Denuncia el apoderado de un terreno que el hermano del gobernador pretende despojarlo

Daniel Velázquez

El apoderado legal de un predio en Chilpancingo, Jaime Cisneros Memije, denunció que el hermano del gobernador, Carlos Mateo Aguirre Rivero, reclama la propiedad del mismo desde 2007 con documentos “fraudulentos” y teme que haya tráfico de influencias con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por el parentesco y la función que él desempeña en el gobierno del estado.
Carlos Mateo Aguirre ocupa el cargo de coordinador general del Ejecutivo estatal, que realiza funciones de “vicegobernador”, y los representantes del hermano del gobernador en el juicio son el hermano del secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, Luis Salgado Gómez y los hijos del secretario general, Humberto y Alan Salgado Cornel, quienes fueron nombrados en noviembre de 2010.
Otra de las irregularidades que denunció es que el hermano del gobernador le solicitó dos millones de pesos para él desistirse, pero el apoderado legal señala que no puede pagarle esa cantidad porque el predio es de su propiedad.
De acuerdo con el apoderado legal del predio, Cisneros Memije, y su abogado José Luis Flores Flores las sentencias emitidas por el tribunal han estado precedidas por la sombra de reuniones que el secretario Humberto Salgado Gómez ha tenido con los magistrados días antes de emitir sentencia.
La primer sentencia emitida por el tribunal fue el 25 de enero de 2011, cinco días antes de la elección de gobernador que ganó Ángel Agui-rre Rivero y la segunda sentencia fue el 13 de julio de 2011 cuando éste ya teñía más de tres meses en el cargo.
La fecha en que el hermano del gobernador se adjudicó el predio, el alcalde de Chilpancingo era el diputado federal Mario Moreno Arcos, quien está identificado como uno de los amigos cercanos de Ángel Aguirre.
Cisneros Memije consideró que se trata de “un fraude maquinado”, por la cantidad de irregularidades que hay para acreditar que el hermano del gobernador compró el predio en 2006.
Entre las irregularidades que manifiesta Cisneros Memije y su abogado, en que asegura incurrió el hermano del gobernador para acreditar la propiedad del predio en disputa, está la falsificación de documentos oficiales y testigos inexistentes.
En una visita a la Redacción de El Sur, Cisneros Memije y su abogado José Luis Flores entregaron copias de las sentencias emitidas sobre el caso y denunciaron que previo a la del 13 de julio de 2011, el secretario general de Gobierno Humberto Salgado se reunió con los magistrados.
En las dos sentencias que se han emitido sobre el caso, el tribunal no ha dado la razón a ninguna de las partes, porque argumenta que ninguna probó la nulidad de los documentos que cada uno de los involucrados muestra para acreditar la propiedad del predio, pero los quejosos alegan que hay jurisprudencia sobre el tema, misma que fue desechada por los magistrados.
El abogado José Luis Flores considera que esa sentencia fue la “única” manera que encontraron los magistrados para “ayudar” al hermano del gobernador.
El vecino reclama que el predio ha sido de su propiedad desde hace 20 años y el terreno se regularizó ante el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur) luego de la regularización que ordenó el gobierno del estado en esa zona en 1999, y el hermano del gobernador presenta una escritura sin número ni registro del volumen en el que fue asentada y carece de protocolo.
El predio en disputa tiene una extensión de mil 217 metros cuadrados y está ubicado frente a la Procuraduría de Justicia del Estado, en Chilpancingo, en el sitio conocido como Tepango.
La pugna por el predio comenzó en 2007, cuando el apoderado legal de los propietarios del terrenos acudió a la Dirección de Catastro Municipal de Chilpancingo, donde se enteró que la cuenta catastral del terreno fue dada de baja porque en febrero de 2005 mediante el oficio DG/101/06 del Invisur le informaron que el predio había sido vendido, el documento con fecha 5 de febrero de 2005 fue firmado por Ramón Sotres Núñez, quien entró en funciones el 1 de abril de 2005, lo que derivó en una demanda por falsificación de documentos.
Según los inconformes, otro de los documentos apócrifos presentados para avalar la compra venta del predio es un oficio del 13 de abril de 2005, dirigido al Registro Público de la Propiedad, firmado por Marco Antonio Castrejón Lobato, quien dejó el cargo el 31 de marzo de 2005.
La escritura con la que el hermano del gobernador acredita que Alberto Cabrera Adame vendió a Arturo Montero Anaya no tiene número de escritura pública, falta el volumen bajo el cual se encuentra asignada, tampoco contiene el apéndice del protocolo, lo que viola siete artículos de la Ley del Notariado del estado.
Otra de las irregularidades de la escritura, es que las colindancias descritas en el documento no coinciden con las físicas, lo que demuestra que “quien falsificó los documentos nunca ha estado físicamente en el predio”.
Además, la persona que le vendió el predio al hermano del gobernador, de nombre Arturo Montero Anaya, presentó credenciales del IFE falsas, con domicilios inexistentes y al ser requerido a juicio se le buscó mediante la institución, que declaró que las credenciales presentadas eran falsas, por lo que se inició la averiguación previa PGR/GRO/CHDDII/226/2008.
El apoderado legal argumentó que el predio fue regularizado por un decreto del gobierno del estado, publicado en el Periódico Oficial del estado el 7 de diciembre de 1999, mediante el cual dio facultades al Invisur para regularizar a los ocupantes irregulares del predio conocido como Tepango.
En su defensa, el hermano del gobernador alega que el predio en disputa fue adquirido de manera irregular por la parte que reclama su propiedad, porque no cumple con las reglas de operación del Invisur y la regularización de los lotes se hizo en los términos de la fracción 10, del artículo 25 de la Ley de Vivienda Social y de Fraccionamientos Populares.
Entre las irregularidades que señaló está que para poder adquirir el predio, la propietaria Natividad Martínez Salmerón debió acreditar que sus ingresos no excedían cuatro veces el salario mínimo y que el lote no debería rebasar los 90 metros cuadrados, por tanto aseguró que la escritura de compra-venta con la que sustenta la propiedad es nula, “porque es producto de unos trabajos censales (si es que se llevaron a cabo) irregulares y falsos, que violentan las reglas y normas de orden público y de carácter social del decreto gubernamental”.
Otro de los argumentos del hermano del gobernador es que para regularizar los predios de Tepango, debió haber sido autorizado por el Congreso local, lo cual no ocurrió y por tanto el Invisur no podía emitir una escritura “ya que el acto de autoridad estaba viciado desde su origen”.