Debe señalar la CNDH a los responsables intelectuales del desalojo, piden normalistas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La comunidad de alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa llevará su caso a los tribunales internacionales, si el informe final de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no señala a los responsables intelectuales de la represión a la manifestación estudiantil, donde fueron asesinados dos de sus compañeros.
Informó lo anterior el dirigente estudiantil Pablo Juárez Cruz, tras el homenaje luctuoso que se realizó en la Normal Rural a tres meses de la muerte de los normalistas, donde participaron sus deudos y representantes de organizaciones sociales.
En entrevista, el joven admitió que tienen poca información sobre los instrumentos internacionales de justicia, pero afirmó que si no encuentran justicia en el país, “los van a tener que aprehender”.
Los estudiantes han señalado como responsables directos de la represión y desatención a sus demandas educativas, que motivaron sus movilizaciones, al gobernador Ángel Aguirre Rivero, al secretario de gobierno, Humberto Salgado Gómez, y a la secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez.
Sobre el proceso de la Procuraduría General de la República (PGR), que acusó al ex procurador Alberto López Rosas, de evasión de la justicia por no actuar contra los agentes ministeriales que fueron acusados del homicidio de los estudiantes en la Autopista del Sol, y de evasión de reos, que implica a los normalistas liberados luego de la represión policiaca, Juárez no descarto algún tipo de represión por parte de los gobiernos estatal o federal.
Recordó que en cada año de lucha “cuando las cosas se han calmado”, las autoridades han liberado órdenes de aprehensión contra los líderes del movimiento, pero en esta ocasión afirmó que uno de los primeros acuerdos del gobierno del estado con la comisión civil de interlocución que los representa en las mesas de diálogo, fue que no habría detenciones de estudiantes por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Entonces, Aguirre Rivero dijo que en el estado no se iniciarían acciones contra los estudiantes, pero no podía intervenir en el ámbito federal
Sobre las medidas de seguridad para los normalistas, en particular de aquellos que fueron detenidos y maltratados, que es parte de las mesas de trabajo, reiteró que aún no se han concretado.
Respecto a la resolución de la CNDH, que por primera vez en su historia realiza una investigación especial con carácter vinculante para el Estado mexicano, y que se espera sea dada a conocer en unos días, Juárez Cruz dijo “ojalá y no nos decepcione, y vamos a esperar su dictamen”.
Juárez Cruz aseguró que en caso de que no se establezcan las condiciones de una justicia integral, van a continuar sus movilizaciones: “Aún no sabemos si serán las mismas estrategias de lucha, pero algo tenemos que hacer, esto no puede quedar así, hay responsables intelectuales y hay responsables materiales, pero sobre todo también hay quienes tienen que pagar esta muerte de los compañeros”.
Además, aseguró que la represión se queda en la memoria de los normalistas, “y tiene que seguir la lucha de Ayotzinapa por la justicia y la educación pública”.
Anunció que se sumarán a las movilizaciones de la Normal Rural Vasco de Quiroga en Tiripetío, Michoacán, que desde diciembre viven una situación similar a la que padeció Ayotzinapa, por exigir la publicación de la convocatoria de nuevo ingreso, y se solidarizó con la Escuela Normal Rural Benito Juárez, de Panota, Tlaxcala, que hace cuatro meses no tiene clases por un conflicto con la dirección.
Sobre los trabajos de la comisión civil de interlocución, que tras el conflicto con el gobierno del estado permitió la publicación de la convocatoria del ciclo escolar 2012-13 con el consenso de los estudiantes, anunció que viene un proceso de trabajo más largo y riguroso, sobre la educación normal, donde “tenemos que poner todo nuestro empeño”.
Afirmó que no van a retomar el diálogo directo con el gobierno del estado, las negociaciones continuarán a través de la comisión de interlocución que coordina Servicios para la Paz, pues rechazaron la propuesta que hizo en este sentido el gobierno por medio de la comisión.
Confirmó que aún tienen retenidas unidades del transporte público para trasladarse a sus prácticas escolares en las comunidades rurales, porque devolvieron el autobús donado por el gobernador por la indignación por los estudiantes muertos, que además, aseguró estaba en malas condiciones, a hora está abandonado cerca del tiradero municipal, “ni el gobierno lo quiso”.