Nestora fue enviada a Tepic para evitar “más problemas” en el estado, aduce el gobierno

*Ya vieron “lo que pueden ser capaces de hacer”, afirma Lara Montellanos sobre las protestas

* El procurador Iñaki Blanco reitera que hubo petición de rescate del síndico de Olinalá

* Solicitará un amparo para la coordinadora de la policía comunitaria en ese municipio, anticipa su abogado

* Marchan en Tixtla por el cese del hostigamiento del Ejército y la liberación de los detenidos

* Los militares recorren esa ciudad con tanquetas artilladas

* Se ofrece el arzobispo Garfias Merlos como mediador

* En la asamblea de la CRAC de hoy mantendrá su postura de expulsar a la Casa de Justicia que tiene más de 20 detenidos porque no obedecieron sus “órdenes”, dice Eliseo Villar

Nestora fue enviada a Tepic para “reducir el riesgo de más problemas en el estado”: Lara Montellanos

*Ya vieron “lo que pueden ser capaces de hacer”, afirma el secretario de Seguridad Pública sobre las protestas por la detención. El funcionario habla de “las víctimas de la señora Nestora”.

*El procurador Iñaki Blanco reitera que hubo petición de rescate del síndico de Olinalá, pero no da detalles de esa acusación.

*Dijo que no han recibido ningún requerimiento por parte del gobierno de Estados Unidos, sólo una llamada de un consulado

Aurora Harrison

El procurador General de Justicia del Estado (PGJE), Iñaki Blanco Cabrera, y el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC), Sergio Javier Lara Montellanos, dijeron en Acapulco que el traslado de la coordinadora de la CRAC en Olinalá, Nestora Salgado García, al penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, fue para reducir el riesgo de confrontación en el estado.
En conferencia de prensa en la Promotora Turística, acompañados del vocero del gobierno José Villanueva, el titular de la PGJE explicó que el ingreso de Salgado García al penal federal fue en “estricto apego al Convenio de Reclusión de Procesados y Sentenciados del Fuero Federal e Internos del Fuero Común que Requieran Medidas Especiales de Seguridad o Vigilancia”.
Al respecto, el secretario Javier Lara Montellanos declaró que “todo lo que representa tiene el objetivo de reducir el riesgo de tener más problemas en el estado por su detención, entonces se tomó esa decisión”.
Añadió que “se han dado cuenta de los acontecimientos recientes y a los ojos de todos lo que pueden ser capaces de hacer”, en referencia a los integrantes de la Policía Comunitaria y las protestas por la detención de Nestora Salgado.
Cuando se le preguntó si era reducir las manifestaciones de personas que piden su libertad, declaró: “todo lo que conlleva, yo creo que usted como prensa se ha dado o estuvo en todas las declaraciones que las víctimas de la señora Nestora han hecho, y lleva un riesgo, si le estoy diciendo, acudió en función al grado de riesgo en el estado al tenerla aquí”.
Agregó que existía la hipótesis de que al detener a la coordinadora de la CRAC en Olinalá habría reacciones, “aducen algunos argumentos que no son legales, y esperamos que estas reacciones que están teniendo y confiamos que la ciudadanía vea que no están fundamentados sus reclamos y que acepten la decisión que se tomó”.
De  los señalamientos de abogados del Centro Tlachinollan, en el sentido de que no hay sustento legal para la detención de la dirigente, el procurador Iñaki Blanco dijo que para el delito de secuestro se requiere “un elemento subjetivo específico, que es la obtención de un rescate o bien ocasionar un daño, perjuicio a la víctima, y el ministerio público estimó que contaba con los elementos necesarios para ejercer acción penal contra esas personas por el delito de secuestro agravado”.
Cuando se le preguntó al procurador por qué la mandaron al penal federal de Tepic, Blanco Cabrera declaró que fue en cumplimiento del convenio con el gobierno federal, y que la petición la hizo la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del estado.
Se le preguntó si Nestora Salgado era peligrosa, y declaró que “eso no lo determiné yo, sino la SSPPC”.
Ante la pregunta de los reporteros de si la coordinadora representa un riesgo para el estado, declaró que “es para proteger la integridad de la interna, de la institución penitenciaria, de quienes trabajan en la misma y de otros reclusos, y la sociedad en su conjunto”.
Después el procurador Blanco Cabrera se negó a señalar si los policías comunitarios representan un riesgo en el estado.
“No quisiera hacer un pronunciamiento, se está investigando la probable responsabilidad de algunas personas que han sido señaladas por las víctimas”, argumentó el procurador, y recordó que en cuanto se libró la orden de aprehensión la dirigente fue consignada al penal de Acapulco, rindió su declaración y luego fue trasladada al penal de Tepic.
Añadió que ante la secrecía del caso, no podía dar más detalles de la cantidad que supuestamente se pidió como rescate a los familiares de la víctima, en referencia al síndico de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, detenido por la Policía Comunitaria acusado de intentar apoderarse de una vaca robada y de encubrir dos homicidios.
El procurador dijo que tampoco podía dar detalles sobre si a los familiares de Patrón Jiménez se les dio seguridad.
Y señaló que desconoce si a la dirigente de la CRAC le hicieron firmar documentos en blanco, como ha denunciado su familia; “desconozco, eso tendrá que preguntárselo al juez”, dijo.
Declaró que no han recibido ningún requerimiento por parte de las autoridades de Estados Unidos, que sólo tuvieron una llamada por parte del consulado.
Agregó: “y nada más destacar que la PGJE en ningún momento tuvo conocimiento que la señora tuviese la doble nacionalidad, y cuando declaró en preparatoria señaló ser de Olinalá”.
Agregó que en el caso de Nestora Salgado se cumplió en el tiempo legal establecido, y que a solicitud del ministerio público se solicitó una orden de cateo para revisar diversos domicilios, lo que se realizó el pasado 21 de agosto con apoyo del Ejército, la Marina, la Policía Ministerial, la Policía Estatal, y se capturó a la coordinadora de la CRAC.
Precisó que tras la operación se puso a disposición del representante social a 59 personas, de las cuales en la comunidad de El Paraíso, municipio de Ayutla, 39 fueron en calidad de presentados, y de esos 13 son probables responsables; en Tlatlauquitepec, en Huamuxtitlán, fueron presentados tres, entre ellos al síndico municipal de Olinalá, y cuatro presuntos responsables.
En un comunicado que leyó, dijo que después, tras una denuncia anónima a la Policía Federal, respecto a personas privadas de su libertad en la localidad de Quiahuitepec, en Ayutla, se realizó otra operación el 23 de agosto y detuvieron a 12 probables responsables y liberaron a 7 víctimas, y se inició la averiguación correspondiente.
“A la fecha, cuatro de dichos probables responsables se encuentran sujetos a medida cautelar de arraigo, y los demás fueron puestos en libertad con las reservas de ley”, dijo el procurador, quien exhortó a quienes hayan sido agraviados a denunciar los hechos.
Sobre los 21 policías comunitarios que custodiaban las casas de justicia de la CRAC, y que están bajo la medida cautelar de arraigo, dijo que no han aportado pruebas para sustentar las acusaciones formuladas contra las personas que estaban privadas de su libertad en esas casas de justicia, en calidad de responsables de diversos delitos.

Pedirá un amparo federal para Nestora, anticipa el abogado Vidulfo Rosales

*Hay consigna del Poder Ejecutivo para mantenerla presa y no hay confianza de que el Tribunal Superior de Justicia resuelva con independencia, advierte.

*Dice que el juez Marco Antonio Ordorica aún no ratifica la firma de la coordinadora de la CRAC para que sea él quien la defienda legalmente

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, anunció ayer que recurrirá al juicio de amparo para lograr la libertad de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, en vez de la apelación que sería ante el mismo Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
Sin embargo, informó que hasta ayer el Juzgado Primero del Ramo Penal de Acapulco no había ratificado la firma de Salgado García para acreditarlo como su abogado, por lo que no había entrado en funciones como su defensa de manera formal.
Entrevistado vía telefónica, Rosales Sierra informó que después de que el Juez Primero del Ramo Penal, Marco Antonio Ordorica, resolvió el auto de formal prisión en contra de Nestora Salgado por el presunto delito de secuestro, tiene dos vías para proceder, el recurso de apelación ante el propio Tribunal Superior de Justicia, y el juicio de amparo ante la justicia federal.
El abogado explicó que por supuesto que no recurrirá a la primera vía, “pues como ya se comprobó, existe consigna del Poder Ejecutivo del estado para mantener presa a Nestora Salgado y no hay confianza de que el Tribunal Superior de Justicia resuelva con independencia”, dijo.
Añadió que, en todo caso, va a recurrir al juicio de amparo ante la justicia federal, para lo cual cuenta con 15 días.
Pero dijo que hasta ayer el Juzgado que conoce del caso todavía no había cumplido con el procedimiento de ratificación de la firma de Nestora Salgado  para revocar la designación del defensor de oficio que lleva su defensa y asignarlo a él como su abogado.
Rosales Sierra informó que será hasta el lunes cuando se presente nuevamente ante el juez para insistir en que se cumpla con este trámite, “no queremos pensar que nos lleven los 15 días que tenemos de plazo para presentar el juicio de amparo con el trámite de la ratificación de la firma”, expresó.
Rosales Sierra informó que será en el juicio de amparo donde hará valer todas las irregularidades en que incurrió el juez Ordorica en contra de Salgado García, como no permitir el ofrecimiento de pruebas en el plazo constitucional, resolver el caso antes del plazo, y su traslado a un penal de Tepic, Nayarit, lo que provocó lentitud del proceso para defenderla.
Indicó que el argumento central será el hecho de que no se acreditó el delito de secuestro, puesto que de acuerdo con el Código Penal, para que se acredite este delito debe demostrarse, además de la privación de la libertad de la persona, que la finalidad principal es la obtención del lucro, lo cual en este caso no está acreditado.
Añadió que en este caso las presuntas víctimas fueron detenidas por la Policía Comunitaria de Olinalá no para pedirles dinero, sino porque incurrieron en la comisión de delitos y trastornaron la paz pública.
Agregó que por ahora solamente es un dicho de las presuntas víctimas de que les pidieron dinero, “sin embargo no lo acreditaron debidamente”, insistió.
Sin embargo, el abogado explicó que aún no puede adelantar cuál será la argumentación más de fondo que contendrá el juicio de amparo, porque no ha revisado detenidamente el expediente “y desconocemos cuáles fueron los razonamientos del juez para dictar el auto de formal prisión en contra de Nestora Salgado”.
Rosales Sierra dijo que el próximo lunes acudirá nuevamente a solicitar la ratificación de la firma de Nestora, con la cual revoca al defensor de oficio como su abogado y lo designa a él como su abogado defensor.

Critica el arzobispo Carlos Garfias Merlos las “dinámicas irracionales de fuerza” en el estado

*Sobre el conflicto con la Policía Comunitaria, llama a abrir los “canales de diálogo, tan indispensables en casos como el nuestro”.

*Ofrece su mediación entre el gobierno y la organización social, “con mucho gusto, en lo que podamos participar”

Aurora Harrison

El arzobispo Carlos Garfias Merlos lamentó la “confrontación” suscitada entre autoridades y policías comunitarios, y solicitó que haya diálogo para que se llegue a acuerdos y puedan ser reglamentados los ciudadanos que quieren colaborar con la autoridad.
Incluso dijo que si se necesita que sea mediador, “con mucho gusto, en lo que podamos participar”.
En conferencia de prensa, a pregunta expresa sobre la advertencia del gobernador Ángel Aguirre Rivero de que continuará el desarme, esta vez con los grupos de la autodefensa de la UPOEG, el arzobispo de Acapulco declaró que debe darse de manera pacífica y en acuerdo mutuo con los grupos.
En otro tema habló sobre la situación de los desplazados de Tierra Caliente y Costa Grande y señaló que deben generarse las condiciones de seguridad en sus lugares de origen.
“Un llamado a las partes confrontadas que asuman actitudes responsables ante la sociedad y den pasos claros de buena voluntad para generar un ambiente de entendimiento y de apego al derecho, que ayude al diálogo y promueva la reconciliación para construir la paz”, dijo el arzobispo, y criticó que se impongan “dinámicas irracionales de fuerza en lugar de canales necesarios de diálogo, tan indispensables en casos como el nuestro”.
Agregó que la violencia, venga de donde venga, ya sea por parte del crimen organizado, de las instituciones públicas o de las organizaciones sociales, causa estragos que después luego se lamentan, por eso insistió en que “es tiempo de volver a la ecuanimidad y a la búsqueda del bien común, en este camino fundamental que es el diálogo y la reconciliación”.
Sostuvo que en la exhortación pastoral los obispos mexicanos han expuesto la necesidad de la reconciliación en los procesos sociales, porque reiteró que las policías comunitarias y los grupos de autodefensas surgieron como “alternativa de colaboración ciudadana, una forma de cómo la sociedad está ofreciendo el poder colaborar con las autoridades”.
Abundó que el gobierno del estado, el Ejército, los policías comunitarios y los grupos de autodefensa deben dialogar para que exista una adecuada coordinación, porque “hasta este momento están en actitud de convertirse en colaboración ciudadana, y que todavía puede rescatarse y ser una alternativa válida en medida en que se esté en diálogo pertinente”.
Cuando se le preguntó su opinión sobre el enfrentamiento del pasado martes entre efectivos del Ejército y policías comunitarios en Cruz Grande, donde mujeres resultaron golpeadas, Garfias Merlos dijo que “creo que es evidente que cualquier expresión de violencia, cualquier forma de agresión y en su momento de no respeto de derechos de personas es reprobable”.
“El Ejército mexicano cuando está en su desempeño debe actuar con cuidado y con respeto para las personas, que se dialogue y la forma oportuna para que no haya estas expresiones que se violenten los derechos de las personas”, aseveró.
Y sobre el desarme, dijo que debe darse de forma pacífica y en mutuo acuerdo.
A pregunta expresa de un reportero sobre si existe participación de sacerdotes en los grupos de autodefensa, el arzobispo respondió que no, que los sacerdotes dan “acompañamiento pastoral, no hay sacerdotes que estén integrados en los grupos”, y negó que el sacerdote Mario Campos sea parte de la Policía Comunitaria.
Sin embargo, sostuvo él que podría ser mediador,  “si se necesita, con mucho gusto en lo que podamos participar para que prevalezca el diálogo, lo vamos hacer”.
Y respecto al traslado de la coordinadora de la CRAC en Olinalá, Nestora Salgado, a un penal de Nayarit, opinó que “las autoridades tendrán que dar las razones del porqué, ellos deben dar las razones”.

Acompañamiento a los desplazados

Durante la conferencia, Garfias Merlos leyó un comunicado de los obispos de la Provincia Eclesiástica de Acapulco, donde manifiestan su preocupación por los desplazamientos masivos de personas en las regiones de Tierra Caliente, Costa Grande y la sierra, por lo que urgió para que se “implementen los auxilios necesarios y suficientes para los pueblos y familias”.
“Es preciso generar condiciones de seguridad en los lugares de origen de las personas y de los pueblos desplazados para que puedan regresar lo más pronto posible a sus hogares, normalizar sus actividades productivas; lo más conveniente es que la intervención de las fuerzas de seguridad sea para construir espacios seguros”, puntualizó.
Sostuvo que la Iglesia está dispuesta a colaborar en programas diseñados para fortalecer el tejido social en las regiones afectadas que se encuentren en condiciones de riesgo.
Dijo que diseñaron un acompañamiento en tres fases: prevención en las comunidades vulnerables ante los desplazamientos forzados, asistencia y promoción.

Hoy decidirá la CRAC en asamblea si expulsa a la Casa de Justicia de El Paraíso

A ella pertenecen las policías comunitarias de Olinalá, Huamuxtitlán, Tixtla, Ayutla, Tecoanapa y Tlatlauquitepec. Sólo la asamblea regional puede desconocer la integración de las casas de justicia y las policías comunitarias, recuerda El Paraíso. Después de que Eliseo Villar dijo que estaba expulsada, se desató la represión contra los comunitarios de esa representación

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) realizará este sábado en San Luis Acatlán su asamblea regional en la que se ratificará, o en su caso desechará, el desconocimiento y la expulsión de la Casa de Justicia de El Paraíso, que ha sufrido una de las peores represiones en las últimas dos semanas con la detención de dos de sus coordinadores y 28 policías comunitarios.
La estructura de la Casa de Justicia de El Paraíso, a la que están incorporadas autoridades y policías comunitarios de los municipios de Huamuxtitlán, Olinalá, Tixtla, Ayutla y Tecoanapa, así como de la comunidad de Tlatlauquitepec, municipio de Atlixtac, fue desconocida y expulsada, según declaraciones del coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, en acuerdo con los coordinadores de las casas de Espino Blanco y Zitlaltepec y sin que se realizara procedimiento interno alguno.
El supuesto desconocimiento sobrevino después de que autoridades y policías comunitarios de El Paraíso participaron en bloqueos y expresaron su solidaridad con el movimiento de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el 6 de agosto pasado, cuando esta organización se movilizó en contra del desarme por parte de los militares a los policías ciudadanos en El Pericón, municipio de Tecoanapa.
Ese día la CRAC-El Paraíso también realizó bloqueos en Huamuxtitlán, Tlatlauquitepec, Tixtla y Ayutla en contra del desarme de la Policía Ciudadana de la UPOEG por parte del Ejército.
A partir de entonces el coordinador Eliseo Villar dijo que la Casa de Justicia de El Paraíso estaba expulsada de la CRAC, aunque para ello debió haberse primero convocado a una asamblea regional como la que se realizará este 31 de agosto.
A partir del desconocimiento y la supuesta expulsión de esta Casa de Justicia comenzó a sufrir la represión por parte del Ejército, a tal grado que el 21 de agosto fueron detenidos dos de sus coordinadores, Nestora Salgado García y Bernardino García Francisco, la primera de Olinalá y el segundo de El Paraíso, municipio de Ayutla.
También fueron desarmados y detenidos ese día 12 policías comunitarios de El Paraíso, así como cuatro autoridades municipales de Tlatlauquitepec, mientras que el 23 de agosto fueron detenidos otros 12 policías comunitarios de la comunidad de Quihuatepec, municipio de Ayutla;  en ambos operativos también fueron liberados más de 30 detenidos que estaban bajo resguardo de la Policía Comunitaria.
“Ellos se lo buscaron, nosotros ya les habíamos advertido  de que estaban cometiendo delitos y que podrían actuar en su contra”, dijo Eliseo Villar Castillo cuando se le preguntó su opinión con respecto a estos actos del Ejército en contra de las autoridades y policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso.
Ahora, después de la agresión y represión del Ejército, podrían también enfrentar la decisión de ser expulsados por sus propios compañeros de las otras casas de justicia, las de Zitlaltepec, Espino Blanco y San Luis Acatlán.
La admisión e incorporación de la Casa de Justicia de El Paraíso dentro de la estructura de la CRAC se aprobó en una asamblea regional en marzo de 2012, en la comunidad de San José Vista Hermosa, municipio de Iliatenco.
Luego de un proceso de asambleas comunitarias en la región de Ayutla, se tomó protesta a los grupos de la Policía Comunitaria ed El Paraíso el 25 de noviembre de 2012 en la Asamblea Regional de celebración del 17 aniversario de la Policía Comunitaria en la comunidad de Miahuichan, municipio de San Luis Acatlán.
Asimismo, el 22 de diciembre de 2012, en Asamblea Regional que se realizó en la comunidad de La Concordia, municipio de Ayutla, se acordó la creación de la Casa de Justicia Comunitaria en El Paraíso y en esa misma asamblea se nombraron los coordinadores y comandantes regionales correspondientes.
Mediante un comunicado, el 28 de agosto pasado la Casa de Justicia de El Paraíso cuestionó su supuesta expulsión.
“Tenemos conocimiento que ninguna asamblea regional ha expulsado del sistema comunitario a la Casa de Justicia del Paraíso, por lo que todas las comunidades y autoridades incorporadas a esa casa de justicia, que no hayan sido desconocidas en Asamblea Regional, siguen siendo parte de nuestro sistema y del territorio comunitario”, dice el comunicado.
Asimismo, la Casa de Justicia de El Paraíso denuncia que detrás de esa decisión está el gobierno del estado; dice: “nos queda clara la intención e interés del gobierno del estado y federal, de controlar y desarticular este sistema comunitario construido por los pueblos originarios y mestizos de la Costa y la Montaña, para lo cual se sirve de todos los elementos y recursos con los que cuenta”,
Y también cuestiona que: “es vergonzoso darnos cuenta de la prisa con la que han actuado la Policía Federal, el Ejército y la Marina para reprimir a nuestros compañeros, tomando como pretexto una declaración de prensa en el periódico El Sur con fecha del 10 de agosto de 2013. Misma nota donde autoridades de San Luis Acatlán declaran que aquellos compañeros estaban expulsados de la CRAC”.
Y luego el comunicado agrega que “la expulsión no figura entre las sanciones que aplica nuestro sistema comunitario”.
Asimismo, el documento añade que “esta situación, lejos de llamar a la unidad del sistema comunitario, está debilitando más el proceso de lucha de nuestros pueblos, con toda esta actuación están arrastrando a autoridades y comunidades detrás de sus intereses personales, promoviendo un racismo contra todo lo mestizo, debilitando y destruyendo un sistema que a los pueblos originarios y mestizos les ha costado grandes sacrificios”.
El documento concluye con un llamado a las autoridades comunitarias y agrarias, a los coordinadores de las cuatro casas de justicia, a los consejeros regionales y de cada comunidad, “a que de manera unida y fraterna decidamos lo mejor a favor de nuestros pueblos” en la asamblea regional de este 31 de agosto.

Por no acatar sus órdenes las cosas se salieron de control en El Paraíso, dice Eliseo Villar

*Advierte que mantiene su postura de que esa Casa de Justicia violó el reglamento de la CRAC y no opina sobre la detención de Nestora

De la corresponsalía

Marquelia

Después de que soldados y marinos desarmaran a policías de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) del municipio de Ayutla y Tecoanapa, además de los enfrentamientos en Tixtla y Olinalá, el coordinador de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, declaró que hoy en la asamblea regional se tratará el caso de sus compañeros que se enfrentaron con los militares, ya que ellos fueron los que violaron el reglamento interno de la CRAC.
En declaraciones telefónicas, el coordinador de San Luis Acatlán declaró que él continúa en su postura de que los policías comunitarios de Tixtla, Olinalá, Ayutla y Tecoanapa fueron los que violaron el reglamento y que por no acatar órdenes de él (Eliseo Villar), las cosas se salieron de control.
Reiteró que los comunitarios nunca fueron expulsados sino desconocidos por el sistema y las autoridades estatales.
Villar Castillo detalló que en la asamblea que se llevará a cabo hoy en San Luis Acatlán, “el pueblo es quien decidirá si se incorporan los compañeros disidentes, pues el pueblo es quien tiene la última palabra, yo sólo soy el coordinador y le tengo que preguntar a las demás casas de justicia el futuro de la casa de El Paraíso, y sólo el pueblo es quien decidirá si regresan o no”, recalcó el coordinador de San Luis Acatlán.
Sobre la determinación de que el pueblo acepte nuevamente a los que en su momento dijo que estaban expulsados de la CRAC, Eliseo Villar Castillo adelantó que deberá reunirse con las autoridades estatales, pues no sabe si podrán recibir una credencial oficial que los identifique como policías comunitarios de la CRAC, ya que causaron muchos problemas.
Además, Eliseo Villar se limitó en su postura sobre el caso de la detención de la comandante de Olinalá, Nestora Salgado.
“No puedo abundar mucho en la información ya que todo se determinará en la asamblea, porque ellos fueron los que no quisieron hacer caso cuando nosotros les decíamos que no se metieran en problemas, de hecho si el pueblo decide aceptarlos nuevamente en la CRAC, sus coordinadores deberán de ser sustituidos, pues violaron el reglamento y eso se sanciona, solamente con esa condición creo que podrán regresar”, dijo.

Marchan en Tixtla 500 vecinos y estudiantes de Ayotzinapa; piden la libertad de los policías comunitarios detenidos

*También demandan que cese el hostigamiento del Ejército y la Marina a la CRAC y la presentación de 70 desaparecidos desde el desarme en Cruz Grande.

*Ante el anuncio de la protesta, militares patrullan la ciudad y vigilan las entradas.

*Mujeres jóvenes se manifestaron a favor de la coordinadora de Olinalá Nestora Salgado

Lourdes Chávez

Tixtla

Unos 500 vecinos y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa marcharon por las calles de Tixtla para demandar el cese del hostigamiento del Ejército y la Marina a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC) de El Paraíso, así como la liberación de coordinadores, policías comunitarios y la presentación de más de 70 de quienes no se sabe en dónde están desde el desarme de los militares en la protesta de Cruz Grande el martes.
En tanto, los accesos de la cabecera municipal fueron custodiados por un destacamento del Ejército de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que estaban en tanquetas artilladas y que por la mañana realizaron recorridos por las principales calles, ante el anuncio de que habría una protesta de la Policía Comunitaria.
Poco se sabía de la movilización, y en las últimas acciones los Policías Comunitarias por la libertad de sus compañeros, se han manifestado con armas.
Sin embargo, la protesta pacífica comenzó después de las 7 de la noche y se distinguió por la participación principalmente de mujeres que encabezaron el movimiento, con un niño con una bandera nacional, seguidos de un grupo de varones y tras ellos estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
En la vanguardia, seis mujeres jóvenes iban esposadas (con tiras papel) y los labios sellados con cinta adhesiva, para exigir la libertad de la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, detenida por el Ejército mientras realizaba un recorrido, y recluida en un penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit.
En las consignas los manifestantes gritaban “Nestora, aguanta, el pueblo se levanta”; y convocaban a la población en general a participar; “pueblo, despierta, la violencia está en tu puerta”, y las jóvenes acalladas con pancartas decían: “así nos quieren tener el gobierno, sin protestar”.
Sobre el destacamento de soldados que se mantiene en Tixtla, tras la toma simbólica del Ayuntamiento el martes, donde policías comunitarios desamaron a los municipales, decían en cartulinas “Tixtla no es cuartel” y “el Ejército y la Marina, que se vayan a la cocina”, en alusión a los comedores que instalaron soldados en municipios incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre.
En la plaza cívica Ignacio Manuel Manuel Altamirano, frente al Ayuntamiento, se realizó un mitin que se extendió hasta después de las 8 de la noche, pero sin la intervención del promotor de la CRAC-PC de Tixtla, Gonzalo Molina González, a quien sólo al final se le vio unos momentos en la marcha en la protesta. Trascendió que se impusieron algunas medidas de seguridad para evitar su posible detención, como fue el caso de los comandantes Nestora Salgado de Olinalá, y Bernardino García, de Ayutla de los Libres.
Incluso, trascendió que tampoco acudirá a la asamblea de la CRAC hoy en San Luis Acatlán,  donde se va a analizar el caso de la Casa de Justicia de El Paraíso (a la que pertenecen las Policías Comunitarias de Ayutla, Tecoanapa, Tixtla, Huamuxtitlán y Olinalá) y que según el coordinador Eliseo del Villar Castillo, fueron separados de la institución comunitaria de seguridad y justicia.
Aunque en los hechos, el promotor de la CRAC-PC en Tixtla está rodeado por el Ejército, en el barrio de Fortín donde tienen su principal centro de operación, porque las salidas de la cabecera municipal están vigiladas por soldados.
Incluso, después de la protesta, estudiantes de Ayotzinapa denunciaron que los militares entraron con una tanqueta al camino que conduce a la escuela Normal, pero por las dimensiones del vehículo estuvo a punto de golpear una casa y regresó a su sitio de guardia.
En el acto político en la plaza cívica, distintos voceros pidieron que termine la represión contra la CRAC-PC, y un representante de Ayotzinapa recordó que el normalismo rural siempre estará a lado de las causas del pueblo, en contra de la militarización de las localidades, la criminalización de la lucha social y el hostigamiento de los dirigentes.
Recordó que no hay que temer a la lucha frente a las injusticias del gobierno, porque la fuerza del pueblo está en la unidad.
Una joven que tampoco se identificó, se refirió a la lucha del magisterio en contra de las reformas estructurales en la ciudad de México por el periodo de discusión en el Congreso de la Unión, y convocó a estar pendientes también de esta movilización que es por toda la población.
Una persona que se identificó como profesor, recordó que Tixtla perdió la paz, porque antes se caminaba por los barrios con mucha confianza, sin miedo a que los secuestren o a que les vayan a cobra cuota.
Recordó que por eso surgieron la Policía Comunitaria, para devolver la paz que no han podido garantizar las autoridades a la población.
Del movimiento Yo soy 132, un joven se solidarizó con el proyecto de la CRAC, y por sus derecho a la autodeterminación en los asuntos de seguridad, salud y alimentación.
De la Universidad Autónoma de Guerrero, Roberta Campos pidió a los agentes de Gobernación que acudieron a la protesta que vayan a decir al gobernador, Ángel Aguirre Rivero, que los ciudadanos no van a abandonar a la CRAC.
“Es cierto que tenemos miedo, pero no vamos a dejar sola a la Casa de Justicia de El Paraíso, a Nestora, ni a Bernardino; hay hombres y mujeres valientes y vamos a buscar todos los medios legales y políticos hasta que estén con nosotros”. Después anunciaron una marcha estatal el próximo martes de la que luego fijarían la hora y el luchar.
Los manifestantes regresaron al barrio el Fortín, de donde salieron con pancartas y globos blancos, con las siguientes consignas; “ni con tanques, ni metrallas, la CRAC no se calla”; “Aguirre decía, que todo cambiaría, mentira, la misma porquería”.
En las cartulinas también denunciaron: “comunitarios, luchando, y el gobierno robando” “libertad a los detenidos”, “pueblo de Tixtla, despierta”, “comerciantes, hombres de izquierda, profesores, dónde están”, “tu indiferencia te hace cómplice de la injusticia”, “respeto irrestricto al territorio comunitario”, “ libertad inmediata a presos de conciencia”.