Humberto Musacchio

Reformas en cascada, suicidio  político

Al llegar Carlos Salinas de Gortari a la Presidencia se encontró con un país devastado por las políticas económicas que él mismo aplicó en el sexenio anterior. Se topó también con una población anonadada por la brutal disminución de su nivel de vida. La medicina que se aplicó entonces resultó peor que la enfermedad, pues salvo Pemex y el sector eléctrico, procedió a rematar toda propiedad pública susceptible de venderse.
Esa desaforada liquidación le aportó al erario fondos suficientes para crear el espejismo de un súbito progreso, pero fue el principio del fin para el viejo régimen, al que quitó la capacidad de maniobra que le daba el sector público de la economía, pues además de la liquidez y otros recursos útiles para el fomento económico y el control político, se privó al partido gobernante de un número de empleos ejecutivos que se calcula entre 130 mil y un cuarto de millón.
Hoy, perdidos ya los soportes del antiguo orden político, se quiere repetir la película del salinato con nuevos actores y en una realidad muy distinta. Pero éste es otro país y lo único pendiente de vender es Pemex y lo que resta del sector eléctrico, pues se estima que la generación por firmas privadas anda en 52 por ciento del total. En el caso de los hidrocarburos, que el Premio Nobel Joseph Stiglitz recomienda no privatizar, el actual gobierno se enfrenta a una recia ideología que el PRM-PNR-PRI creó y fomentó a lo largo de sesenta años y que encarnó en la identificación de petróleo y nacionalismo. Se dirá que es mera ideología, sí, pero es de aquella que cobra fuerza material cuando está arraigada en la cabeza de la gente y puede transformarse en resistencia.
Por otra parte, ante la movilización masiva de los profesores de la CNTE y aun de sectores del sindicalismo oficial, lo aconsejable sería negociar y buscar consensos antes de emprender otras reformas. Pero mientras diputados y senadores abren mesas de diálogo con los maestros, desde Bucareli se anuncia que la reforma oficial se hará pese a los vientos de inestabilidad social. La soberbia gubernamental se retroalimenta de las plumas y voces pagadas y la cúpula del poder se aísla de la realidad.
No habrá reforma educativa que camine si no valora las propuestas de los docentes y no cuenta con el asentimiento de los únicos  –insistamos: los únicos– que pueden llevarla a la práctica, que son los profesores mismos. Es probable que las demandas magisteriales no estén expresadas con claridad ni con la necesaria concreción, pero es deber de las autoridades descifrar las causas de toda rebeldía social para pasar del conflicto a la negociación y al acuerdo.
No parece prudente imponer reformas en cascada, a la manera salinista. No hay condiciones para que ese proceso sea viable. El gobierno federal puede contar con el celestinaje de los partidos de oposición, pero por encima de esos arreglos de salón se despliega un movimiento social de gran envergadura.
Quienes ladran exigiendo mano dura, represión a cualquier costo, olvidan que hay zonas del territorio en manos de la delincuencia, áreas donde ya no rige el Estado mexicano. Olvidan también que los grupos de autodefensa armada son consecuencia de la incapacidad de las autoridades para garantizar los elementales derechos a la propiedad y a la vida. Olvidan que tres de cada cinco familias viven con menos de cuatro salarios mínimos. En fin, que la política de dar palo sin zanahoria lleva a un callejón sin salida institucional, es suicida para las fuerzas del orden.