Carlos Toledo Manzur

Las reformas estructurales y  el movimiento social

El primer informe del Presidente Enrique Peña Nieto se presenta en el marco  de un conjunto de condiciones difíciles para su gobierno, que muestran que la intención de de “mover al país” se enfrenta a diferentes  dificultades y escollos. En el tema económico la situación es sumamente grave, ya que las perspectivas de crecimiento del país han sido ajustadas varias veces a la baja, y de la esperanza de crecer por encima de los 3 puntos porcentuales del PIB, la visión oficial la ha reducido a 1.8 %, y varios analistas serios afirman que es posible que no se alcance ni siquiera el 1 %, lo que ya se empieza a  manifestar en el incremento del desempleo. En lo social, la nueva  estrategia de política pública de atención a la pobreza, la Cruzada Contra el Hambre, a pesar de incluir aspectos positivos, como la coordinación interinstitucional, el carácter integral y la visión territorial y focalizada, ha mostrado en sus primeros avances problemas serios operativos y ausencia de estrategias y metodologías claras que incrementan el riesgo de quedarse solo en buenas intenciones.
En el tema de la seguridad no se aprecia prácticamente avance alguno, y  ahora la situación se ha venido a complicar con la aparición, no solo en Guerrero, sino ya en más de 10 entidades, del fenómeno de los grupos de autodefensa y las policías comunitarias, ante el cual parece que se busca responder solo con alternativas represivas, sin que se logre comprender la profundidad social que estas  manifestaciones tienen. Y en el proceso de concertación política para llevar adelante las reformas estructurales  que el nuevo régimen está proponiendo, las cosas se están complicando cada vez más.
El caso de la reforma educativa ha sido en el que la iniciativa presidencial  ha logrado mayores avances, ya que la propuesta gubernamental general fue aprobada por ambas cámaras y también por el número suficiente de congresos  estatales, sin que fuera sometida a una real discusión entre los maestros, quienes realizaron intensas protestas y movilizaciones, después de su aprobación e intentaron diversas formas de hacerle cambios a través de propuestas en varios estados, entre los cuales Guerrero destacó por la intensidad de la movilización social. Finalmente, el movimiento social magisterial se vio en un callejón sin salida, y no logró modificar esta reforma que ya había sido aprobada con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, incluyendo los de izquierda. En Guerrero, por cierto, la propuesta de modificación de la  legislación local que los diputados del PRD habían comprometido con el movimiento magisterial finalmente fue sustituida por una reforma que excluyó varios de las propuestas magisteriales, lo que provocó una injustificada y violenta reacción de los mentores.
Sin embargo las cosas parecen complicarse nuevamente en el proceso de aprobación de las leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de Servicio Profesional Docente, que ha sido recientemente aprobada por la Cámara de Diputados, con el apoyo de una parte de los diputados del PRD, que afirman que el 90% de las demandas de los maestros fueron incorporadas al dictamen aprobado, aunque los propios mentores afirman lo contrario. La iniciativa ha sido ahora turnada a la Cámara de Senadores, en donde se espera que los legisladores de izquierda que han venido dialogando con los representantes magisteriales, puedan jugar un papel de mayor apoyo a los reclamos del movimiento. De cualquier manera, los maestros han anunciado una jornada de movilización nacional que será una dura prueba para la estabilidad social y la gobernabilidad.
Los casos de las reformas energética y fiscal serán aún más complicados para el gobierno federal, ya que en ambos existe una posición completamente unitaria entre las fuerzas de izquierda en la oposición a los cambios en  la Constitución para abrir diversas actividades a la inversión privada entre otros aspectos, y en la negativa a autorizar el incremento del IVA en alimentos y medicinas. Aunque existe la posibilidad de pasar estas reformas con el apoyo de los legisladores del PRI, el PAN y otros partidos menores, el costo en legitimidad para el gobierno federal puede ser muy alto, y la movilización social puede alcanzar importantes niveles, lo  que será capitalizado por la izquierda.
Así, la perspectiva de un proyecto de transformación profunda del país que pueda aglutinar a un bloque político suficientemente fuerte y legítimo, parece estar aún lejano, y la capacidad del actual régimen federal de construir una alternativa que atienda a los profundos problemas nacionales está fuertemente en entredicho. Ante lo cual se hace evidente la necesidad de que la izquierda y los movimientos sociales construyan propuestas propias, en vez de ir a la cola de las iniciativas federales o de conformarse solo con hacer una oposición contestaria y reactiva.