Liberará a los detenidos pero no permitirá el desarme de sus policías, responde la UPOEG

*Suelta al ex jefe de la policía de Marquelia y al último taxista que tenía

* No quieren enfrentarse a las fuerzas armadas, dice

Entregará a los detenidos pero no permitirá su desarme, responde la UPOEG a Aguirre

*Su estrategia será pacífica, sin confrontarse con las fuerzas armadas, asegura Mauro Rosario Ayodoro.

*Revela que en febrero, al entregar a los detenidos, salvaron al gobernador del desafuero que pretendía el gobierno federal

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Unión  de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) resolvió entregar a sus detenidos al gobierno del estado, sobre todo aquellos que cuentan con averiguaciones previas y que son acusados de delitos graves.
Sin embargo, resolvió que evitará el desarme, y para ello ayer se reunieron en alguna comunidad de la región de la Montaña a fin de tomar acuerdos en ese sentido.
El gobernador Ángel Aguirre Rivero declaró el jueves en Acapulco que su gobierno procederá con el desarme de la Policía Ciudadana (PC) de la UPOEG y que “rescatará” a los presos que tiene esta agrupación, como ya lo hizo con la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de El Paraíso.
Consultado al respecto, el promotor regional de la UPOEG y coordinador regional del Sistema de Seguridad Ciudadana, Mauro Rosario Ayodoro, informó que “al gobernador Ángel Aguirre Rivero ya se le olvidó que por nosotros no fue desaforado, como pretendía el gobierno federal en febrero pasado, cuando le dio un ultimátum para que nosotros entregáramos a los presos que teníamos entonces”.
Rosario Ayodoro reveló que en esa ocasión, “gracias” a la intervención del senador perredista Sofío Ramírez Hernández la dirigencia de la UPOEG aceptó entregar los presos que tenía, debido a que el gobierno federal había advertido al gobernador que si la UPOEG no entregaba esos presos, sería desaforado del cargo, “por eso nosotros accedimos para que él no se viera afectado”.
El dirigente de la UPOEG se refirió a los detenidos que entregó la UPOEG a la Procuraduría de Justicia del estado la madrugada del 19 de febrero, en Ayutla. Antes, el 8 de febrero, el entonces movimiento de autodefensa que después se convirtió en Sistema de Seguridad Ciudadano, entregó otros 11.
Rosario Ayodoro informó que la UPOEG cuenta con información de que el gobierno federal había advertido al gobernador que si esa madrugada el movimiento de autodefensa no entregaba los detenidos, por la mañana de ese mismo día comenzaría el procedimiento de desafuero.
Y aseguró que por eso la dirigencia de la organización accedió a entregar a los detenidos que tenían señalamientos de delitos graves, “para no confrontar al gobierno estatal con el federal, pero eso parece que ya se le olvidó al gobernador”.
Por eso reprochó al gobernador que ahora pretenda reprimir al movimiento, al amenazar con que va a proceder con el desarme y a recuperar a los detenidos que están en poder del Sistema de Seguridad Ciudadano.
Sin embargo advirtió que “con nosotros no va a pasar lo mismo que con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de El Paraíso”, pues dijo que “nosotros estamos prevenidos y no vamos a permitir el desarme”.
En cambio, dijo que la organización acordó entregar al gobierno estatal los detenidos, sobre todo aquellos que cuentan con averiguaciones previas y los que son señalados por delitos graves.
Informó que ayer la organización tuvo una reunión cerrada en alguna comunidad de la región de la Montaña para tomar acuerdos respecto a las medidas de prevención para evitar el desarme por parte del Ejército y la Policía Estatal, como ocurrió con la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de El Paraíso.
Sin embargo, no reveló cuáles son estas medidas, sólo aclaró que la Policía Ciudadana no se enfrentará con las fuerzas armadas, “será la población civil la que impida el desarme, va a participar la población civil desarmada; las mujeres, los niños”, manifestó el promotor de la UPOEG.
Rosario Ayodoro no precisó cuándo van a entregar a los detenidos y cuántos son, pues explicó que esa es información que solamente tienen los comandantes regionales y de ruta, para evitar riesgos.
Rosario Ayodoro responsabilizó al gobernador Ángel Aguirre Rivero y al presidente Enrique Peña Nieto de las consecuencias que pudieran resultar de este desarme que ha anunciado el gobernador en contra de la Policía Ciudadana.

Libera la UPOEG al ex jefe de la policía de Marquelia y al último taxista detenido
*Salen de El Mesón, tras la advertencia del gobernador de que serían “rescatados” los reclusos que tiene esa organización.

*No se les comprobó su participación en la delincuencia organizada de lo que se les acusaba, dice el comandante regional

De la corresponsalía

San Marcos

Horas después de la advertencia del gobernador Àngel Aguirre Rivero de que habría un “rescate” de los detenidos en poder de la UPOEG, fueron liberados ayer los dos últimos detenidos, uno de ellos el ex director de Seguridad Pública de Marquelia, Tomás Morales Díaz, que estaban en la casa de seguridad de El Mesón, Ayutla.
El comandante regional del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), dependiente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Ernesto Gallardo Grande, indicó que durante el proceso de investigación las personas que señalaban a los taxistas y al ex director de seguridad pública de participar con los delincuentes, no se les pudo comprobar delito o participación alguna, y dijo que tras vencer el plazo de 30 días de arraigo quedaron en libertad.
EL lunes 29 de julio la policía Ciudadana de la UPOEG detuvo a 30 personas, pero al final sólo quedaron detenidos tres taxistas, dos de Marquelia, Francisco Chávez Suástegui y Víctor Manuel Uranga, y Martiniano Rodríguez, de Ayutla, además del ex director de Seguridad Pública del segundo municipio, Morales Díaz, a quien en un principio negaron que lo tuvieran, y el civil Juan Carlos Zúñiga, acusados de tener vínculos con la delincuencia organizada.
La detención provocó manifestaciones de taxistas de la Costa Chica encabezados por el dirigente y actual director de la Promotora y Administradora de Playas, Rogelio Hernández, en la cerrera federal Acapulco-Pinotepa y el bulevar de las Naciones en Acapulco.
Dos de los detenidos, Martiniano Rodríguez y Francisco Chávez, fueron liberados a mediados de agosto, y Juan Carlos Zúñiga fue liberado por enfermedad el pasado lunes, aunque el acuerdo fue que después de que controlara su enfermedad regresaría para su proceso de “reeducación”.
Los otros dos, Víctor Manuel Uranga y Tomás Morales, permanecían en la casa de seguridad de El Mesón, pero en la madrugada del viernes fueron liberados.
Gallardo Grande dijo vía telefónica que sólo tienen que volver a la casa de seguridad de El Mesón para que firmen los documentos faltantes, donde se determina su liberación por falta de pruebas.
Aseguró que a ninguno de los detenidos se les prohibió la visita de sus familiares, además de que nunca existió tortura o maltrato por parte de los encargados o policías de la SSJC, más bien platicaban de cosas triviales en las horas en que podían salir al área del techumbre de la casa.
A pregunta expresa sobre si la liberación se debía a presiones por parte de los taxistas o familiares, Gallardo Grande respondió que en ningún momento se dejó intimidar por amenazas, “existen protocolos dentro de la organización que no podemos violar, por lo que desde que alguien es detenido se le informa tanto a la persona retenida como a la familia de que mientras se investiga queda resguardado por 30 días”.
También dijo que a pesar de las declaraciones del gobernador Ángel Aguirre Rivero, de que ahora desarmará a los policías de la UPOEG, ellos continúan basándose en el diálogo, pues le apuestan al dialogo y no al enfrentamiento, y que en todo caso el gobernador es quien debe de analizar las cosas, porque la UPOEG y la SSJC están a la espera de ser atendidos por las autoridades estatales, pues hasta el momento se han negado a atenderlos.
En entrevista en Marquelia durante la toma de protesta de policías, el ex director de seguridad pública Tomás Morales Díaz declaró que se siente bien tras estar detenido, pues aseguró que nunca fue hostigado, amenazado, y que entendió que el arraigo de 30 días era para recabar información sobre su supuesta participación con la delincuencia organizada.
Dijo que entendió que el sistema de seguridad y justicia ciudadana lo único que hizo en el momento de su detención fue cumplir con su papel y por fin, después de tantos días de asilamiento, se pudo comprobar su inocencia, “tan es así que volví a mi trabajo como asesor del presidente de Marquelia y ahora toca resolver las necesidades de los policías municipales”, dijo.
Al cuestionarle sobre su experiencia, relató que nunca le fue negada la visita de su familia y que si no permitían que los amigos lo visitaran era porque se estaban llevando a cabo las investigaciones, y que al final de cuentas todo resultó a su favor.