Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*De la ausencia de consensos sociales al abismo peñanietista

*Entonces… ¿puede o no puede?

En un anticipo del sentido triunfalista que podría tener hoy el mensaje de su primer informe de gobierno, el martes pasado el presidente Enrique Peña Nieto dijo que los homicidios se han reducido en el país 20 por ciento de diciembre de 2012 a julio de 2013 respecto al mismo periodo anterior. Y según el registro del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), así es. Pero esa comparación parece apresurada y jactanciosa frente a la escala de la violencia, y además podría provenir de la nueva metodología que aplican las autoridades para reunir las estadísticas y no necesariamente de una disminución real del número de asesinatos. Porque los datos del SNSP siguen reportando una mortandad espantosa: 10 mil 899 homicidios entre enero y julio de este año (en ese periodo del 2012 fueron 12 mil 877), lo que implica que a pesar de todo el 2013 podría cerrar en alrededor de 20 mil víctimas (el 2012 cerró en 21 mil 728). En un reportaje que la revista Proceso reproduce esta semana, el semanario Zeta de Tijuana sostiene que el número de ejecuciones acumuladas entre diciembre de 2012 y julio de 2013, es decir en los primeros nueve meses del mandato de Pena Nieto, asciende a 13 mil 775, un millar más de los que contienen las tablas del SNSP. Nada para celebrar, pues, aun si en efecto se hubiera producido una pequeña reducción.
Sin embargo, es previsible que en su discurso de hoy en Los Pinos, Peña Nieto exalte “logros” de su gobierno como ese y describa un país pujante, con justicia y en paz, muy distinto del que vemos y vivimos los mortales. El México real se encuentra dominado por una crisis de inseguridad, estancado económicamente y al borde de la ingobernabilidad por los conflictos sociales generados por las políticas aplicadas en los primeros nueve meses del regreso del PRI al poder.
En su discurso del 1 de diciembre del año pasado en el Palacio Nacional, Peña Nieto se comprometió a “lograr consensos” para impulsar las reformas que habría de proponer, y mencionó la energética, la hacendaria y la de seguridad social. Quién sabe qué entienda el presidente por “consenso”, pero a juzgar por los acontecimientos de los siguientes nueve meses, su concepción se restringe a los acuerdos adoptados por su gobierno con los dirigentes nacionales del PRI, del PAN y del PRD en conciliábulos que congregan a media docena de personas en lo que fue llamado Pacto por México.
El Pacto por México le garantiza a Peña Nieto la aprobación de sus iniciativas en el Congreso, pero la exclusión del componente social en ese mecanismo de decisiones políticas ha provocado, como era previsible, fuertes reacciones de inconformidad. La explicación se halla en el hecho de que los partidos políticos no representan a la sociedad, sino a sus dirigentes. El movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación contra la reforma educativa peñanietista es consecuencia y una prueba del carácter excluyente del Pacto por México, pues las modificaciones a la ley fueron acordadas entre el gobierno y los tres partidos y trasladadas a sus fracciones en el Congreso, pero en ningún momento fueron consultadas con los maestros, ni siquiera con los agrupados en el muy institucional Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cuya pasividad y obediencia fue asegurada mediante el encarcelamiento de la profesora Elba Esther Gordillo.
Por la misma causa, la propuesta de reforma energética es todavía más explosiva y su imposición provocaría una sensible división en el país, pues su punto de partida es la destrucción de uno de los principios en los que se sostiene la identidad nacional, principio tratado con sorna por los apologistas de la modificación de los artículos 27 y 28 de la Constitución para dar acceso a la inversión privada en el petróleo.
Peña Nieto ha confundido deliberadamente el “consenso” del Pacto por México con consenso social, y manipulado los intereses de la cúpula dirigente del PRD en beneficio de su gobierno para dar la apariencia de un gran acuerdo nacional. Pero no sólo no hay un acuerdo nacional en torno a su gestión, sino que el conflicto que causará el proyecto de privatizar el petróleo amenaza con la ruptura del Pacto por México y por consiguiente con dejar al gobierno federal sin el puntal que le permitió arrancar el sexenio en condiciones favorables después de las cuestionadas elecciones de 2012.
Por ese motivo el tono que el presidente utilice hoy definirá algo más que el futuro de su gobierno, aunque a su sensibilidad no puede apostarse, pues en plena protesta de los maestros de la CNTE, Peña Nieto dijo con voz autoritaria que no claudicará en la reforma educativa, de donde puede interpretarse que está dispuesto a silenciar a los profesores inconformes con la represión antes que modificar el contenido de su propuesta.
Parece que en una declaración seria y de buena fe, el actor Demián Bichir expresó en noviembre de 2012 su esperanza de que Peña Nieto fuera recordado como Lázaro Cárdenas o como Hidalgo (“quien entregó su vida por el bien común”, dijo). Los empresarios no pedían tanto, solamente llegar a un crecimiento económico de 7 por ciento. Si se considera que promueve el regreso de las empresas que Cárdenas echó del país, y que si bien le va la economía crecerá este año 1.8 por ciento, se ve muy difícil que Peña Nieto pueda alcanzar los umbrales que le puso Bichir. Y lo de Hidalgo obviamente sí fue un sarcasmo del actor.

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