Mano dura contra las policías comunitarias, advierten defensores de derechos humanos

*El anuncio del Presidente lleva implícita la amenaza de que habrá más represión y violación a los derechosfundamentales, dice Manuel Olivares, de la Redgro. “Es una mala señal” contra los pueblos indígenas, alerta Vidulfo Rosales, del Centro Tlachinollan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgro), Manuel Olivares Hernández, declaró que la advertencia que hizo ayer el presidente Enrique Peña Nieto, en el sentido de que su gobierno no tolerará que la población se haga justicia con sus propios medios, lleva implícita la amenaza de que habrá más represión y violación a los derechos humanos hacia las policías comunitarias y policías ciudadanas que trabajan en contra de la inseguridad en Guerrero.
Mientras tanto, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que la advertencia “es una mala señal”, porque implica que viene fuerte la represión contra los pueblos indígenas que cuentan con sistemas de seguridad comunitarios.
Ambos coincidieron, asimismo, que en Guerrero no se han visto los resultados del trabajo de la Marina ni del Ejército como para tener confianza en esas instituciones, como también lo dijo el presidente Peña Nieto en su mensaje de ayer con motivo de su primer informe de labores.
El presidente advirtió que en su gobierno “no se tolerará que se haga justicia con propios medios”, en clara advertencia a las policías comunitarias y policías ciudadanas que trabajan para su autoprotección en estados como Guerrero y a 12 días de que efectivos de la Marina y el Ejército detuvieron a la representante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Olinalá, Nestora Salgado García, acusada del delito de secuestro como consecuencia de que la Policía Comunitaria detuvo al síndico de ese municipio, Armando Patrón Jiménez, por abigeato y por encubrimiento de un doble asesinato.
En su mensaje, el presidente agregó que “seguiremos trabajando para que la ciudadanía tenga confianza en las instituciones a partir de los resultados”.
Consultado al respecto, el secretario técnico de la Redgro dijo que el presidente tiene una percepción equivocada, porque en Guerrero el trabajo de la Marina y el Ejército no han dado resultados, pues los delitos no han bajado, y que si ahora el estado ocupa el quinto lugar en materia de delitos, es porque el índice se disparó en otros estados.
“Aquí no hay resultados del trabajo de la Marina ni del Ejército, por ejemplo en la Sierra tenemos a cientos de desplazados por el crimen organizado; en la Costa Grande, Tierra Caliente, Acapulco y zona Centro siguen los asesinatos, los secuestros y los levantones, por lo tanto esas dos instituciones no garantizan la seguridad”, aseveró el defensor de los derechos humanos.
Dijo que por eso la organización de los pueblos para defenderse del crimen organizado, no es buscar justicia por medios propios, sino un reclamo de justicia obligatorio “ante la incapacidad del gobierno por garantizarles seguridad, amparados en la Ley 701 estatal”.
Dijo que en el caso de la CRAC no es justicia por medios propios lo que imparte, sino un sistema de justicia que les ha dado resultados en 18 años que lleva funcionando.
Olivares Hernández agregó que la advertencia del presidente lleva implícita la amenaza de que su gobierno desplegará más represión y violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas de Guerrero, lo que también significa el desmantelamiento de la justicia comunitaria.
“Se trata de una amenaza abierta y franca del presidente y debiera poner en alerta a todos los movimientos civiles, tanto el de la CRAC como el de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG)”, manifestó.
Mientras tanto, el abogado de Tlachinollan, Rosales Sierra, dijo que si el presidente expresó esa advertencia en referencia a la CRAC, evidencia que tiene un desconocimiento de la existencia de todo un cuerpo legal que protege y reconoce el derecho de los pueblos indígenas.
“Me parece que se están pisoteando los derechos de los pueblos indígenas porque hay un desconocimiento a sus sistemas normativos, y parece que no han sido suficientes 500 años de agravios, pues este gobierno represor insiste en seguir pisoteando los derechos de los pueblos indígenas”, denunció.
Rosales Sierra agregó que la advertencia del presidente es una “mala señal porque se avecina una represión fuerte contra los pueblos indígenas, por lo que denotan ese tipo de discursos”.
El abogado pidió que se realice un análisis serio y responsable del  gobierno federal para hacer la diferenciación correspondiente, pues dijo que en Guerrero tanto las autodefensas como las policías comunitarias se enmarcan dentro del derecho que tienen los pueblos indígenas para tener su propia forma de organización social, “y allí no podemos hablar de justicia por propia mano, ni de venganzas privadas, estamos hablando de una justicia legítima y de un sistema jurídico que ya lo tenían los pueblos indígenas antes de que se conformara el Estado colonial de México”.
Por otra parte, el secretario técnico de la Redgro, Manuel Olivares Hernández, denunció que el gobierno estatal incumplió con la entrega de cuatro viviendas a familias desplazadas de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, y que radican en La Unión, municipio de Ayutla.
Informó que quedó que las viviendas se entregarían a finales de agosto, sin embargo no han sido entregadas.
Explico que son cuatro viviendas de un total de 9 que se están construyendo para 9 familias en esta población, mientras que otras 7 familias están buscando que les aporten recursos para predios o para inmuebles que adquirieron.
Denunció que el gobierno estatal ha incumplido, incluso hasta con las reuniones de evaluación mensual que se prometieron a las familias de desplazados.