se público en el Periódico Oficial de la Federación la desincorporación del Parque Nacional El Veladero, trámite que esperan que concluya a finales del mes de enero o a principios de febrero.
El trámite termina con la firma del convenio con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, a find e que el gobierno del estado reciba las tierras, entonces se decidirá si el proceso de regularización de las 54 colonias lo realizará el Fideaca o el Invisur.
Deloya Fonseca explicó que para que se llegue a la firma del convenio, el Fideaca tuvo que acreditar 907 hectáreas que formaban parte de su patrimonio ubicadas por la colonia Jardín, las cuales fueron entregadas al gobierno federal, con lo que suman 2 mil hectáreas las otorgadas para que les entreguen las 407 hectáreas que fueron desincorporadas.
Sólo están en espera de que se publique el decreto por parte del gobierno del estado para iniciar el proceso, “ya el trámite está casi terminado después de 30 años” y aseguró que serán respetados todos los pagos que hayan hecho los habitantes de cada una de las colonias.
Esto último fue una de las preguntas que más hicieron los representantes de diferentes colonias como la Nueva Jerusalen, María de la O, Reforma de Costa Azul, por mencionar algunas de las 54 colonias que serán regularizadas.
También pidieron, como en el caso del señor Miguel Albarrán Mejía, de Balcones de Costa Azul, que no se utilizara el proceso de escrituración con fines políticos, “yo me le acerqué al gobernador y me dijo que ya estaba todo listo, que ya sabíamos lo que teníamos que hacer para ayudar a don Luis”, denunció el vecino, quien pidió que se mantuvieran alejados del “fondo  político” que se pudiera dar por el beneficio.
Deloya Fonseca respondió que el beneficio es social y no tiene partido: “muchas veces se dicen cosas pero lo real es lo que diga la escritura, que entregan un patrimonio y no tiene partido ese documento”.
Agregó que “el derecho de la gente que está en esas áreas, que no tiene partido, como servidores públicos estamos obligados a darles y atenderlos, no tenemos preferencia, solo hacemos lo que nos corresponde”.
Otra de las peticiones que hicieron los vecinos al funcionario del estado fue que los costos de los terrenos no sean elevados.
“Somos gente pobre”, indicó una de las habitantes de la zona alta, a lo que el funcionario les reiteró que se verá cada uno de los casos cuando ya esté listo el proceso, ya que de muchos de los terrenos hay expedientes que armaron los habitantes años atrás y que se respetarán.
Les comentó que el proceso de escrituración de los terrenos tiene un costro de entre los 2 mil 800 y 3 mil pesos según la zona.
Algunos de los vecinos aprovecharon la reunión con el funcionario, convocada por el diputado federal, para exponer la problemática en sus colonias, que tiene que ver con la delimitación de terrenos e invasión de los mismos, a los cuales los funcionarios les dijeron que atenderían cada caso al finalizar la reunión.
Por su parte, el diputado federal insistió en pedir que no se utilice con fines partidistas el proceso de regularización de las 54 colonias: “estamos pidiendo que se agilice la escrituración y que estas se entreguen antes de que inicien las campañas electorales para que ningún funcionario le de un uso electoral indebido”.
Resaltó que lo que se busca es la certeza jurídica para los más de 10 mil habitantes que viven en las colonias que se desincorporarán, cuyo proceso es para “hacer justicia social a la gente de todos los partidos y que incluso no tiene ningún partido, por lo que el beneficio no puede ser utilizado por nadie y mucho menos condicionado”.