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Hoy decidirá la CRAC en asamblea si expulsa a la Casa de Justicia de El Paraíso

A ella pertenecen las policías comunitarias de Olinalá, Huamuxtitlán, Tixtla, Ayutla, Tecoanapa y Tlatlauquitepec. Sólo la asamblea regional puede desconocer la integración de las casas de justicia y las policías comunitarias, recuerda El Paraíso. Después de que Eliseo Villar dijo que estaba expulsada, se desató la represión contra los comunitarios de esa representación

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) realizará este sábado en San Luis Acatlán su asamblea regional en la que se ratificará, o en su caso desechará, el desconocimiento y la expulsión de la Casa de Justicia de El Paraíso, que ha sufrido una de las peores represiones en las últimas dos semanas con la detención de dos de sus coordinadores y 28 policías comunitarios.
La estructura de la Casa de Justicia de El Paraíso, a la que están incorporadas autoridades y policías comunitarios de los municipios de Huamuxtitlán, Olinalá, Tixtla, Ayutla y Tecoanapa, así como de la comunidad de Tlatlauquitepec, municipio de Atlixtac, fue desconocida y expulsada, según declaraciones del coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, en acuerdo con los coordinadores de las casas de Espino Blanco y Zitlaltepec y sin que se realizara procedimiento interno alguno.
El supuesto desconocimiento sobrevino después de que autoridades y policías comunitarios de El Paraíso participaron en bloqueos y expresaron su solidaridad con el movimiento de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el 6 de agosto pasado, cuando esta organización se movilizó en contra del desarme por parte de los militares a los policías ciudadanos en El Pericón, municipio de Tecoanapa.
Ese día la CRAC-El Paraíso también realizó bloqueos en Huamuxtitlán, Tlatlauquitepec, Tixtla y Ayutla en contra del desarme de la Policía Ciudadana de la UPOEG por parte del Ejército.
A partir de entonces el coordinador Eliseo Villar dijo que la Casa de Justicia de El Paraíso estaba expulsada de la CRAC, aunque para ello debió haberse primero convocado a una asamblea regional como la que se realizará este 31 de agosto.
A partir del desconocimiento y la supuesta expulsión de esta Casa de Justicia comenzó a sufrir la represión por parte del Ejército, a tal grado que el 21 de agosto fueron detenidos dos de sus coordinadores, Nestora Salgado García y Bernardino García Francisco, la primera de Olinalá y el segundo de El Paraíso, municipio de Ayutla.
También fueron desarmados y detenidos ese día 12 policías comunitarios de El Paraíso, así como cuatro autoridades municipales de Tlatlauquitepec, mientras que el 23 de agosto fueron detenidos otros 12 policías comunitarios de la comunidad de Quihuatepec, municipio de Ayutla;  en ambos operativos también fueron liberados más de 30 detenidos que estaban bajo resguardo de la Policía Comunitaria.
“Ellos se lo buscaron, nosotros ya les habíamos advertido  de que estaban cometiendo delitos y que podrían actuar en su contra”, dijo Eliseo Villar Castillo cuando se le preguntó su opinión con respecto a estos actos del Ejército en contra de las autoridades y policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso.
Ahora, después de la agresión y represión del Ejército, podrían también enfrentar la decisión de ser expulsados por sus propios compañeros de las otras casas de justicia, las de Zitlaltepec, Espino Blanco y San Luis Acatlán.
La admisión e incorporación de la Casa de Justicia de El Paraíso dentro de la estructura de la CRAC se aprobó en una asamblea regional en marzo de 2012, en la comunidad de San José Vista Hermosa, municipio de Iliatenco.
Luego de un proceso de asambleas comunitarias en la región de Ayutla, se tomó protesta a los grupos de la Policía Comunitaria ed El Paraíso el 25 de noviembre de 2012 en la Asamblea Regional de celebración del 17 aniversario de la Policía Comunitaria en la comunidad de Miahuichan, municipio de San Luis Acatlán.
Asimismo, el 22 de diciembre de 2012, en Asamblea Regional que se realizó en la comunidad de La Concordia, municipio de Ayutla, se acordó la creación de la Casa de Justicia Comunitaria en El Paraíso y en esa misma asamblea se nombraron los coordinadores y comandantes regionales correspondientes.
Mediante un comunicado, el 28 de agosto pasado la Casa de Justicia de El Paraíso cuestionó su supuesta expulsión.
“Tenemos conocimiento que ninguna asamblea regional ha expulsado del sistema comunitario a la Casa de Justicia del Paraíso, por lo que todas las comunidades y autoridades incorporadas a esa casa de justicia, que no hayan sido desconocidas en Asamblea Regional, siguen siendo parte de nuestro sistema y del territorio comunitario”, dice el comunicado.
Asimismo, la Casa de Justicia de El Paraíso denuncia que detrás de esa decisión está el gobierno del estado; dice: “nos queda clara la intención e interés del gobierno del estado y federal, de controlar y desarticular este sistema comunitario construido por los pueblos originarios y mestizos de la Costa y la Montaña, para lo cual se sirve de todos los elementos y recursos con los que cuenta”,
Y también cuestiona que: “es vergonzoso darnos cuenta de la prisa con la que han actuado la Policía Federal, el Ejército y la Marina para reprimir a nuestros compañeros, tomando como pretexto una declaración de prensa en el periódico El Sur con fecha del 10 de agosto de 2013. Misma nota donde autoridades de San Luis Acatlán declaran que aquellos compañeros estaban expulsados de la CRAC”.
Y luego el comunicado agrega que “la expulsión no figura entre las sanciones que aplica nuestro sistema comunitario”.
Asimismo, el documento añade que “esta situación, lejos de llamar a la unidad del sistema comunitario, está debilitando más el proceso de lucha de nuestros pueblos, con toda esta actuación están arrastrando a autoridades y comunidades detrás de sus intereses personales, promoviendo un racismo contra todo lo mestizo, debilitando y destruyendo un sistema que a los pueblos originarios y mestizos les ha costado grandes sacrificios”.
El documento concluye con un llamado a las autoridades comunitarias y agrarias, a los coordinadores de las cuatro casas de justicia, a los consejeros regionales y de cada comunidad, “a que de manera unida y fraterna decidamos lo mejor a favor de nuestros pueblos” en la asamblea regional de este 31 de agosto.

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