Preocupa a la Comverdad la presencia del Ejército y la Marina en las calles

Para evitar los crímenes de lesa humanidad en estos días, debe haber justicia para las víctimas de hace más 30 de años, dice Enrique González Ruiz. Son más de 300 personas las que desaparecieron en Guerrero en la guerra sucia, reporta Pilar Noriega

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Comisión de la Verdad consideró preocupante que el Ejército y la Marina estén en la calles haciendo labores de policía.
El comisionado Arquímedes Morales Carranza consideró una “pena” que los soldados instalen cocinas en poblaciones que padecen hambre, porque eso indica que como país no se les puede garantizar un empleo.
En conferencia de prensa, la Comverdad aclaró que por ley no puede opinar sobre casos de violaciones de derechos humanos de la actualidad, pero señaló que preocupa la situación de autoridades e integrantes de la Policía Comunitaria que han sido detenidos por el Ejército.
El presidente de la Comisión, José Enrique González Ruiz, advirtió que las policías comunitarias son una expresión de una inconformidad social, que se encuentran en una situación delicada, y convocó a las autoridades a respetar sus derechos humanos y dar un cauce apropiado a este fenómeno social, para evitar que se repitan los crímenes del pasado.
Morales Carranza añadió que el Ejército debe estar en los cuarteles, no debe tener el papel de policía; “desafortunadamente, eso de que los mandan en un programa (la cruzada contra el hambre) a hacer cocina…, nos debe dar pena que haya personas hambrientas, quiere decir que no tenemos capacidad como país de poderles dar fuentes de trabajo”.
En una conferencia de prensa en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, la comisión que se creó para la investigación de las violaciones a los derechos humanos durante la guerra sucia en los años 60 y 70 en Guerrero, advirtió que para evitar los crímenes de lesa humanidad que persisten hasta nuestros días, debe haber justicia para las víctimas de hace más 30 de años.
En este sentido, demandaron al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que informen dónde están los detenidos desaparecidos, porque “se sabe” quiénes son los responsables y “ellos saben dónde están los cuerpos” de las víctimas.
Recordaron que en Guerrero se dio el mayor número de desaparecidos registrados y el mayor número de atropellos a la dignidad de la población en el país durante la guerra sucia, y aunque no existe una cifra exacta, la mayoría de ellos tienen rostro, nombre, y sus familiares acusaron a los cuerpos de seguridad del Estado mexicano como responsables de su desaparición.
En esta fecha conmemorativa, urgieron a las autoridades federales y estatales a incluir en las leyes la figura de “ausencia por desaparición forzada, que no implica la muerte de la persona, para que los familiares puedan regularizar la situación jurídica sin tener que aceptar un deceso que no está plenamente probado”.
Los comisionados reiteraron su respaldo a las exigencias de los movimientos de familiares y víctimas para que se presente con vida a todas las personas desaparecidas para que se integren a su familia y a su entorno social.
Sobre su trabajo, que deben concluir el 17 de abril del próximo año, la comisionada Pilar Noriega García informó que, de acuerdo con las listas generales, son más de 300 personas las que desaparecieron en Guerrero, y han recogido 292 testimonios que representaban 317 casos de detenidos desaparecidos en poco más de un año.
Denunció que aún no tienen acceso a los expedientes de la desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), porque la Procuraduría General de la República (PGR) les negó la información, lo que motivó la primera recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por los crímenes de la guerra sucia.
Esperan que en dos meses un juez federal resuelva el amparo que solicitaron, aunque este mismo juez señaló, de entrada, que no podía ampararlos porque la Comverdad representa una autoridad de gobierno.
Pero Noriega aclaró que existe una jurisprudencia que indica que una autoridad es aquella que afecta jurídicamente a una persona, y la Comverdad no tiene esas facultades y representa a la ciudadanía guerrerense de acuerdo con el decreto de ley que motivó su creación.
Al respecto, González Ruiz denunció que no hay voluntad del Estado para esclarecer los hechos y usa pretextos para negar toda información, pero confió en que van obligar a la PGR a entregar los archivos de la Femospp, para concluir su informe.
Sobre la falta de personas o restos encontrados, y de personajes sentenciados por los delitos de lesa humanidad de los 70, a diferencia de otros países, Morales Carranza indicó que están haciendo un esfuerzo para que las asociaciones de familiares en el estado y en el país hagan esa tarea con apoyo y solidaridad de la comisión, “para lograr algún propósito”.
Recordó que estos eventos ocurrieron hace varias hace varias décadas, y el Congreso local restringió a la Comverdad a un periodo de tiempo para las investigaciones que se vence en ocho meses, el 17 de abril, y tentativamente en esa fecha van a presentar su informe final.
Nicomedes Fuentes García  pidió al presidente Peña Nieto y al secretario de Gobernación que mire a las personas que fueron agredidas por la guerra sucia, y que informen dónde quedaron los restos de los detenidos desaparecidos.
Destacó que el caso de Rosendo Radilla permitió  que el tema se ventilara en la opinión pública, pero los restos deben estar en lugares distintos a donde indican los testigos, pero el Estado “quiere obviar, quiere retardar y no quiere resolver este problema”.
Consideró que este puede ser el último esfuerzo que se realice desde el estado para conocer, “es una oportunidad que existe y habría que reclamar”.