Marcha la CRAC de Olinalá, Huamuxtitlán y Tixtla a la capital; demanda la libertad de 32 detenidos

*Exigen que cese el hostigamiento a la Policía Comunitaria y la presentación de dos desaparecidos desde hace una semana. El Ejército liberó a delincuentes, mientras encarceló a coordinadores y policías comunitarios, dice el promotor Gonzalo Molina

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En una marcha para exigir la libertad de 32 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) detenidos por el Ejército, el promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, denunció que hace una semana no saben del paradero de dos integrantes de la institución de seguridad y justicia, y temen que haya sido ejecutados.
En la protesta, unos 200 manifestantes de la CRAC de Tixtla, Olinalá, Huamuxtitlán, y otras organizaciones, también exigieron el cese al hostigamiento a la Policía Comunitaria y la presentación con vida de sus dos compañeros, desaparecidos desde el desarme de policías comunitarios en Cruz Grande.
Dijeron que los nombres serían presentados por enviados de Ayutla a la marcha de Chilpancingo, que incluso confirmaron su asistencia pero no llegaron a la movilización, y Molina González expresó su preocupación porque no llegaron y tampoco pudo comunicarse con ellos.
Entre los 32 detenidos de la CRAC por el Ejército, se encuentran cuatro autoridades comunitarias de Tlatlauquitepec, municipio de Atlixtac, y dos coordinadores regionales de Olinalá y Ayutla, Nestora Salgado García y Bernardino García Francisco.
Con mantas y pancartas recriminaron que el gobierno federal y estatal “libera a delincuentes y detiene a inocentes”, porque el Ejército incursionó en los lugares donde la Policía Comunitaria tenía personas retenidas en reeducación por distintos delitos, y con sus testimonios abrió procesos judiciales a las autoridades y policías de la CRAC.
La protesta comenzó a las 12 del día en Tixtla, con una caravana a Chilpancingo, que partió del barrio de El Fortín, con una hora de retraso por un incidente con soldados que pretendieron revisar a los policías comunitarios porque descubrieron que llevaban una camisa de la CRAC para la protesta.
La marcha en la capital comenzó a la 1 de la tarde en la glorieta del Caballito en el norte de la ciudad, avanzaron por las avenidas Insurgentes y Juárez hasta el Zócalo de la ciudad.
A pesar de las obras de remodelación de la plaza Primer Congreso de Anáhuac, los manifestantes decidieron hacer un mitin cerca del Poder Judicial del estado de Guerrero para denunciar que el gobierno federal y estatal violentaron la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y acuerdos internacionales con la aprehensión de sus integrantes.
Después se trasladaron al Congreso para dejar un mensaje a los diputados locales, a quienes dijeron que no sólo les toca legislar, también velar por la paz y la tranquilidad de los guerrerenses.
Los llamaron a hacer una declaración por el respeto a la Ley 701 que aprobó la anterior legislatura local, y Molina González les advirtió: “no queremos pensar que los diputados también están coludidos con los delincuentes”.
En el primer mitin, Molina González recordó que si tomaron ayuntamientos, bloquearon calles y salen a protestar, fue porque el gobernador liberó a delincuentes y detuvo a autoridades, coordinadores y policías comunitarios.
Demandó que el Ejecutivo estatal rectifique su posición y disponga la libertad inmediata de sus compañeros, cuyas acciones se enmarcaron en los primeros tres artículos de la Ley 701.
De lo contrario, añadió que como institución, van a llevar a los organismos internacionales estos casos, y adelantó que la próxima semana estarán en Guerrero comisionados de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) con quienes van a buscar una entrevista.

“No somos autodefensas”

Sobre el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto en su primer informe de que no va a permitir que se haga justicia por su propia mano, el dirigente aclaró que los coordinadores de la CRAC actuaron por mandato de los pueblos.
En entrevista, subrayó que los policías comunitarios detenidos sólo obedecieron a sus autoridades, que operan bajo un reglamento interno y bajo el amparo de las leyes, distintos a los grupos de autodefensas.
Si en su discurso Peña Nieto también se refería a la CRAC, exigió que sea claro, porque en ese caso estaría contraviniendo la Ley.

Nestora Salgado, una luchadora social  criminalizada por el Estado

La coordinadora de Olinalá Ma-ricela Jiménez Navarrete y una enviada del Movimiento de Regeneración Popular (Morena), se refirieron a Nestora Salgado García, como una luchadora social, criminalizada por el Estado.
Jiménez Navarrete recordó que el 27 de octubre de 2012, Salgado García fue nombrada coordinadora de la CRAC porque la población estaba cansada de secuestros, muertos, descuartizados, levantones y extorsiones telefónicas.
Responsabilizó al gobierno municipal de la aprehensión de su coordinadora, porque poco antes  funcionarios estatales intentaron negociar la liberación del síndico de Olinalá, acusado de ser cómplice de abigeato y homicidio y sometido a un proceso de reeducación.
Reconoció que es difícil de probar pero “es sabido que desde el Ayuntamiento” estaban operando las extorsiones contra la población.
Demandó justicia y no más represión; convocó a la población a evitar que
la delincuencia organizada tome en sus manos al Estado, porque el gobierno no ha podido garantizar la seguridad ni la tranquilidad de los guerrerenses.
Asimismo, una integrante de Morena expresó la solidaridad a la CRAC y recordó que el 21 de agosto fue detenida Nestora Salgado García por el Ejército, y representa la violencia más agresiva a los derechos de una mujer que se atrevió a decir ¡ya basta!
Entre otros oradores, hablaron  enviados del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), de la colonia Emperador Cuauhtémoc y del grupo juvenil Rebelión.