La represión a la Comunitaria puede causar una confrontación, advierte la CETEG

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), Minervino Morán Hernández, denunció que se sigue imponiendo la política autoritaria del gobierno federal, ahora contra la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de El Paraíso, luego de que se dio a conocer el auto de formal prisión contra la coordinadora de Olinalá, Nestora Salgado García, antes de que se cumpliera el plazo constitucional.
Explicó que como en otras ocasiones, a nivel central se decide, por encima del gobierno del estado, y se confirma que en Guerrero no hay soberanía, “se imponen decisiones y se controla”, como ocurrió con el Movimiento Popular Guerrerense que se pronunció contra las reformas estructurales hace unos meses.
El dirigente magisterial también señaló que es preocupante que se siga recrudeciendo la confrontación del Ejército contra la Policía Comunitaria, por los altercados en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional en Cruz Grande, donde los soldados desarmaron a los comunitarios, y en Tixtla, donde se confrontaron con policías municipales para exigir la libertad de todos los detenidos y en proceso de arraigo porque se atrevieron a defender sus territorios.
Recordó que en el movimiento estatal contra las reformas en materia educativa las autoridades también recurrieron a la detención de cuatro activistas, que enviaron a penales de máxima seguridad para advertir a los demás el destino que podía esperarles.
Morán subrayó que la CETEG va a seguir manifestando solidaridad a la Policía Comunitaria y va a demandar el cese a la represión, aunque en este momento una representación del magisterio movilizado de Guerrero se encuentra en la ciudad de México, participando en las acciones contra la reforma educativa, energética y fiscal, así como en las mesas de negociación para tratar de influir en el Congreso de la Unión con sus propuestas.
Aseguró que en el estado van a insistir en la libertad de Nestora Salgado y los demás policías comunitarios en prisión y arraigo en Acapulco, así como ante el gobierno federal para que instale una mesa de diálogo donde se busque una solución al conflicto.
Advirtió que se deben evitar nuevas confrontaciones para evitar que cualquier situación se salga de control, aunque aceptó que no se vislumbra intención de las autoridades para retomar el diálogo, “se está imponiendo la política autoritaria”.
Destacó la intervención de Servicios y Asesorías para la Paz en este conflicto, que medió entre el gobierno estatal y la normal de Ayotzinapa tras el asesinato a balazos de dos estudiantes en el desalojo de diciembre de 2011, y en el movimiento magisterial hace unos meses.
Consideró que la asociación civil puede ayudar a distender el conflicto con la Policía Comunitaria, pero el gobierno tendría que repensar más sus acciones, “porque sí  se puede dar, con mayor agudización, una confrontación”.
Sobre el movimiento que encabeza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en México, destacó que hay mesas de trabajo con los diputados y senadores para discutir las reformas estructurales, pero todavía no hay acuerdos para llevar sus propuestas al pleno del Congreso.
Aunque de lograr algunos avances, no descartó que sean omitidos en la discusión final en plenaria, como hicieron en Guerrero, con la propuesta de reforma a la Ley Estatal de Educación que se construyó con el MPG.
Subrayó que es evidente que hay muchos intereses alrededor de las reformas estructurales, pero confió en que con la movilización de un gran número de maestros en el DF sean tomadas en cuenta.