Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* Manipulación de la ley y saña

* Todo contra Nestora Salgado y los comunitarios

Antes de la detención de Nestora Salgado García, el gobernador Ángel Aguirre Rivero se mostró empeñoso en difundir la versión de que la CRAC había expulsado de sus filas a la Casa de Justicia de El Paraíso, a la que pertenece la Policía Comunitaria de Olinalá. Y después de la detención, el procurador Iñaki Blanco Cabrera inventó, y lo dijo para dejar un registro público de ello, que Nestora Salgado había pedido un rescate por el síndico de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, detenido por la Policía Comunitaria. En esas dos versiones se sustenta el caso fabricado por el gobierno contra Nestora Salgado (aún se ignora cuáles son los cargos concretos contra la veintena de policías comunitarios detenidos, incluido Bernardino García, el coordinador de El Paraíso).
Pero las dos versiones son falsas. La Casa de Justicia de El Paraíso no ha sido expulsada por la CRAC porque no se ha realizado un procedimiento con ese fin, sino que el coordinador de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, dice que está expulsada. Villar Castillo dijo lo anterior cuando hace tres semanas El Paraíso apoyó a la UPOEG en el conflicto surgido en El Pericón con el Ejército, pero fue y sigue siendo una declaración periodística y en todo caso expresa la pretensión de expulsar al grupo de Ayutla. Días antes de la detención de Nestora Salgado, las declaraciones de Eliseo Villar fueron interpretadas por el gobernador Ángel Aguirre como un hecho consumado, y en una actitud que no le correspondía asumir, también él decretó que esas policías comunitarias ya no pertenecían a la CRAC. Ahora se entiende por qué lo hizo.
Sin adherencia a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) –la instancia legalmente prevista para coordinar a la Policía Comunitaria–, la Comunitaria de Olinalá y cualquier otra no es sino un grupo de ciudadanos armados que carecen del amparo de la Ley 701 que brinda cobertura legal a la CRAC, y en esas condiciones están expuestos a ser acusados de toda clase de delitos sin poder invocar la legalidad de sus actividades. Pero el punto es que la Comunitaria de Olinalá sí pertenece a la CRAC, y por lo tanto no está al margen de la ley, y que ni Nestora Salgado ni los policías comunitarios secuestraron a nadie.
El juez Marco Antonio Ordorica Ortega, que dictó el auto de formal prisión contra Nestora Salgado, se hizo eco de las posturas del gobierno del estado y de la Procuraduría y admitió la consignación por el delito de secuestro “agravado”, dando por cierta la versión creada por el procurador Iñaki Blanco de que hubo una petición de rescate por el síndico Armando Patrón Jiménez. Se desconoce en qué términos y con qué pruebas figura esa acusación en los documentos remitidos por la Procuraduría al juez, pero lo más probable es que se haya hecho sin pruebas o con pruebas fabricadas, pues el mismo Patrón Jiménez dijo en una conferencia de prensa el miércoles pasado que carece de pruebas para sostener el señalamiento de que Nestora Salgado pidió a la familia dinero para que la Policía Comunitaria lo liberara.
La manifiesta fragilidad jurídica de las acusaciones contra Nestora Salgado revela la existencia de una trama urdida por las autoridades con el propósito de descabezar, dividir y hundir a la CRAC, no solamente al ala de El Paraíso a la que pertenece Nestora Salgado sino también a la matriz asentada en San Luis Acatlán, que en esta coyuntura va de la mano del gobierno y ha dado la espalda a la casa de Ayutla (al menos lo ha hecho su coordinador Eliseo Villar, en cuyas declaraciones se basa el gobierno para desconocer la legal existencia de esta última, aunque otros de sus integrantes han aclarado públicamente que no es así). La desaparición de la CRAC convendría a los intereses económicos y políticos que apetecen los recursos que posee la región de La Montaña, como los yacimientos minerales, y no asombraría que la actual campaña contra las organizaciones comunitarias tuviera el objetivo de desarticular la oposición social a esos intereses.
A ese plan se debe sin duda el traslado de Nestora Salgado a una prisión federal de Tepic, Nayarit, y el régimen de incomunicación al que está sometida como si fuera reo de alta peligrosidad (el miércoles su familia aún no había podido hablar con ella ni siquiera por teléfono, y sólo la CNDH pudo verla), y el hecho de que, en una actitud anticonstitucional, el juez dictara la formal prisión antes de que se agotara el plazo para que los abogados defensores entregaran pruebas a su favor. Por las mismas razones el gobierno no ha podido explicar la reclusión de Nestora Salgado en Tepic, cuando el delito del que se le acusa es de competencia estatal. El secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, dijo que el traslado lo había ordenado el juez Ordorica Ortega, pero el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Luis Alfonso López Celis, lo desmintió y estableció con toda precisión que el sitio de reclusión es algo que no le corresponde decidir a los jueces. Con todo lo anterior, queda en evidencia que el gobierno de Ángel Aguirre Rivero manipula la ley y al Poder Judicial para castigar a la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, de lo cual quizás aspira a extraer una lección para el resto de policías ciudadanas, incluidas las de la UPOEG, a las que en su momento él apoyó con entusiasmo.
La detención de Nestora Salgado y el auto de formal prisión dictado en su contra violan ostensiblemente la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado, que con todo detalle ampara las actividades de la Policía Comunitaria y en ningún artículo o fracción prevé su desconocimiento por un conflicto interno entre las comunidades integrantes de la CRAC. Menos dice que el gobernador posea la facultad de señalar quién sí y quién no pertenece a esa institución indígena. Por otra parte, al contrario de lo que también dijo el síndico Patrón Jiménez, la Policía Comunitaria sí está autorizada por la Ley 701 para detener a cualquier infractor, aun si se trata de un criollo arrogante como él.
Presentar a Nestora Salgado como una secuestradora y a la Policía Comunitaria de Olinalá, Tixtla y Ayutla como simples grupos armados es una estrategia que sólo podría prosperar si se pisotea la ley. En la primera semana después del arresto así ha ocurrido, pero tarde o temprano  un juez que no sea lacayo del gobernador tendrá que interponer su buen juicio y poner a los detenidos en libertad.

Peña Nieto y los maestros, choque inminente

El presidente Enrique Peña Nieto dijo el miércoles que no claudicará ni habrá marcha atrás en la reforma educativa. En realidad esa ha sido su postura desde que la iniciativa fue presentada al Congreso, pese a la inconformidad de los maestros de la CNTE. El hecho de que Peña Nieto haya recordado la inamovilidad de su proyecto cuando el magisterio disidente realiza en la ciudad de México movilizaciones que han provocado la satanización de sus demandas y un linchamiento mediático indigno de un gobierno demócrata, perfila la agudización del conflicto y un endurecimiento oficial que podría terminar en una violenta represión. Es posible que Peña Nieto se incline por esta opción, y que por ello haya cancelado su viaje a Turquía y limitado su mensaje por su primer informe al ámbito de la residencia de Los Pinos. El origen del problema es el autoritarismo con que el gobierno pretende imponer esa reforma (y otras), sin consultar y sin tomar en cuenta la opinión de los maestros.

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