No desconoce la CRAC a la Casa de El Paraíso; demanda la libertad de todos los detenidos

*La asamblea regional, por amplia mayoría, desechó las posiciones del coordinador de San Luis Acatlán, Eliseo Villar que pretendía expulsar a los policías comunitarios que dependen de esa sede. Acuerdan también exigir la salida del Ejército y la Marina del territorio comunitario

Lourdes Chávez

San Luis Acatlán

La Coordinadora Regional de Au-toridades Comunitarias (CRAC), se manifestó por la libertad de todos los detenidos de la Casa de Justicia de El Paraíso y la desmilitarización del territorio comunitario en asamblea.
El acuerdo derrumba la acusación de “secuestro agravado” que se usó para detener a Nestora Salgado en una operación realizada no por la Policía Ministerial sino por efectivos del Ejército y la Marina, que se basaba en que la coordinadora de la Policía Co-munitaria de Olinalá ya había sido “expulsada” de la CRAC, y por lo tanto ya no era ninguna autoridad para detener a nadie pues ya no estaba amparada por la Ley 701 de reconocimiento de los derechos indígenas.
En la reunión a la que no asistieron los voceros de la Casa de Justicia de El Paraíso,  cuatro coordinadores aceptaron que se cometieron errores y pidieron mantener la unidad de las cuatro casas de justicia que integran la institución comunitaria.
En la reunión de cerca de cinco horas (y que se retrasó tres horas porque los policías comunitarios llegaron tarde a la asamblea debido a las revisiones de sus armas que les hicieron en militares en retenes), la mayoría de las opiniones fueron a favor de la unidad.
Incluso recriminaron al coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, que  haya anunciado en la prensa el desconocimiento de las policías comunitarias adscritas a la Casa de Justicia de El Paraíso (las de Ayutla, Tecoanapa, Tixtla, Huamuxtitlán, Olinalá y Atlixtac), antes de que el tema fuera discutido en esta asamblea.
Asimismo, cuestionaron que avaló  la credencialización de la Policía Comunitaria con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, y la militarización en la región, pero Del Villar aseguró que nunca pactó la entrada de los soldados a sus comunidades, y dijo que fueron los alcaldes quienes lo pactaron como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Añadió que “no había de otra” más que aceptar la credencialización pero dijo que le advirtió al gobernador y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que la CRAC no tendrían un tercer desarme ni una detención, y “el día que me pare un militar, me va a llevar la chingada, pero también al militar”.
A favor de la separación de El Paraíso, la coordinadora de la Casa de San Luis Acatlán, Adelaida Hernández Nava, argumentó que los promotores de la Policía Comunitaria de Ayutla y Tixtla,  Arturo Campos y Gonzalo Molina, no atendieron los llamados de atención que les hicieron Eliseo Villar y ella, y que incluso los enfrentaron con agresiones verbales.
Recordó que la comandante de la CRAC de Olinalá, Nestora Salgado García, detenida por “secuestro agravado” en un penal federal de Tepic, nunca fue nombrada “coordinadora” en la asamblea regional de las cuatro casas de justicias. “Si secuestró, no vamos a cargar con los delitos de esa señora, y no tenemos porqué andar borrándole los delitos”, dijo, repitiendo los argumentos de los funcionarios del gobierno con los que tratan de justificar la detención de la coordinadora en Olinalá.
A los coordinadores de El Paraíso que asistieron a la asamblea, los acusó por dejarse rebasar por Arturo Campos y Gonzalo Molina, y llevar a sus policías a las protestas contra el gobierno.
Entre las últimas intervenciones, el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, pidió a la asamblea el apoyo a la Casa de Justicia de El Paraíso, de lo contrario el gobierno lograría su objetivo de dividir a la CRAC, dijo.
Advirtió que todo el territorio comunitario está militarizado, “no creamos que las demás casas de justicia están a salvo. Van contra todo el proyecto. Dejemos a un lado las expulsiones, los problemas hay que tratarlos en una asamblea posterior, pero  ahora hay indígenas mixtecos encerrados, a quienes se violentaros sus derechos humanos, lo mismo que a Nestora Salgado”.
Respecto a la comandante de Olinalá, acusada secuestrar a personas que fueron detenidas por la Policía Comunitaria y llevadas a reeducación a Ayutla, denunció que el gobierno  pretende criminalizarla.
“Ahora dicen que no hay delincuentes en Olinalá, pero hace años se sabe que ahí opera una banda de secuestradores”, para corroborarlo añadió que un ex presidente municipal está preso en el penal de alta seguridad de Almoloya (por este delito, y el alcalde actual es su pariente”.
Ante las constantes alusiones a la violación del reglamento, el asesor jurídico de la CRAC, Valentín Hernández Chapa, recordó que por norma interna se elige como representantes a personas de integridad física y moral.
De la detención de  Eliseo Villar por soldados en Acapulco, a principios de mayo, Hernández Chapa recordó que si lo agarraron fue porque confió en el gobierno; asimismo Nestora Salgado acordó con el gobernador la entrada del Ejército y la Marina a Olinalá y los militares fueron los que la detuvieron.
Después de la credencialización de los policías comunitarios, advirtió que los soldados irán a detenernos a sus propias casas.
El presidente de la mesa de debates sometió a votación a favor y luego en contra la propuesta de apoyar la liberación de todos los detenidos y la salida del Ejército y la Marina de territorio de la CRAC.
Al final, 52 votos de 59 autoridades comunitarias presentes votaron por la  unidad de las cuatro casas de justicia: San Luis, Zitlaltepec, Espino Blanco y El Paraíso, y se unieron a la demanda de libertad de 34 policías comunitarios detenidos por el Ejército.
Pero también se acordó reactivar a la comisión que se integró en la asamblea anterior, para poner orden en la Casa de Justicia de El Paraíso de Ayutla, para evitar que transgredan la norma de la institución.
En la sesión se discutirían 11 puntos según el orden del día, pero sólo llegaron al sexto sobre conflictos externos de la CRAC, y se determinó llevar a la siguiente sesión el resto de los temas.
En una de sus intervenciones, Eliseo Villar reconoció que el gobierno federal ha estado desarmando a cada rato a la Policía Comunitaria, “a pesar de que tenemos leyes  acuerdos a nuestro favor, el gobierno federal no las ha respetado.
Recordó que fue detenido y desarmado con otros policías comunitarios en Acapulco, y fue necesario un movimiento de los pueblos, para que fueran liberados, pero con un acuerdo de la Casa de Justicia de San Luis.
Sin embargo, señaló después la asamblea aprobó buscar solución por la vía pacífica, porque existe mucho hostigamiento del gobierno federal, “a cada rato deteniendo a comunitarios”.
Pero, insistió en que desde que el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, comenzó a crear grupos de autodefensa, se creó  gran confusión porque se presentaba como CRAC y entonces comenzaron desarmes a la Policía Comunitaria real.

Renuncia un coordinador por amenazas del narcotráfico

En el primer asunto de discusión de la asamblea, Eliseo Villar informó que el coordinador de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, que administró el dinero del subsidio del gobierno estatal hasta julio, renunció por “amenazas del narcotráfico, sin embargo, a él le presentó las cuentas, y todo estaba en orden”.
Indicó que también su secretaria renunció  por “amenazas fuertes” que no quiso precisar, pero subrayó que ninguna de las salidas fue por presiones de la Casa de Justicia.
Desglosó de manera general el gasto del millón de pesos mensuales que reciben del gobierno del estado, donde sobresalió el pago de un examen antidoping para policías comunitarios por 185 mil pesos, requisito para la obtención de la licencia 110 para portación de armas de varios calibres, en proceso.
En respuesta, el consejero Pablo Guzmán Hernández,  acusado por disidentes y por el mismo Eliseo Villar de presuntos desvíos de recursos,  propuso la integración de un comité con conocimientos de contabilidad para que se encargue de la revisión del último informe de San Luis y de las administraciones anteriores, para construir la confianza y evitar los problemas de siempre. El punto fue validado por la asamblea.
Eliseo Villar aprovechó para aclarar sobre el ingreso de 8 millones de pesos del gobierno del estado, de los cuales según versiones periodísticas, repartió de 10 mil a cada policía comunitario para que le tomen la foto y reciban las credenciales.
Aseguró que el dinero salió de la Secretaría de Desarrollo Rural a nombre de cada uno de los beneficiados con proyectos productivos,  “no tengo nada que esconder”.
También se informó del cambio de coordinadores de la Casa de Justicia de Zitlalpetec, porque se negaron a dar informes del financiamiento que recibieron, y se habló de  que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas envió 620 mil pesos, pero nadie sabe qué autoridad los recibió, y tampoco la dependencia quiere informar de esta situación.
Un consejero de la comunidad de Colombia de Guadalupe pidió que todos los casos de renuncia sean abordados en las asambleas regionales, porque ahí se hacen los nombramientos, y  mientras el órgano no avale a nuevos representantes, los anteriores siguen siendo autoridades.