Envía Aguirre al Congreso el proyecto de Policía Rural; no incluye a la CRAC

*Se aplicará “en aquellos municipios o localidades en los que, por consenso social, hayan creado o creen sus propios cuerpos de policía”. Las armas que utilice deberán sujetarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, prevé

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

El gobernador Angel Aguirre Rivero envió ayer al Congreso del estado su iniciativa de reforma a la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado, para crear el Cuerpo de Policía Rural, con la cual pretende regular a las policías ciudadanas creadas para enfrentar al crimen organizado, pero no hace alusión a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que ya está regulada por la Ley 701.
El gobernador lo justifica diciendo que es en respuesta “a la legítima demanda de la población de varios municipios de la entidad, de contar con servicios de corporaciones de policías conformadas con ciudadanos de las propias localidades, el titular del Poder Ejecutivo ha considerado pertinente enviar la iniciativa para crear el Cuerpo de Policía Rural del estado, como órgano operativo y permanente de la seguridad pública estatal, en aquellos municipios o localidades en los que, por consenso social, hayan creado o creen sus propios cuerpos de policía”.
Fue a la una de la tarde con 26 minutos de este miércoles, cuando un empleado del gobierno llevó el oficio con la iniciativa de reforma firmada por el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, y la entregó en la Oficialía de Partes del Congreso local.
En el oficio, Garnelo Martínez da a conocer que por “instrucciones del Lic. Angel Heladio Aguirre Rivero, gobernador constitucional del estado”, envía la iniciativa de decreto por el que se adiciona el Capítulo V del Título Tercero, con los artículos 48 Bis, 48 Bis 1, 48 Bis 2 y 48 Bis 3, de la Ley Número 281 de Seguridad Pública.
La iniciativa tiene como antecedente la presión que ejercieron sobre el gobierno del estado empresarios, comerciantes, políticos, transportistas y ciudadanos afectados por las acciones de la Policía Ciudadana, que primero fueron creadas por el líder mixteco de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, y avaladas y respaldadas por el gobernador Angel Aguirre Rivero hasta la aparición de estos cuerpos de seguridad en Huamuxtitlán y Olinalá, ante la falta de seguridad pública.
En su iniciativa, el gobernador alude al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, que, dice, nace del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 131, fracción VII de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado, “que tiene por objeto regular y controlar la función del servicio de seguridad pública y sus corporaciones, así como crear los mecanismos para vincular la participación de la comunidad en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública municipal”.
Sobre la ley local en materia de seguridad pública, el gobernador indica que en el artículo cuarto se establece que “la seguridad pública es una función de servicio prioritario y permanente del estado y los municipios, con la participación de la sociedad en general, en el ámbito de sus respectivas competencias” y que tiene por objeto, entre otros, preservar las libertades con arreglo a la ley, mantener el orden y la paz pública, así como prevenir y combatir la comisión de delitos.
Por tal razón –argumenta el gobernador— “la sociedad civil demanda de una corporación de policías especializados, capacitados, evaluados y con un alto grado de ética profesional en el ejercicio de sus funciones, que permita como se dijo, la existencia del Estado de derecho en municipios en donde por sus características geográficas se dificulte brindar el servicio de seguridad pública municipal”.
Esgrime el gobernador “que con la creación de un cuerpo de policía rural dependiente del Sistema Estatal de Seguridad Pública, enfocado a atender a la zonas vulnerables en donde las policías municipales no tengan capacidad de respuesta efectiva, se dará una mejor atención, más oportuna a la problemática delincuencial; este cuerpo policial tendrá el carácter operativo y permanente de la seguridad pública, debiendo capacitarse y evaluarse en términos de la legislación federal y estatal aplicables”.
“Asimismo, en lo que respecta a la adquisición, conservación, manejo y uso de las armas, deberán sujetarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y demás normatividad aplicables”, señala la iniciativa.
El gobernador añade en la iniciativa que “atendiendo la legítima demanda de la población de varios municipios de la entidad, de contar con servicios de corporaciones de policías conformadas con ciudadanos de las propias localidades, el titular del Poder Ejecutivo ha considerado pertinente enviar la iniciativa para crear el Cuerpo de Policía Rural del estado, como órgano operativo y permanente de la seguridad pública estatal, en aquellos municipios o localidades en los que, por consenso social, hayan creado o creen sus propios cuerpos de policía”.
Se indica que el Cuerpo de Policía Rural “estará integrada por aquellas personas que sean elegidas por las asambleas comunitarias, en donde se cumpla con, al menos, el 75 por ciento de la votación favorable de los ciudadanos de la comunidad o población de que se trate. Esta policía estará constituida por personas de reconocida honorabilidad y prestigio”.
Además, que los integrantes de esa “corporación policial territorial”, sólo podrán actuar dentro de la circunscripción territorial del municipio o localidad en que se hayan creado, con estricto apego a las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen”.
Firman la iniciativa, el gobernador Angel Aguirre Rivero, el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, y el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, almirante Sergio Javier Lara Montellano.
En marzo anunció la iniciativa

La pretensión del gobernador para regular a las policías ciudadanas tiene sus antecedentes en marzo, cuando posterior a una reunión en la Secretaría de Gobernación en la ciudad de México, anunció en entrevista que en esa misma semana –la del 18 al 24 de marzo-, enviaría al congreso local la iniciativa para reglamentar las policías comunitarias.
El anuncio del gobernador ocurrió un día después de que los movimientos de autodefensa de Coyuca de Benítez y Acapulco señalaron que no se ceñirían al modelo de mando único de la federación, porque apostaban a la creación del cuarto orden de gobierno, es decir, las comunidades como un poder íntegro, por lo que el gobernador insistió en la entrevista que la reglamentación significa que los policías comunitarios no puedan salirse de sus jurisdicciones.
Además, en esa entrevista en la Secretaría de Gobernación, el gobernador señaló que todos aquellos policías que pertenecen a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), aproximadamente 900 policías, tienen más de 17 años operando y están dentro del marco legal.
Y lo presumió: “están debidamente uniformados, dan la cara, los conocen en sus comunidades, y los otros grupos que se autodenominaron de autodefensa ya están en la fase para reglamentarse, especialmente en Ayutla y en Tecoanapa, a través de la UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero)”.
Según dijo en esa ocasión el gobernador, la UPOEG ha visto con simpatía su propuesta, no así la CRAC, “porque ellos dicen ‘no tengo necesidad de que me reglamenten lo que ya tengo reglamentado’, y en parte tienen razón. Es una iniciativa que el señor secretario de Gobierno ha elaborado con mucho tino y, además, la hemos socializado con las organizaciones”, sostuvo.