Dice la Profepa que le piden 100 mil pesos por devolver la camioneta que le quitó la CRAC

Karla Galarce Sosa

El coordinador de delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Fernando Reina Iglesias, informó que quien despojó del vehículo a inspectores que volvían de un recorrido por la Costa Chica el miércoles, pidió a esa dependencia federal 100 mil pesos para devolver el vehículo. Vía telefónica informó que ya se denunció ante el Ministerio Público el robo.
“Por la camioneta le están pidiendo 100 mil pesos. No sé qué persona los está pidiendo, pero por la camioneta cuatro por cuatro de Profepa que fue usada para un operativo a Cruz Grande, están pidiendo 100 mil pesos a la Procuraduría, no a mí, sino a la Procuraduría para liberar la camioneta”, declaró.
Explicó que los inspectores de la dependencia en Guerrero, habían acudido a la Costa Chica en respuesta a una denuncia por la matanza de tortugas en la Barra de Tecoanapa.
Policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) colocaron un retén en la entrada a la cabecera municipal de Tecoanapa, y allí les quitaron un vehículo oficial a cuatro inspectores de la Profepa que viajaban en él.
Reina Iglesias declaró: “ya nosotros dijimos que no vamos a dar un peso y ya se levantó un acta de robo de la camioneta, porque nosotros no estamos jugando”.
Administrativamente, continuó, no tenemos manera de comprobar 100 mil pesos para un chantaje de este tipo, en ese momento me convierto en un cómplice más y tengo la obligación de levantar un acta de robo porque es lo que pasó, es un robo.
En relación con las acciones que la Profepa efectúa cuando hay obras que carecen de permisos ambientales, como fue el caso de las obras de remodelación y construcción que emprendió el gobierno estatal por medio de varias empresas en la Costera y, en la edificación del plantel de la Universidad Tecnológica de Acapulco, ubicado frente al aeropuerto, reiteró que el gobierno federal actuará aplicando la ley, sea el gobierno el infractor o algún particular.
“La postura de la Profepa es aplicar la ley sin distingos, no es un tema con el gobierno del estado, es un tema con los particulares, tal es el caso del muelle de marina Majahua que está en Puerto Marqués. No se trata del gobierno del estado, sino que son constructoras que ganan licitaciones, concursos o que les designan directamente las obras, y quienes tienen la obligación de tramitar el Manifiesto de Impacto Ambiental no es el gobierno del estado, son los particulares también que son obras auspiciadas y patrocinadas por el gobierno del estado es otra cosa, pero quien tiene la responsabilidad de la obra civil son los constructores, los particulares; ahí no se pude hacer distingo”, respondió Fernando Reina.
Agregó que la Profepa actúa cuando hay denuncia y cuando no hay Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) expedido por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
“Tenemos la obligación de actuar, no podemos omitir porque entonces caeríamos en la responsabilidad, como servidores públicos porque la siguiente denuncia sería en contra del servidor público por omisión”, advirtió.
Respecto al tema de la construcción de la marina ubicada en playa Majahua de Puerto Marqués por la que resultaron afectados al menos veinte restaurantes por el relleno de más de 2 hectáreas al mar, respondió que la negociación entre los afectados, Grupo Mexicano de Desarrollo y el gobierno, están en un período de análisis de propuestas.