El vocero del gobierno del estado es ignorante de la Ley 701, dice el abogado de Tlachinollan

*La coordinadora de la CRAC en Olinalá no cometió secuestro porque es parte de un sistema de justicia, aclara Vidulfo Rosales. Las declaraciones de Villanueva confirman que Nestora fue detenida por consigna y por motivaciones políticas, afirma.  Informa que abogados del Centro de Derechos Humanos de La Montaña se harán cargo también de los 10 presos en Acapulco que fueron detenidos por el Ejército en Cruz Grande

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, calificó ayer como un “ignorante” de la Ley 701 al vocero del gobierno del estado, José Villanueva Manzanares, y dijo que sus declaraciones son “desafortunadas” luego de que el funcionario declaró el domingo que a pesar del respaldo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Nestora Salgado García seguirá presa porque fue detenida por el delito de secuestro, pues la Policía Comunitaria “no pude tener a detenidos por más de 48 horas”.
El abogado agregó, además, que el vocero confirma con sus declaraciones lo que se pensó desde un principio: “que la coordinadora de la CRAC, Nestora Salgado fue detenida por consigna del gobierno del estado y por motivaciones políticas”.
Entrevistado ayer en esta capital, Rosales Sierra informó por otra parte, que un grupo de abogados de Tlachinollan ya se está haciendo cargo de la defensa de los policías comunitarios que se encuentran arraigados en Acapulco, junto con el coordinador de Ayutla, Bernardino García Francisco, así como de los otros 10 que fueron aprehendidos por efectivos del Ejército mexicano el 27 de agosto, cuando se trasladaban en marcha de Ayutla a Cruz Grande.
De las declaraciones del vocero del gobierno estatal Rosales Sierra dijo que: “a mí me parece una declaración desafortunada, que refleja la posición del gobierno del estado, en el sentido de que a pesar de que no hay elementos jurídicos para tenerla detenida, va a seguir presa porque se trata de una decisión de carácter político del Poder Ejecutivo, estatal y federal, para desarticular a la CRAC, sobre todo a la Casa de Justicia de El Paraíso”.
El abogado explicó que lo que hay de trasfondo es la intención de sofocar el intento de armar un proyecto de seguridad y justicia y desarticular la organización comunitaria.
Añadió que por parte del gobierno federal, se ve “un desprecio por los sistemas normativos de los pueblos indígenas y un total desconocimiento en la materia, puesto que estamos hablando de una serie de tratados internacionales, como el Convenio 169, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y de la propia Constitución General que reconoce a los pueblos indígenas en su libre determinación para tener sus propias formas de organización social”.
El abogado también citó la Ley 701 del estado “que reconoce a los pueblos indígenas su forma de organización social, política, cultural y da facultades expresas a los pueblos indígenas para que ellos puedan desempeñar actividades de procuración, administración y reinserción de los transgresores”.
Vidulfo Rosales Sierra explicó que la actividad que estaba desempeñando Nestora Salgado se enmarcan en esas tres facultades que otorga la Ley 701, “pero ellos (el gobierno) dicen que se trató de un secuestro, cuando lo hubiera sido si Nestora no perteneciera a ese sistema de justicia indígena reconocido expresamente en esa Ley 701.
Agregó que en este contexto, las detenciones que hizo Salgado García no pueden considerarse como un secuestro.
Reconoció que pudiera ser “discutible” y “debatible” si hubo transgresiones o no en el procesamiento de esas personas, “eso no lo aceptamos, pero se puede discutir el procesamiento de las menores y del síndico (Armando Patrón Jiménez) que estaban detenidos, pero, en todo caso, ellos debieran dejar que el sistema de justicia, en sus asambleas discutieran si es que cometieron alguna irregularidad”.
Y con respecto a la declaración del mismo vocero del gobierno estatal, en el sentido de que Nestora Salgado fue  acusada por el delito de secuestro porque la CRAC no puede tener a los detenidos más de 48 horas, el abogado respondió que “me parece que el señor es un ignorante, desconoce la Ley, y deberían de pagarle por allí un curso para que sus declaraciones en nombre del gobierno del estado sean más responsables y no se expresen cosas que están fuera de lugar y que denotan una carencia de conocimiento en cuanto a la Ley 701”.
Aclaró que en la Ley 701 no se establece que la CRAC no puede tener a sus detenidos más de 48 horas, “en contraparte yo sí le puedo decir que los artículos 35, 36 y 37 de la Ley 701 facultan expresamente a la CRAC a ejercer las actividades de procuración, administración y reeducación de los transgresores”.
Incluso aclaró que en el segundo párrafo del artículo 27 establece que cuando un transgresor esté ejecutando sus penas en un reclusorio y decide someterse a la reeducación de la CRAC puede hacer la solicitud y el director del Cereso puede autorizar que una persona indígena cumpla su condena en el sistema de la CRAC.

El expediente de Nestora debe regresar a Chilpancingo

El abogado de Tlachinollan ayer acudió al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal de esta capital, para verificar si la causa penal que se sigue en contra de Nestora Salgado ya regresó a este juzgado, sin embargo no encontró a la juez Amelia Gama.
Vidulfo Rosales Sierra explicó que el expediente tiene que regresar a este juzgado porque la causa penal se fue al Juzgado Primero del Ramo Penal de Acapulco sólo “en auxilio para dictar el auto de formal prisión” y que el juez Marco Antonio Ordorica, “sólo estaba cumpliendo un oficio de colaboración para dictar el auto”.
Aclaró que dictado ya el auto de formal prisión, la causa debe incorporarse al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal de esta capital, a donde acudirá para conocer si ya se acordó la solicitud de Nestora “para que nosotros seamos formalmente sus abogados”, es decir, los de Tlachinollan.
Informó que después de que sea notificado que ya se ratificó la firma de Nestora Salgado García mediante la cual los designa como su abogado, se abocará a la revisión del expediente “para conocer en qué términos se dio el auto de formal prisión para poder impugnarlo a la brevedad”.
En  cuanto a la situación legal de los policías comunitarios que se encuentran arraigados en Acapulco, dijo que ayer abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña se encontraban en Acapulco revisando las averiguaciones previas para ver las pruebas que hay en su contra “y nosotros poder aportar las nuestras”.
Explicó que apenas se encuentran en la etapa de revisar qué pruebas y por qué delitos están acusados los arraigados, “una vez que tengamos esos datos nosotros vamos a aportar las nuestras antes de que se venza el plazo de 30 días del arraigo”. Informó que, al respecto, están reuniendo varios documentos, para acreditar que ellos pertenecen a una estructura de seguridad y justicia comunitaria.
El abogado informó que también asumirán la defensa de los 10 policías comunitarios que fueron detenidos por efectivos del Ejército el 27 de agosto, cuando se trasladaban en marcha hacia Cruz Grande y que se encuentran en el Centro de Readaptación Social de Las Cruces, municipio de Acapulco.
“Hoy están trasladándose los abogados de Ayutla (de Tlachinollan) con los familiares de los 10 detenidos para verificar sus expedientes y también hacernos cargo de la defensa y hacer las gestiones necesarias. Sabemos que ellos están detenidos por portación de armas, no son armas de grueso calibre y todos alcanzan caución, entonces vamos a hacer las gestiones para conseguir la caución y poder obtener su libertad de inmediato”, explicó el abogado.