Jesús Mendoza Zaragoza

Riesgo de radicalización

Uno. Estamos en una encrucijada que amerita poner atención a ciertas situaciones que están calando hondo a muchos pueblos, sojuzgados por la violencia. Y hay que contar no solo con sensibilidad política sino con sensibilidad humana para entender que, en estos momentos, hay riesgos que hay que prevenir si no queremos lamentar después daños mayores. Muchos pueblos y diversos sectores de la sociedad viven en la orfandad y en la incertidumbre más atroz.
Dos. Las autoridades tenían la obligación de dar seguridad a la sociedad y no lo hicieron, por omisiones, complicidades y colusiones. Las instituciones encargadas de esta responsabilidad, sencillamente no funcionan y las estrategias que han promovido no han alcanzado los objetivos esperados. Los resultados han estado a la vista: una endemoniada violencia que nadie para y que sigue amenazando a pueblos enteros. Hay regiones en el estado de Guerrero que están en situación de ingobernabilidad o, más bien, gobierna el crimen organizado. Ni seguridad ni justicia, así están las cosas.
Tres. Ante la emergencia causada por la violencia, muchos pueblos han optado por armarse y defenderse. Así surgieron movimientos de autodefensa en Guerrero, con todos los riesgos que esto implica. Y las ya experimentadas y añejas policías comunitarias cobraron auge asumiendo, con nuevo vigor, los temas de seguridad y justicia. Han surgido también otros grupos de autodefensa de dudosa procedencia. El grito de los pueblos es que si nadie los defiende, ellos tienen que hacerlo. Esta era una oportunidad para que las autoridades tomaran en serio esta participación ciudadana para completar la estrategia de seguridad con un componente social competente y eficaz.
Cuatro. Desde el gobierno han dividido a la Policía Comunitaria. Saben cómo hacerlo, corrompiendo a dirigentes. Y se ha desatado una embestida militar contra los policías comunitarios, que está desconcertando a la sociedad. Dicen que el Estado de derecho tiene que ser respetado. Muchos no creemos este discurso. Si así fuera, quienes deberían ser perseguidos por violentar el Estado de derecho serían muchos políticos, diversas corporaciones oficiales y un sin número de autoridades. Tienen un doble rasero: son duros con los ciudadanos desesperados y son demasiado complacientes con las autoridades corruptas y hasta con las organizaciones criminales.
Cinco. La pregunta que mucha gente se está haciendo es: ¿de parte de quién están las autoridades? ¿De parte del pueblo o de parte de los criminales? Hay ya muchas opiniones en el sentido de que la delincuencia organizada está tanto en los cárteles como en las instituciones del gobierno. Si esto es así, es muy grave. No vemos autoridades comedidas hacia el sufrimiento de las víctimas de la violencia, a las que tienen en el abandono. Las familias de los asesinados, desaparecidos y secuestrados no tienen respuestas oficiales, solo silencio. Las familias desplazadas por la inseguridad y la violencia pasan penurias y, además, soportan la indolencia oficial.
Seis. La gente no confía en las autoridades y se está dando, en algunos sectores, un tránsito hacia la desesperanza. Y de ésta, ya hay un trecho muy corto hacia la radicalización. Cuando la vía del diálogo se ha suprimido y se ha empujado la vía de la fuerza, se está empujando a la gente hacia la radicalización, que no promete nada bueno. Hasta ahora, las organizaciones de autodefensa se han enfocado a defenderse de los grupos criminales y sería de mucho riesgo que se vieran obligadas a apuntar sus destartaladas escopetas hacia la fuerza pública. La política no está funcionando bien y no está dando buenos resultados porque se está utilizando contra las organizaciones sociales y se está deteriorando el vínculo entre las autoridades y la sociedad. Por ello, se usa de la fuerza.
Siete. La gobernabilidad construida con la fuerza no es duradera ni estable porque alimenta inconformidades y genera violencias. La gobernabilidad se construye con la razón, el diálogo y la ley. Pero una ley pareja para todos, ciudadanos y autoridades. Hay que entrar en razón para no dar lugar a que, ante la frustración de la gente que al no haber sido defendida por las autoridades y al ver reprimidas sus iniciativas para defenderse por sí misma, puedan derivarse situaciones más complicadas para todos.