Por segundo día, se mantiene en huelga de hambre el esposo de Nestora para demandar que la liberen

*La hija de la coordinadora de la CRAC en Olinalá la visitó en el reclusorio de Tepic y le dijo que cuando fue arrestada los marinos la obligaron a firmar un documento del que desconoce el contenido

Mariana Labastida

Por segundo día, el esposo de la dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Olinalá, Nestora Salgado García, José Luis Ávila Báez continúo la huelga de hambre que inició el miércoles afuera de Jackson Federal Building de Seatle, en Estados Unidos.
Informó que una de sus hijas vio a la coordinadora la tarde del miércoles, “en detalle no sé todo, me dijo que dentro de la prisión no la han maltratado, que los marinos y militares sí la maltrataron, pero donde está ahorita esta bien”.
Vía telefónica, Ávila Báez manifestó que continúa con la huelga de hambre que emprendió para exigir la libertad de Nestora Salgado, que fue detenida el 21 de agosto en Olinalá y recluida el 23 en una cárcel de máxima seguridad en Tepic, Nayarit.
Informó que su hija Saira Rodríguez, que vive en Guerrero, se trasladó a Tepic y vio a Nestora Salgado el miércoles por la tarde, y que estaba en esperaba de que le diera información si pudo entrar nuevamente a verla el jueves por la mañana, porque les faltaban detalles de su detención.
“Queremos saber las cosas que pasaron en el camino, a qué hora la presentaron ante el juez, de dónde a dónde la llevaron y cómo la trasladaron”, dijo Ávila Báez, quien agregó que la familia esperaba tener esa información para poder utilizarla en la defensa de su esposa.
En la edición en Internet del diario Los Angeles Press, se publicó ayer una entrevista con la hija de Nestora Salgado, Saira Rodríguez, quien la visitó en el reclusorio de Tepic, y dijo que está con vida y que al parecer no fue torturada físicamente.
“Su rostro está limpio, no se le ven moretones, pero está quebrada psicológicamente, por la gran injusticia que está viviendo, nunca la había visto así”, señaló Saira Rodríguez, quien habló con su madre a través de la reja del locutorio.
Dijo a Los Ángeles Press que cuando arrestaron a su madre, no la dejaron decir que era ciudadana estadounidense, ni le dejaron usar sus documentos de identificación. No le permitieron hacer ninguna llamada, y la obligaron a firmar un documento que desconoce el contenido, pero que supone ella era una declaración de culpabilidad por los cargos que le imputan de secuestro y tortura por denunciar a las autoridades locales sus vínculos de narcotráfico.
Cuenta Rodríguez que su madre, con la voz quebrada y con la desesperanza en la mirada, narró los hechos. Primero la detuvieron arbitrariamente unos 20 militares, en 15 vehículos y luego se la llevó la Marina en dos vehículos oficiales. El día que se la llevaron de Olinalá a Chilpancingo, durante cuatro o cinco horas, no la dejaron ir al baño.
“Dijo que todo fue muy rápido, señala la hija, y allí en Chilpancingo, la Marina la subió de prisa a un helicóptero para llevarla a Acapulco”. También dijo que no la dejaron declarar, y en la Procuraduría General de la República (PGR) la obligaron a firmar un documento que no le permitieron leer ni tampoco le dijeron de qué se trataba. De Acapulco la trasladaron a Tepic, Nayarit, al penal de máxima seguridad, donde estuvo incomunicada durante siete días de su familia.
Saira Rodríguez dijo a Los Ángeles Press que la Marina le robó sus pertenencias a Nestora, porque al solicitarlas en la PGR, los funcionarios le dijeron que la Marina no había reportado ninguna pertenencia personal.
Rodríguez hizo un recuento del robo de los militares: su bolso en el que traía su celular, documentos de la Policía comunitaria, 15 mil pesos que acaba de recaudar por la venta de gas LP para los gastos de coordinación y la policía, una cámara digital, sus anillos de matrimonio de y varias alhajas de oro.
La nota informa que Nestora Salgado tiene nacionalidad estadounidense y ha trabajado en el desarrollo de la comunidad desde hace cuatro años.  Organizó la Policía Comunitaria de Olinalá como forma de protección y seguridad contra la delincuencia organizada. Sus denuncias sobre los vínculos de narcotráfico del alcalde del PRI, Eusebio González, su secretario Omar Jiménez y el síndico Armando Patrón Jiménez, son el motivo por los que se dio la detención arbitraria y la privación de su libertad contra derecho.
Su familia lo considera un secuestro de Estado, con el que las autoridades federales están protegiendo a narcotraficantes, dice la nota informativa del diario que se publica en español.