Nestora fue enviada a Tepic para “reducir el riesgo de más problemas en el estado”: Lara Montellanos

*Ya vieron “lo que pueden ser capaces de hacer”, afirma el secretario de Seguridad Pública sobre las protestas por la detención.

*El funcionario habla de “las víctimas de la señora Nestora”.

*El procurador Iñaki Blanco reitera que hubo petición de rescate del síndico de Olinalá, pero no da detalles de esa acusación.

*Dijo que no han recibido ningún requerimiento por parte del gobierno de Estados Unidos, sólo una llamada de un consulado

Aurora Harrison

El procurador General de Justicia del Estado (PGJE), Iñaki Blanco Cabrera, y el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC), Sergio Javier Lara Montellanos, dijeron en Acapulco que el traslado de la coordinadora de la CRAC en Olinalá, Nestora Salgado García, al penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, fue para reducir el riesgo de confrontación en el estado.
En conferencia de prensa en la Promotora Turística, acompañados del vocero del gobierno José Villanueva, el titular de la PGJE explicó que el ingreso de Salgado García al penal federal fue en “estricto apego al Convenio de Reclusión de Procesados y Sentenciados del Fuero Federal e Internos del Fuero Común que Requieran Medidas Especiales de Seguridad o Vigilancia”.
Al respecto, el secretario Javier Lara Montellanos declaró que “todo lo que representa tiene el objetivo de reducir el riesgo de tener más problemas en el estado por su detención, entonces se tomó esa decisión”.
Añadió que “se han dado cuenta de los acontecimientos recientes y a los ojos de todos lo que pueden ser capaces de hacer”, en referencia a los integrantes de la Policía Comunitaria y las protestas por la detención de Nestora Salgado.
Cuando se le preguntó si era reducir las manifestaciones de personas que piden su libertad, declaró: “todo lo que conlleva, yo creo que usted como prensa se ha dado o estuvo en todas las declaraciones que las víctimas de la señora Nestora han hecho, y lleva un riesgo, si le estoy diciendo, acudió en función al grado de riesgo en el estado al tenerla aquí”.
Agregó que existía la hipótesis de que al detener a la coordinadora de la CRAC en Olinalá habría reacciones, “aducen algunos argumentos que no son legales, y esperamos que estas reacciones que están teniendo y confiamos que la ciudadanía vea que no están fundamentados sus reclamos y que acepten la decisión que se tomó”.
De  los señalamientos de abogados del Centro Tlachinollan, en el sentido de que no hay sustento legal para la detención de la dirigente, el procurador Iñaki Blanco dijo que para el delito de secuestro se requiere “un elemento subjetivo específico, que es la obtención de un rescate o bien ocasionar un daño, perjuicio a la víctima, y el ministerio público estimó que contaba con los elementos necesarios para ejercer acción penal contra esas personas por el delito de secuestro agravado”.
Cuando se le preguntó al procurador por qué la mandaron al penal federal de Tepic, Blanco Cabrera declaró que fue en cumplimiento del convenio con el gobierno federal, y que la petición la hizo la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del estado.
Se le preguntó si Nestora Salgado era peligrosa, y declaró que “eso no lo determiné yo, sino la SSPPC”.
Ante la pregunta de los reporteros de si la coordinadora representa un riesgo para el estado, declaró que “es para proteger la integridad de la interna, de la institución penitenciaria, de quienes trabajan en la misma y de otros reclusos, y la sociedad en su conjunto”.
Después el procurador Blanco Cabrera se negó a señalar si los policías comunitarios representan un riesgo en el estado.
“No quisiera hacer un pronunciamiento, se está investigando la probable responsabilidad de algunas personas que han sido señaladas por las víctimas”, argumentó el procurador, y recordó que en cuanto se libró la orden de aprehensión la dirigente fue consignada al penal de Acapulco, rindió su declaración y luego fue trasladada al penal de Tepic.
Añadió que ante la secrecía del caso, no podía dar más detalles de la cantidad que supuestamente se pidió como rescate a los familiares de la víctima, en referencia al síndico de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, detenido por la Policía Comunitaria acusado de intentar apoderarse de una vaca robada y de encubrir dos homicidios.
El procurador dijo que tampoco podía dar detalles sobre si a los familiares de Patrón Jiménez se les dio seguridad.
Y señaló que desconoce si a la dirigente de la CRAC le hicieron firmar documentos en blanco, como ha denunciado su familia; “desconozco, eso tendrá que preguntárselo al juez”, dijo.
Declaró que no han recibido ningún requerimiento por parte de las autoridades de Estados Unidos, que sólo tuvieron una llamada por parte del consulado.
Agregó: “y nada más destacar que la PGJE en ningún momento tuvo conocimiento que la señora tuviese la doble nacionalidad, y cuando declaró en preparatoria señaló ser de Olinalá”.
Agregó que en el caso de Nestora Salgado se cumplió en el tiempo legal establecido, y que a solicitud del ministerio público se solicitó una orden de cateo para revisar diversos domicilios, lo que se realizó el pasado 21 de agosto con apoyo del Ejército, la Marina, la Policía Ministerial, la Policía Estatal, y se capturó a la coordinadora de la CRAC.
Precisó que tras la operación se puso a disposición del representante social a 59 personas, de las cuales en la comunidad de El Paraíso, municipio de Ayutla, 39 fueron en calidad de presentados, y de esos 13 son probables responsables; en Tlatlauquitepec, en Huamuxtitlán, fueron presentados tres, entre ellos al síndico municipal de Olinalá, y cuatro presuntos responsables.
En un comunicado que leyó, dijo que después, tras una denuncia anónima a la Policía Federal, respecto a personas privadas de su libertad en la localidad de Quiahuitepec, en Ayutla, se realizó otra operación el 23 de agosto y detuvieron a 12 probables responsables y liberaron a 7 víctimas, y se inició la averiguación correspondiente.
“A la fecha, cuatro de dichos probables responsables se encuentran sujetos a medida cautelar de arraigo, y los demás fueron puestos en libertad con las reservas de ley”, dijo el procurador, quien exhortó a quienes hayan sido agraviados a denunciar los hechos.
Sobre los 21 policías comunitarios que custodiaban las casas de justicia de la CRAC, y que están bajo la medida cautelar de arraigo, dijo que no han aportado pruebas para sustentar las acusaciones formuladas contra las personas que estaban privadas de su libertad en esas casas de justicia, en calidad de responsables de diversos delitos.