Rechaza la CRAC la expulsión de Nestora y le da todo su apoyo

*Por 52 votos de 59, las autoridades comunitarias reunidas en San Luis Acatlán desecharon la propuesta de separar a la Casa de Justicia de El Paraíso, donde se agrupa la Policía Comunitaria de Olinalá

*La acusación de secuestro por la que Salgado está detenida en un penal federal la basó el gobierno en que ya no era autoridad y por ende ya no la amparaba la Ley 701

*Demandan su liberación y la de 34 comunitarios detenidos por el Ejército

*Exigen también la desmilitarización del territorio comunitario

*Están en la cárcel de Las Cruces 10 de los 70 reportados como desaparecidos en el desarme de Cruz Grande

*El esposo de Nestora traslada su protesta a la sede de la ONU en Nueva York

No desconoce la CRAC a la Casa de El Paraíso; demanda la libertad de todos los detenidos

*La asamblea regional, por amplia mayoría, desechó las posiciones del coordinador de San Luis Acatlán, Eliseo Villar que pretendía expulsar a los policías comunitarios que dependen de esa sede. Acuerdan también exigir la salida del Ejército y la Marina del territorio comunitario

Lourdes Chávez

San Luis Acatlán

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), se manifestó por la libertad de todos los detenidos de la Casa de Justicia de El Paraíso y la desmilitarización del territorio comunitario en asamblea.
El acuerdo derrumba la acusación de “secuestro agravado” que se usó para detener a Nestora Salgado en una operación realizada no por la Policía Ministerial sino por efectivos del Ejército y la Marina, que se basaba en que la coordinadora de la Policía Co-munitaria de Olinalá ya había sido “expulsada” de la CRAC, y por lo tanto ya no era ninguna autoridad para detener a nadie pues ya no estaba amparada por la Ley 701 de reconocimiento de los derechos indígenas.
En la reunión a la que no asistieron los voceros de la Casa de Justicia de El Paraíso,  cuatro coordinadores aceptaron que se cometieron errores y pidieron mantener la unidad de las cuatro casas de justicia que integran la institución comunitaria.
En la reunión de cerca de cinco horas (y que se retrasó tres horas porque los policías comunitarios llegaron tarde a la asamblea debido a las revisiones de sus armas que les hicieron en militares en retenes), la mayoría de las opiniones fueron a favor de la unidad.
Incluso recriminaron al coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, que  haya anunciado en la prensa el desconocimiento de las policías comunitarias adscritas a la Casa de Justicia de El Paraíso (las de Ayutla, Tecoanapa, Tixtla, Huamuxtitlán, Olinalá y Atlixtac), antes de que el tema fuera discutido en esta asamblea.
Asimismo, cuestionaron que avaló  la credencialización de la Policía Comunitaria con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, y la militarización en la región, pero Del Villar aseguró que nunca pactó la entrada de los soldados a sus comunidades, y dijo que fueron los alcaldes quienes lo pactaron como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Añadió que “no había de otra” más que aceptar la credencialización pero dijo que le advirtió al gobernador y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que la CRAC no tendrían un tercer desarme ni una detención, y “el día que me pare un militar, me va a llevar la chingada, pero también al militar”.
A favor de la separación de El Paraíso, la coordinadora de la Casa de San Luis Acatlán, Adelaida Hernández Nava, argumentó que los promotores de la Policía Comunitaria de Ayutla y Tixtla,  Arturo Campos y Gonzalo Molina, no atendieron los llamados de atención que les hicieron Eliseo Villar y ella, y que incluso los enfrentaron con agresiones verbales.
Recordó que la comandante de la CRAC de Olinalá, Nestora Salgado García, detenida por “secuestro agravado” en un penal federal de Tepic, nunca fue nombrada “coordinadora” en la asamblea regional de las cuatro casas de justicias. “Si secuestró, no vamos a cargar con los delitos de esa señora, y no tenemos porqué andar borrándole los delitos”, dijo, repitiendo los argumentos de los funcionarios del gobierno con los que tratan de justificar la detención de la coordinadora en Olinalá.
A los coordinadores de El Paraíso que asistieron a la asamblea, los acusó por dejarse rebasar por Arturo Campos y Gonzalo Molina, y llevar a sus policías a las protestas contra el gobierno.
Entre las últimas intervenciones, el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, pidió a la asamblea el apoyo a la Casa de Justicia de El Paraíso, de lo contrario el gobierno lograría su objetivo de dividir a la CRAC, dijo.
Advirtió que todo el territorio comunitario está militarizado, “no creamos que las demás casas de justicia están a salvo. Van contra todo el proyecto. Dejemos a un lado las expulsiones, los problemas hay que tratarlos en una asamblea posterior, pero  ahora hay indígenas mixtecos encerrados, a quienes se violentaros sus derechos humanos, lo mismo que a Nestora Salgado”.
Respecto a la comandante de Olinalá, acusada secuestrar a personas que fueron detenidas por la Policía Comunitaria y llevadas a reeducación a Ayutla, denunció que el gobierno  pretende criminalizarla.
“Ahora dicen que no hay delincuentes en Olinalá, pero hace años se sabe que ahí opera una banda de secuestradores”, para corroborarlo añadió que un ex presidente municipal está preso en el penal de alta seguridad de Almoloya (por este delito, y el alcalde actual es su pariente”.
Ante las constantes alusiones a la violación del reglamento, el asesor jurídico de la CRAC, Valentín Hernández Chapa, recordó que por norma interna se elige como representantes a personas de integridad física y moral.
De la detención de  Eliseo Villar por soldados en Acapulco, a principios de mayo, Hernández Chapa recordó que si lo agarraron fue porque confió en el gobierno; asimismo Nestora Salgado acordó con el gobernador la entrada del Ejército y la Marina a Olinalá y los militares fueron los que la detuvieron.
Después de la credencialización de los policías comunitarios, advirtió que los soldados irán a detenernos a sus propias casas.
El presidente de la mesa de debates sometió a votación a favor y luego en contra la propuesta de apoyar la liberación de todos los detenidos y la salida del Ejército y la Marina de territorio de la CRAC.
Al final, 52 votos de 59 autoridades comunitarias presentes votaron por la  unidad de las cuatro casas de justicia: San Luis, Zitlaltepec, Espino Blanco y El Paraíso, y se unieron a la demanda de libertad de 34 policías comunitarios detenidos por el Ejército.
Pero también se acordó reactivar a la comisión que se integró en la asamblea anterior, para poner orden en la Casa de Justicia de El Paraíso de Ayutla, para evitar que transgredan la norma de la institución.
En la sesión se discutirían 11 puntos según el orden del día, pero sólo llegaron al sexto sobre conflictos externos de la CRAC, y se determinó llevar a la siguiente sesión el resto de los temas.
En una de sus intervenciones, Eliseo Villar reconoció que el gobierno federal ha estado desarmando a cada rato a la Policía Comunitaria, “a pesar de que tenemos leyes  acuerdos a nuestro favor, el gobierno federal no las ha respetado.
Recordó que fue detenido y desarmado con otros policías comunitarios en Acapulco, y fue necesario un movimiento de los pueblos, para que fueran liberados, pero con un acuerdo de la Casa de Justicia de San Luis.
Sin embargo, señaló después la asamblea aprobó buscar solución por la vía pacífica, porque existe mucho hostigamiento del gobierno federal, “a cada rato deteniendo a comunitarios”.
Pero, insistió en que desde que el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, comenzó a crear grupos de autodefensa, se creó  gran confusión porque se presentaba como CRAC y entonces comenzaron desarmes a la Policía Comunitaria real.

Renuncia un coordinador por amenazas del narcotráfico

En el primer asunto de discusión de la asamblea, Eliseo Villar informó que el coordinador de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, que administró el dinero del subsidio del gobierno estatal hasta julio, renunció por “amenazas del narcotráfico, sin embargo, a él le presentó las cuentas, y todo estaba en orden”.
Indicó que también su secretaria renunció  por “amenazas fuertes” que no quiso precisar, pero subrayó que ninguna de las salidas fue por presiones de la Casa de Justicia.
Desglosó de manera general el gasto del millón de pesos mensuales que reciben del gobierno del estado, donde sobresalió el pago de un examen antidoping para policías comunitarios por 185 mil pesos, requisito para la obtención de la licencia 110 para portación de armas de varios calibres, en proceso.
En respuesta, el consejero Pablo Guzmán Hernández,  acusado por disidentes y por el mismo Eliseo Villar de presuntos desvíos de recursos,  propuso la integración de un comité con conocimientos de contabilidad para que se encargue de la revisión del último informe de San Luis y de las administraciones anteriores, para construir la confianza y evitar los problemas de siempre. El punto fue validado por la asamblea.
Eliseo Villar aprovechó para aclarar sobre el ingreso de 8 millones de pesos del gobierno del estado, de los cuales según versiones periodísticas, repartió de 10 mil a cada policía comunitario para que le tomen la foto y reciban las credenciales.
Aseguró que el dinero salió de la Secretaría de Desarrollo Rural a nombre de cada uno de los beneficiados con proyectos productivos,  “no tengo nada que esconder”.
También se informó del cambio de coordinadores de la Casa de Justicia de Zitlalpetec, porque se negaron a dar informes del financiamiento que recibieron, y se habló de  que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas envió 620 mil pesos, pero nadie sabe qué autoridad los recibió, y tampoco la dependencia quiere informar de esta situación.
Un consejero de la comunidad de Colombia de Guadalupe pidió que todos los casos de renuncia sean abordados en las asambleas regionales, porque ahí se hacen los nombramientos, y  mientras el órgano no avale a nuevos representantes, los anteriores siguen siendo autoridades.

Sin registro, están en la cárcel de Acapulco diez de los policías comunitarios reportados como desaparecidos, denuncia la Red

*El secretario técnico del orgnismo de derechos hunanos Manuel Olivares dice que oficialmente no hay ninguna información y no se sabe el paradero de otros ocho que también fueron arrestados por el Ejército durante el desarme de manifestantes que hizo el martes

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, informó que 10 de las 70 personas, la mayoría policías comunitarios, que participaron en la marcha de Ayutla a Cruz Grande el martes que fueron reportadas como desaparecidas están en la cárcel de Acapulco.
Dijo que la información que de manera no oficial les proporcionaron es una lista de 18 hombres, entre los que están los 10 de los que dio los nombres.
Pero hay otras ocho personas que detuvo el Ejército y que tampoco ha presentado ninguna autoridad “no sabemos dónde los puedan tener en la Procuraduría General de la República (PGR), en casas de seguridad o arraigo”, lo que es un hecho, confirmó es que están en la lista de personas detenidas.
En conferencia de prensa?en la Red guerrerense, Manuel Olivares informó que de las 70 personas que los dirigentes de la Casa de Justicia de El Paraíso reportan como desaparecidas, después de que militares desarmararon a integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) cuando se dirigían a la protesta a Cruz Grande en exigencia de la liberación de su líder en Olinalá Nestora Salgado García, 10 están recluidas en el penal de Las Cruces.
Las personas que están en la cárcel de Acapulco son Sixto Soto Nava, José Leobardo Maximino, Rafael García Guadalupe, Gerónimo Castro Mauricio, Julio Calixto Taurino, Tomás Morales de los Santos, José Vásquez Fausto, Antonio Cano Morales, Salvador Santos Morales y Juan Cruz Macario.
Ayer por la mañana, fuentes extraoficiales informaron al secretario técnico de la Red que en la cárcel de Acapulco están 10 detenidos de los 70 desaparecidos.
Explicó que las personas que fueron desaparecidas durante el desarme que realizó el Ejército el martes no han sido presentadas ante alguna autoridad, porque es una entrategia del gobierno con la finalidad de que pasen incomunicados el término constitucional para que el juez defina si les dicta libertad o formal prisión, afirmó Manuel Olivares.
“Cuando aparecen ya aparecen en el Cereso, ya pasó el término, y seguramente los van a querer presentar cuando ya les dicten el auto de formal prisión, como lo hicieron con Nestora Salgado García”, dijo el defensor de derechos humanos.
Explicó que es una estrategia del Estado para no permitirles una defensa adecuada.
Reprochó que el gobierno federal no presente o informe de las personas que detuvo durante desarme, porque mantiene en la incertidumbre a decenas de familias que están buscando a las personas que mantienen en calidad de desaparecidas.
De las personas detenidas y que confirmaron que están en la cárcel  de Acapulco, Sixto Soto es originario de San José la Hacienda, Rafael García es de El Puente, Gerónimo Castro de Vista Hermosa y Juan Cruz es Ocote Amarillo, todos del municipio de Ayutla.
No pudo dar más detalles porque afirmó que toda la información la obtuvieron de manera extraoficial, porque las autoridades no han informado nada.
Otras fuentes del reclusoio de Acapulco informaron que el miércoles en la noche llegaron diez detenidos al penal,  que y el jueves fueron vistos y que según información que circuló, eran policías comunitarios de Ayutla que fueron detenidos por el Ejército.

El Tribunal espera una solicitud  de arraigo, trasciende

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia informaron que no hay registro formal del ingreso de policías comunitarios a la cárcel de las Cruces.
Se sabe que el jueves ingresaron 10 indígenas la cárcel de Las Cruces que al parecer son policías comunitarios detenidos por el Ejército el martes durante el desarme a la Policía Comunitaria en Cruz Grande.
La información que diversas fuentes proporcionaron ayer al ser consultadas es que el Tribunal está en espera de una solicitud de arraigo contra más policías comunitarios pero no se pudo conocer contra cuántos es la nueva solicitud que pedirá el Ministerio Público.
Tentativamente se espera que la solicitud llegue entre hoy y mañana la cual será remitida al juez en turno quien tomará la declaración de los policías comunitarios a quienes se la va dictar el arraigo para complementar la averiguación previa y es cuando la defensa podrá presentar pruebas de descargo antes de que venza el plazo del arraigo para que el juez pueda determinar su situación legal. (Carlos Moreno)

El esposo de Nestora Salgado traslada su  protesta a la sede de la ONU en Nueva York

*El apoyo social a la coordinadora de la CRAC, origen del miedo que las autoridades de Guerrero le tienen, dice José Luis Ávila Báez

Mariana Labastida

Familiares y amigos de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, concluyeron el plantón que mantenían afuera del Jackson Federal Building de Seattle, para trasladarse a las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.
El esposo de Nestora Salgado, José Luis Ávila Báez, dijo que no sabe porqué le tienen miedo a su esposa en Guerrero, y consideró que no puede ser un peligro, pues entonces no habría personas exigiendo su liberación.
Vía telefónica, en el cuarto día de su huelga de hambre para exigir la libertad de Nestora Salgado, José Luis Ávila dijo que se trasladarían la noche del sábado en avión de Seattle a Nueva York, donde hoy continuarán con su protesta pero afuera del edificio de la ONU, junto con otros familiares y amigos.
Ávila Báez dijo que continuarán en Nueva York hasta entregar el documento en el que denuncian las irregularidades cometidas en la detención de Nestora Salgado.
Dijo que también están haciendo la traducción al inglés de la Ley 701, para entregársela a legisladores estadunidenses que se interesaron en el caso de la coordinadora.
El esposo de Nestora Salgado dijo que entregaron a la embajada de Estados Unidos en México las pruebas de las irregularidades que se han cometido desde la detención de la coordinadora, como no permitir que se entregaran documentos de la defensa antes de que concluyera el plazo de ley para dictar formal prisión e impedir que ocurriera.
Por su parte la embajada solicitó el nombre del juez que lleva el caso para darle seguimiento a la defensa, dijo Ávila Báez.
De la justificación que dio el secretario de Seguridad Pública del estado, Sergio Javier Lara Montellanos, del traslado de la coordinadora de la Policía Comunitaria al penal de Nayarit por “el riesgo de tener más problemas en el estado por su detención”, el esposo de Nestora Salgado dijo que su miedo es el apoyo social que tiene.
“Pero yo no sé qué tanto miedo le tiene a mi señora, la mera verdad, ¿que mucha gente la apoya es el miedo que le tienen? ¿Que saben que mi mujer tiene razón en muchas cosas que ha demandado?, que yo sepa hay fotos a través de los meses y en las reuniones yo nunca la he visto que traiga en el hombro una cuerno de chivo para que puedan decir así como la quieren pintar, que es peligrosa”, manifestó.
Ávila Báez comparó la detención de su esposa con la de la maestra Elba Esther Gordillo, pero dijo que en el caso de Nestora la gente está viendo la injusticia y por eso la está apoyando, y cuando detuvieron a la líder del SNTE “¿quién protestó cuando la detuvieron?, nadie protestó, nadie reclamó porque todos sabían en realidad lo que esa señora había hecho en toda su vida” a diferencia de su esposa.
“La persona que ha tratado directamente a mi mujer sabe qué tipo de persona es, por eso la apoyan”, expresó.
De la visita de su hija Saira Rodríguez al penal de Nayarit, Ávila Báez dijo que aparte de confirmar que estaba bien, le relató que en la detención los efectivos de la Marina le quitaron el dinero de la venta de gas, el anillo de matrimonio, alhajas que le habían empeñado, y tiraron su pasaporte estadunidense a la basura porque “de nada le iba a servir”.
Dijo que en la PGR no se reportó ninguna pertenencia,
Agregó que en el traslado la golpearon en la espalda, empeorando una lesión que la coordinadora de la Policía Comunitaria tiene debido a un accidente en el que estuvo a punto de quedar paralítica.