Ordena juez reabrir el caso ABC tras revocarse exoneración a Molinar y Bours
*La nueva investigación abre la posibilidad de enjuiciar al ex director del IMSS y al ex gobernador de Sonora, tras nueva queja presentada por los padres de familia
Agencia Proceso
Ciudad de México
Luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) anunció en junio pasado la reapertura del caso de la guardería ABC, donde 49 niños perdieron la vida, un juez federal revocó la exoneración a favor de Juan Molinar Horcasitas, Daniel Karam, Eduardo Bours Castelo y Ernesto Vargas Gaytán.
La versión del portal de internet Dossier Político, que consigna que junto con Daniel Karam (también ex director del IMSS); Eduardo Bours, ex gobernador de Sonora, y el ex secretario de Hacienda de la entidad, Ernesto Vargas Gaytán, Molinar Horcasitas podría enfrentar cargos por la muerte de 25 niñas y 24 niños en la guardería ABC, debido a que “para acreditar los elementos de tipo penal y la probable responsabilidad” de los funcionarios, no se tomaron en cuenta distintos elementos.
Entre ellos, según el portal, destaca la declaración preparatoria rendida por el ex delegado federal del IMSS en Sonora, Arturo César Leyva Lizárraga, quien señaló que la renovación del contrato de subrogación de la guardería ABC habría ocurrido como consecuencia de una “instrucción directa” de Molinar Horcasitas.
El pasado 5 de junio, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Renato Sales Heredia, dijo que se estaban revisando los dictámenes sobre el incendio en la guardería y se volvería a investigar lo ya investigado.
“La instrucción del señor procurador es investigar la investigación, rehacer la investigación, ir de principio a fin”.
En aquella ocasión, la dependencia solicitó al gobierno de Sonora que detallara qué documentos había en la bodega que estaba a un lado de la guardería ABC de Hermosillo, donde un incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 provocó la muerte de 49 niños e hirió a otros 70.
Sales Heredia dijo que se había girado la solicitud, puesto que una hipótesis -apoyada por una denuncia de los padres de familia- señalaba que funcionarios cercanos al ex gobernador priista Eduardo Bours Castelo provocaron el fuego para destruir documentación relacionada con la deuda de 10 mil millones de pesos del programa Plan Sonora Proyecta.
Esos recursos están “relacionados con infraestructura carretera y otros temas. Lo que se plantea aquí es que el incendio es doloso, provocado para eliminar esta documentación, pruebas de un presunto fraude”, puntualizó.
Carlos Villalobos Organista, secretario de Hacienda estatal, confirmó que su dependencia recibió la solicitud para conocer el tipo de archivos que se quemaron. No obstante, “nos meten en un problema muy serio porque no hay evidencia de qué clase de documentos hayan estado archivados ahí”, dijo entonces.
El funcionario estatal indicó que el gobierno sonorense rentaba un centenar de bodegas en el que eran archivados documentos de diferentes dependencias.
Ese día, Sales Heredia también anunció que el 5 de julio la PGR definiría el origen -y la presunta intencionalidad- del siniestro.
Paralelamente, apuntó, se realizará “una investigación de la investigación” del caso. La indagatoria ha sido fuertemente criticada, ya que a cuatro años del siniestro no se ha concluido ni ha implicado despidos o sanciones a funcionarios de primer nivel.




