Dictaron formal prisión a Nestora antes de que venciera el plazo legal: Tlachinollan

*Impide el juez la presentación de pruebas a favor de la detenida, informa el abogado Vidulfo Rosales.  Marco Antonio Ordorica se negó a validar una firma de la dirigente comunitaria, denuncia. El caso está en manos de un “juez de consigna” al servicio del gobernador, sostiene. Por medio de la CNDH, el único contacto que su familia ha tenido con ella, da a conocer una de sus hermanas

Daniel Velázquez y Carlos Moreno

El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, denunció que el juez Marco Antonio Ordorica Ortega le dictó auto de formal prisión a Nestora Salgado García antes de que venciera el plazo constitucional y que a él como defensor no lo dejaron presentar pruebas a favor de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá.
Antes de conocerse que le habían dictado auto de formal prisión, el abogado confirmó que el caso de Nestora Salgado García se lleva en el juzgado primero de lo penal en Acapulco y que los abogados de Tlachinollan no habían podido defenderla porque el juez Ordorica Ortega no validó una firma de Nestora Salgado, en la que da autorización para su defensa.
La coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, fue detenida el 21 de agosto por el delito de secuestro agravado y este miércoles 28 de agosto a las 2 de la mañana venció el término para que sus abogados pudieran presentar pruebas y que el juez las tomara en cuenta antes de que dictara la formal prisión o la libertad. Desde su detención Nestora Salgado ha estado incomunicada.
Rosales Sierra acudió a las 8 de la noche con familiares de Nestora Salgado García al penal de Las Cruces para presentar pruebas documentales  y “acreditar que Nestora era la Coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá y pertenece a la estructura de la CRAC”.
También algunos escritos en los que se acredita que no hubo el delito de secuestro y que se violaron los derechos procesales de Nestora Salgado.
Consultado a las 11 de la noche afuera del penal de Las Cruces, Rosales Sierra se quejó de que el Juzgado Primero de lo Penal estuviera cerrado y el titular no estuviera a pesar de que el término vencía a las 2 de la mañana, “esto resulta extraño y anticonstitucional, deberían estar presentes aquí”, porque “están obligados a admitir las pruebas antes del plazo”.
Agregó que al ser pruebas documentales las que presentarían, no se requería una preparación para el desahogo de las pruebas porque se continúa “por su propia naturaleza”.
Además dijo que al no recibir el juez las pruebas antes del plazo de vencimiento “de las 144 horas, no se le puede dictar auto de formal prisión”, por lo que denunció que es una omisión que viola un derecho de Nestora.
Rosales Sierra aseveró que lo que buscó el gobierno fue criminalizar a Nestora Salgado García por pertenecer a una organización de seguridad y justicia comunitaria, y “es una falta grave el ejercicio del juez (Ordorica) y su personal, esto evidencia que es un juez de consigna, al cual le encargaron la causa penal para criminalizar e intentar dejar en prisión a Nestora, es un juez que está postrado con el Poder Ejecutivo”, dijo.
Por su parte, una hermana de Nestora Salgado informó que  un abogado y un médico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acudieron a visitar a la detenida el martes en el penal de Tepic, Nayarit, y ayer le informaron que  ella se encuentra bien y no está golpeada, pero “nos dijo que no está presa, está detenida, así nos dijo”.
Se quejó que el informe de la CNDH es el único informe que han tenido de Salgado García a pesar de que la semana pasada, en una mesa de diálogo con funcionarios estatales, de la CRAC y Tlachinollan, le habían  prometido que se comunicarían con su hermana.
“Un secretario (funcionario estatal) nos dijo ‘ahorita se van a ir con  el procurador (Iñaki Blanco Cabrera), porque los va a enlazar con su hermana, para que platiquen con ella y tengan comunicación’, pero cuando llegamos él nos dijo que no podíamos comunicarnos porque estaba en un lugar de alta seguridad  y ahí era muy difícil de que se pudiera tener comunicación con ella porque estaba acusada de secuestro agraviado”, contó la hermana.
Después de mediodía, Rosales Sierra visitó a los policías comunitarios arraigados en el hotel Royalty para que le firmaran un documento en el que los reconocieran como sus abogados.
En declaraciones a El Sur, explicó que el caso de Nestora Salgado es “complicado” porque hay “intencionalidad política” del gobierno federal y estatal para frenar el trabajo que realiza la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Denunció que no hay argumentos jurídicos que justifiquen que Nestora Salgado deba estar presa en una cárcel de Nayarit, cuando el caso se lleva en el juzgado primero de lo penal del distrito de Tabares ubicado en Acapulco.
“Nos dicen que por razones de seguridad, cuáles son esas razones, las desconocemos nosotros”, dijo.
Explicó que esa modalidad de llevar un proceso aquí y mantener al acusado fuera del estado es para los “grandes delincuentes” que pongan en riesgo la seguridad de la población por algún intento de rescate o acción violenta, pero en el caso de Nestora Salgado su traslado a Nayarit obedece “a razones políticas, no hay una justificación jurídica, es castigar, perseguir, infundir temor a los demás líderes, a los demás movimientos, es una lección para los osados, para los que tengan la osadía de desafiar al Estado mexicano, para los que tengan la osadía de tener su propio sistema de justicia, es un mensaje político, no hay razones jurídicas por ningún lado”.
Rosales Sierra indicó que los abogados de Tlachinollan presentaron un oficio para llevar la defensa de la detenida, pero “ha sido retardada” y no se permite a los abogados que puedan asumir el cargo para defender a Nestora Salgado porque no validan la firma y por tanto deben esperar a que la firma sea ratificada por la detenida”.
El abogado indicó que ayer por la mañana perdieron mucho tiempo en tratar de acreditarse como los abogados defensores de Nestora Salgado pero como no lo consiguieron será por medio del abogado de oficio, Rogelio Mariano Rendón, que aporten pruebas para la defensa de la coordinadora de la policía comunitaria de Olinalá.
Rosales Sierra dijo que van a esperar a que venza el término constitucional para preparar la defensa y estimó que “como se ven las cosas parece que va a haber un auto de formal prisión”.
Indicó que el término constitucional máximo es de 144 horas que venció a las 2 de la mañana del 28 de agosto.
Entre las pruebas que aportaron para la defensa de Nestora Salgado están las documentales de que ella fue electa coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá y que la acreditan como integrante de un sistema de justicia comunitario de la CRAC, con el fin de demostrar al juez que ella estaba ejerciendo una actividad relacionada con la procuración y administración de justicia del sistema comunitario y a la luz de la Ley 701.

No hay delito de secuestro

El abogado del centro de Derechos Humanos de La Montaña explicó que en contra de Nestora Salgado sólo hay una causa penal por el delito de secuestro agravado y dentro de esa causa penal existen seis cargos, porque en el expediente que se abrió en contra de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá declaran seis personas como agraviadas.
Indico que el término de secuestro agravado es porque tres de las seis personas que hacen la denuncia son menores de edad.
“Las seis hacen señalamientos de que fueron privadas de libertad, quien direccionó estas denuncias para que se configurara el secuestro fue la Procuraduría de Justicia”, dijo.
Abundó que en las acusaciones contra Nestora Salgado “hay una inconsistencia jurídica, es insostenible la acusación por secuestro, jurídicamente es insostenible, la Procuraduría está haciendo todo lo posible porque la acusación prevalezca”.
El abogado dijo que de acuerdo con la ley, para el delito de secuestro deben cumplirse dos factores, la privación de la libertad y que se pida rescate o el victimario obtenga un beneficio, “pero la jurisprudencia de la Corte dice claramente que para que pueda configurarse el delito de secuestro el objetivo del secuestro debe ser la obtención de un lucro, la obtención de un beneficio económico”.
En el caso de Nestora Salgado “bajo ninguna circunstancia se puede considerar secuestro este hecho, porque nunca fue el objetivo de Nestora o de otros compañeros obtener un beneficio económico, creo que hay matices legales”.
Rosales Sierra dijo que Nestora Salgado declaró en Acapulco porque en el puerto está radicada la causa penal que se sigue en su contra.
El abogado indicó que apenas el lunes conocieron con precisión dónde está recluida Nestora Salgado, porque recurrieron a un amparo por incomunicación y fue así como tuvieron la certeza de que ella estaba en una cárcel de Nayarit.

La “intencionalidad política”

Rosales Sierra explicó que el caso de Nestora Salgado es “complicado” porque hay “intencionalidad política” del gobierno federal y estatal para frenar el trabajo que realiza la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Consideró que el gobierno federal focalizó la represión contra la casa de justicia de El Paraiso porque es una organización que recientemente se manifestó contra la reforma energética.
En el contexto de las reformas estructurales que el gobierno federal impulsa como la reforma educativa y la reforma energética, “Guerrero aparece como un foco rojo donde las organizaciones de la insurgencia civil de las organizaciones de izquierda pueden resurgir con bastante fuerza y la Policía Comunitaria es ubicada como un grupo que puede entrar dentro de este esquema de movilización y concretamente la casa de justicia de El Paraíso que hace unos días mostró e hizo actos de protesta contra estas dos reformas estructurales, por eso se focaliza la represión contra ellos”, expuso.
Agregó que el hecho de que Nestora Salgado esté en Nayarit y el caso se lleve en Acapulco sin que haya un delito federal en su contra es parte de la intencionalidad política.
Sobre el juez que lleva la causa de Nestora Salgado, Vidulfo Rosales opinó que