Partidos y políticos promueven colonias irregulares, denuncian en foro de la Sedatu

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Durante el foro estatal de consulta de desarrollo urbano y vivienda que realizó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ponentes y asistentes coincidieron en que los principales promotores de las colonias irregulares y la pobreza urbana son los partidos políticos, que crean colonias para tener votos cautivos, y propusieron legislar en ese sentido para sancionar a quienes cometan esas irregularidades.
Ayer la dependencia realizó el foro para “afrontar los problemas” y asistieron profesionales en construcción, urbanismo y arquitectos, quienes participaron en las mesas de trabajo de administración y control de desarrollo urbano, movilidad urbana y desarrollo urbano y productividad.
En la mesa de administración y control de desarrollo urbano, el académico y doctor en arquitectura y urbanismo Jesús Hernández Torres afirmó que las manchas urbanas precarias son fomentadas por grupos políticos que pretenden tener votos corporativos cautivos.
Reprochó que los políticos sepan las afectaciones que se generan a partir de las invasiones o el asentamiento humano en zonas de alto riesgo o prohibidas, y sin embargo “lo siguen haciendo, los van a dejar en terrenos de alto riesgo”.
Dijo que eso se traduce en la “compra de voto corporativo” porque los líderes venden terrenos a bajo precio, sin ningún registro ni organismo que los regule, generando precariedad y marginación porque carecen de los servicios públicos básicos como energía eléctrica, agua potable y drenaje, pero todo eso se genera a partir de los malos gobiernos, afirmó.
Las principales ciudades que tienen ese problema son Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo, y la solución que planteó fue que se legisle en ese sentido para sancionar a los líderes, políticos o cualquier personaje que permita o autorice los asentamientos en zonas prohibidas o que no cumplen con las condiciones.
Hablaron también de una posible prevención del crecimiento indiscriminado de la marcha urbana, como la creación de empleos en industrias locales en los municipios o comunidades para que las personas no se vean obligadas a aglutinarse en las ciudades grandes, porque ya no hay zonas aptas para vivienda y para áreas verdes.
Las conclusiones fueron establecer la obligatoriedad del estado y federación para que apoyen a los municipios en el control del desarrollo urbano, la creación de una gerencia de administración urbana que no se limite a los periodos de gobiernos.
Que se combata la pobreza del campo y fomentar el desarrollo económico de las comunidades pequeñas para evitar las concentraciones en las grandes ciudades, sancionar a los funcionarios públicos que cambian el uso del suelo, que se controle y limite la dotación de servicios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Telmex y organismos operadores de agua en las zonas invadidas.
La administración urbana debe ser dirigida por expertos y no por políticos, adquirir suelo urbano para la oferta de tierra, prohibir las construcciones en el litoral costero, y más atributos y funciones a la participación ciudadana.