A 39 años de desaparecido sigue la falta de voluntad del gobierno para encontrar a Rosendo Radilla: Tita

*No hay un solo caso esclarecido, no hay un desaparecido encontrado, no hay un criminal sujeto a juicio”, dice en conferencia de prensa  en la víspera del Día Internacional del Desparecido

Gloria Leticia  Díaz / Apro

Ciudad de México

A 39 años de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco y casi cuatro de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoiDH) sentenciara a México por ese caso,  Tita Radilla Martínez, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de México (Afadem), denunció la falta de voluntad del gobierno de Enrique Peña Nieto para indagar sobre el paradero del luchador social detenido el 25 de agosto de 1974 por militares acantonados en Atoyac.
En conferencia de prensa en vísperas de la conmemoración del Día Internacional del Desaparecido, el próximo 30 de agosto, en nombre de las familiares de cientos de desaparecidos durante el periodo conocido como “Guerra Sucia”, Radilla Martínez resaltó que después de décadas de “marchas, mítines, huelgas de hambre, de recurrir a instancias judiciales nacionales e internacionales”, los familiares siguen esperando respuesta sobre el paradero de sus seres queridos, convencidos de que tienen “derecho a saber la verdad, saber lo que ocurrió”.
Ante cientos de demandas presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la extinta Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), Radilla Martínez agregó que hasta ahora “no hay un solo caso esclarecido, no hay un desaparecido encontrado; no hay un criminal sujeto a juicio”.
Sobre el caso concreto de la sentencia emitida por la CoIDH, dijo que “no hay avances porque no hay voluntad del Estado de avanzar en lo relevante, no hay una investigación real y efectiva para encontrar a los desparecidos, estén como estén”.
Durante los años de búsqueda no sólo de Rosendo sino de los 450 desaparecidos originarios de Atoyac, la vicepresidenta de Afadem anotó que ha escuchado comentarios que pretenden justificar los abusos: “Muchos dicen, algunos no eran inocentes (presuntamente por estar vinculados a la guerrilla), pero ¿quién tiene derecho a desaparecer a otro? Si alguno de nuestros seres queridos infringieron algo, para eso están las leyes, esto no puede seguir ocurriendo”.
Con la voz entrecortada, Radilla sostuvo que las desapariciones forzadas no sólo dañan a la víctima sino a familias enteras que acumulan un dolor que se heredera de generación en generación. “Rosendo tuvo 12 hijos, y esos hijos tienen familias, yo tuve cinco hijos, y ahora tengo 17 nietos, y todos sufren esperando que regrese su abuelo”.
Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de Afadem, repudió la impunidad en la que se mantienen los casos ocurridos desde los años 60. “Es por eso que ese delito de lesa humanidad se sigue cometiendo ahora; recordemos que el sexenio de Felipe Calderón dejó un saldo oficial de 27 mil desaparecidos, y si sumamos los casos que llevan las organizaciones tendremos unos 30 mil”, dijo.
Mata Montiel dijo que hasta ahora los operativos de búsqueda de  restos de Radilla y eventualmente de otros desaparecidos han radicado en las declaraciones de familiares de víctimas y de testigos de oídas, lo cual identificó como una de las fallas de la investigación.
“La PGR se ha negado a llamar a declarar a los perpetradores de los crímenes, por eso pedimos que se les llame empezando por el ex presidente Luis Echeverría, los generales, los mandos medios y hasta los soldados rasos que tuvieron que ver con las desapariciones de cientos de personas”, apuntó Mata Montiel.
Alejandra Nuño, directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), señaló que el expediente del caso Radilla comprende 22 tomos; 45 declaraciones ministeriales, 24 de ellas de militares en activo y retirados; pendientes de declarar; cuatro diligencias de excavación, y se cuenta con un perito para revisar documentos castrenses en el Archivo General de la Nación (AGN), Jesús Díaz Romero, que asumió la encomienda en abril de este año.
Nuño cuestionó que mientras públicamente se hable de disposición para localizar al dirigente campesino, en los hechos se ponga trabas a la investigación: “Hay una bóveda en el AGN donde están documentos de la PGR y archivos castrenses a la que nadie tiene acceso, ni siquiera el perito, quien ya nos dijo que por carga de trabajo va a entregar un informe hasta abril de 2014”, señaló.
Entre los documentos castrenses vedados están el Plan Telaraña, dirigido al exterminio de la guerrilla de Lucio Cabañas en Atoyac; órdenes y radiogramas de los puesto de revisión en agosto de 1974, y mensajes de la detención de Rosendo Radilla; los registros de ingreso de detenidos al cuartel militar de Atoyac; la lista de integrantes del III Batallón de Infantería, que estaba acantonado en Atoyac, de los miembros del II Batallón de Policía Militar encargado de los interrogatorios a los detenidos.
La defensora apuntó que además de las fallas en la investigación, el Estado mexicano ha sido omiso en aprobar las reformas al Código de Justicia Militar y al Código Penal Federal, sobre la tipificación de la desaparición forzada.
Alejandra Nuño reconoció que hasta ahora la única forma de destrabar el caso Radilla es “continuar presionando desde afuera, recurriendo a instancias internacionales, cabe recordar que en octubre sesionará el pleno de la CoIDH en México, y que el 23 de octubre el Estado mexicano será sometido a la revisión del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra”.
Tras exhortar al gobierno mexicano a que autorice la visita del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, que ya ha solicitado su ingreso a México, la directora de la CMDPDH dijo que los esfuerzos de los familiares por la localización de desaparecidos de los años setenta continuará en el sistema interamericano.

Reprochan desapariciones
forzadas

A más de 40 años de la Guerra Sucia, el Estado Mexicano sigue utilizando los mismos métodos de desaparición forzada para imponerse en la población, denunció este miércoles el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Durante una conferencia enmarcada en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se conmemora el 30 de agosto, Andrés Díaz, abogado de la organización civil, afirmó que la prueba es la continuidad impune de ese delito y la estela de víctimas que a la fecha no encuentran justicia.
Dijo que el fenómeno sólo ha mutado a lo largo del tiempo, pues antes el Estado justificaba las desapariciones y muertes con el argumento de que se trataba de guerrilleros o personas que desestabilizaban el país y ahora la excusa es que las víctimas pertenecen al crimen organizado.
Consideró que en ambos casos persiste el desinterés de las autoridades por esclarecer los crímenes, lo cual quedó demostrado al cerrar la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), de la PGR, en 2006.
“Hay que entender que existen miles de víctimas de desaparición forzada especialmente por la impunidad que generaron y porque nunca tuvieron claro los servidores públicos que no se podían hacer estas cosas”,  reprochó el litigante.
“Un soldado en otro país donde sí hay juicios la piensa dos veces antes de dañar a alguien, en México no. En México saben que después de cometer este tipo de crimen o tortura no hay ningún proceso contra ellos”, expresó.
Díaz insistió que con la desaparición de la Fiscalía se truncó el camino de los casos que ya tenían un avance en las investigaciones, y la vuelta al poder del priismo no tiene el interés de darles cauce.
“Con el regreso de este gobierno pues nosotros vemos que el discurso oficial va encaminado a las desapariciones forzadas del Calderonato, del sexenio de 2006 al 2012, de las desapariciones forzadas recientes, desligándose de su responsabilidad sobre las desapariciones de las época de los 60, 70 y 80, como si la desaparición forzada hubiera sido creada en 2006, cuando ya existía”, aseveró.

“El Ejército sigue siendo
intocable”

Martha dice que tiene miedo, pero elige denunciar públicamente su desaparición forzada para que se castigue a los servidores públicos responsables y que las autoridades reconozcan la existencia del delito.
La mujer es una de las pocas sobrevivientes de la Guerra Sucia, y este miércoles decidió dar su testimonio para exponer las aberraciones de los militares.
El 19 de agosto de 1977 ella, una vecina y su esposo fueron detenidos por soldados en una vivienda de Culiacán, Sinaloa, y llevados a la Novena Zona Militar. La detención derivaba de su filiación a la Liga 23 de Septiembre.
En un cuartel, la joven, de entonces 21 años de edad y quien tenía 8 meses de embarazo, fue sometida a torturas, vendada de los ojos y amarrada.
Una de las escenas más crueles que vivió fue la castración de su esposo José Manuel Alapizco Lizárraga, que horas después sería asesinado de un balazo en el cuello.
A los 40 días de su encierro y sin cuidados médicos dio a luz a su bebé.
“Decían ‘mira el bastardo tiene unos ojotes lo vamos a bautizar’, y le ponían en la cabeza la metralleta”, explicó.
Después de que sus padres pagaron un rescate millonario a las autoridades, fue liberada.
Su caso fue asumido por la entonces Femospp, pero quedó truncado cuando a un día de finalizar su sexenio, Vicente Fox erradicó esta área de la PGR.
Martha ha denunciado que su experiencia corresponde a una desaparición forzada, delito de lesa humanidad, no obstante, las autoridades repetidamente han negado darle esta categoría, por el contrario, sólo lo reconocen como privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y homicidio.
La importancia de que se reconozca como ilícito de lesa humanidad es que no tiene prescripción y aún puede juzgarse, no así con el resto de las tipificaciones que ya expiraron.
“El Ejército sigue siendo intocable, no han manera de que se les castigue”, reprochó. (Con información de Agencia Reforma)