Revela estudio abusos y falta de profesionalización en Migración

El Instituto Nacional de Migración (INM) carece de personal profesional y capacitado que actúa con impunidad en contra de los extranjeros indocumentados.
A esta conclusión llegó el Diagnóstico del Instituto Nacional de Migración Hacia un sistema de rendición de cuentas en pro de los derechos de las personas migrantes en México, elaborado por el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).
El documento critica que históricamente el INM no implementa el servicio profesional de carrera pues las vacantes son ocupadas por conocidos y amistades de los funcionarios o mediante convocatorias a través de las cuales se recluta a gente cuyas cualidades no son las idóneas.
Los perfiles para los puestos a desempeñar son poco específicos e incongruentes.
Un ejemplo, dice el informe, es que en el grupo de licenciatura con título y con más dos años de experiencia se incluye tanto a un chofer, como al jefe de departamento de asuntos jurídicos o al jefe de departamento de control y seguridad de formas migratorias, cuando estos últimos realizan funciones más extensas e importantes que el primero.
Otro aspecto relevante es la inexistencia de protocolos del uso de la fuerza, por tanto, son frecuentes los abusos al momento de detener a migrantes indocumentados en redadas ya que se les golpea, tortura, detiene arbitrariamente e incluso extorsiona o secuestra.
Sonja Wolf, coordinadora del estudio, indicó que ninguna limpia o reingeniería en el INM ha dado resultados positivos porque no se castiga penal y administrativamente a los servidores públicos que incurren en irregularidades.
“Lo que vemos es que cuando hay malas prácticas la gente renuncia o se le pide la renuncia y se va.
“Si realmente el Instituto quisiera hacer una depuración efectiva entonces debería investigar los casos de malas prácticas que se dan y no quitar a la gente porque se va a laborar a otras instituciones o se regresa al INM, entonces las prácticas siguen dándose”, expresó.
Prueba de ello es que sólo 27 servidores públicos fueron sancionados o procesados por violar los derechos humanos de migrantes en el periodo de 2006 a la fecha.
Las sanciones impuestas incluyeron suspensiones de tres a 30 días, así como amonestaciones públicas, sólo hubo dos destituciones con inhabilitación por un año y dos años respectivamente.
Al mismo tiempo, en dicho periodo, las bajas por renuncia ascendieron a 4 mil 609.
Wolf criticó además que las capacitaciones son exiguas pues tienen una duración de cuatro a 8 horas, a ello se suma la falta de mecanismos efectivos de supervisión del personal.
Los malos tratos y abusos cometidos por personal migratorio generan cada mes un promedio de 34 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). (Henia Prado / Agencia Reforma / Ciudad de México).