Avala el Senado con 102 votos la Ley del Servicio Profesional Docente

*Votan a favor PRI, PAN y PVEM, frente a 22 votos en contra de la mayoría de las bancadas de PRD y PT. Se reservan cerca de 25 artículos para su discusión en lo particular

Jenaro Villamil /?Agencia Proceso

Ciudad de México

En una larga sesión que se prolongará hasta la madrugada de este miércoles 4, los senadores de PRI, PAN y PVEM aprobaron con 102 votos a favor la Ley General del Servicio Profesional Docente, frente a 22 votos en contra de la mayoría de las bancadas de PRD y PT, quienes criticaron la minuta proveniente de la Cámara de Diputados, al tiempo que se reservaron cerca de 25 artículos para su discusión en lo particular.
En el debate salió a relucir la acusación por “fraude clientelar” en contra de la hermana del ex presidente Felipe Calderón, la panista Luisa María Calderón Hinojosa, quien fue defendida en tribuna por Jorge Luis Preciado, coordinador del PAN.
Los senadores priistas Graciela Ortiz, Daniel Armando Gaxiola, Raúl Aarón Pozos Lanz, Nelly Romero Celis y René Juárez, ex gobernador de Guerrero, subieron a tribuna para destacar “las bondades” de esta ley, al tiempo que los senadores Alejandro Encinas, Dolores Padierna, Fidel Démecis, Luis Sánchez y Raúl Morón, del PRD, criticaron la reforma educativa y advirtieron que existe una “escalada de violencia” alentada por el gobierno federal en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Por el PAN, Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, consideró que son “reformas preliminares de una primera generación” y podrán mejorarse posteriormente.
El senador Manuel Bartlett, del Partido del Trabajo (PT), aclaró que no se trata de una reforma educativa, sino “de un nuevo estatuto laboral” que creará, además, un “conflicto de operación”, pues el nuevo Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) tendrá mayores atribuciones que la propia Secretaría de Educación Pública (SEP).
“El conflicto social que han creado no se resuelve con un albazo legislativo”, advirtió Bartlett, ex secretario de Educación Pública durante el gobierno de Carlos Salinas.
Por su parte, el perredista Alejandro Encinas ironizó al señalar que esta reforma no elimina “los poderes fácticos”. “¿Quiénes son los poderes fácticos? ¿Son los maestros quienes crearon el cacicazgo de Elba Esther Gordillo?… Los poderes fácticos son ustedes mismos, el Estado mismo y los gobiernos priistas y panistas”, reprochó el ex jefe de gobierno capitalino.

Aprobación en comisiones

Sin modificaciones a la minuta proveniente de la Cámara de Diputados, los senadores de PRI, PVEM y PAN integrantes de las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos aprobaron la iniciativa que comenzó a discutirse esta tarde por el pleno de la Cámara alta. Luego de ello, arrancó un largo debate con 19 reservas de los legisladores del PRD y, por lo menos, dos del PAN.
El senador Raúl Morón, del PRD, reservó 19 de los 83 artículos que forman parte de la Ley General de Servicio Profesional Docente. Aseguró que no se está cumpliendo con el objetivo fundamental que es “fortalecer al maestro en su función en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y ni siquiera está planteado como un objetivo; entonces, me parece que esta ley no empieza a cumplir su propósito”.
Morón, quien lleva la batuta de la bancada del PRD con respecto de esta ley, afirmó que aprobar sin cambios la minuta procedente de la Cámara de Diputados violentaría los derechos laborales de los maestros.
A su vez, el senador oaxaqueño Benjamín Robles, del PRD, advirtió que si no se analiza con el tiempo necesario esta ley, “podría pasar lo que ha ocurrido en otras reformas educativas, que quedan ahí como un proceso ineficaz”.
El PAN avaló la minuta proveniente de la Cámara de Diputados, pero adelantó que presentará dos reservas enfocadas a hacer transparentes los resultados de las evaluaciones de los maestros.

Puntos polémicos

La minuta proveniente de la Cámara de Diputados incorporó más de 30 cambios a la iniciativa original, aprobada el 19 de agosto. La mayoría de las modificaciones, realizadas antes de que se votara el 1 de septiembre, flexibilizan las medidas de evaluación, pero otras generan aún oposición del PRD y del PT:
Uno de los artículos que cambió por completo fue el 7, relacionado con el Servicio Profesional Docente y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Se enumeraron diez funciones del INEE en relación con la evaluación, lo cual generaría un “problema operativo”, advirtieron algunos legisladores, ya que se coloca por encima de la autoridad de la SEP.
En el artículo 22 se incorporó la figura de “nombramiento definitivo” para aquellos docentes, después de seis meses de servicios, sin nota desfavorable en su expediente.
Se creó en el mismo artículo la figura del “tutor” que tendrán los maestros durante un periodo de dos años. Este “tutor” será designado por la autoridad educativa o el organismo descentralizado.
“Las autoridades educativas y los organismos descentralizados realizarán una evaluación al término del primer año escolar y brindarán los apoyos y programas pertinentes para fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias del docente”, afirma la nueva redacción aprobada.
La figura del “nombramiento definitivo” para los docentes se agrega también en el artículo 27. Cuando en la evaluación se identifique la insuficiencia en el desempeño de las funciones de dirección, “el personal volverá a su función docente en la escuela”.
Los sistemas de “promoción” de los maestros se modificaron en el artículo 41 de la misma ley. En el artículo 44 se estableció que quienes participen en alguna forma de promoción distinta a lo establecido en la ley, “incurrirán en responsabilidad y serán acreedores a sanciones correspondientes”.
El tema de las polémicas “promociones” –incluyendo los casos de delegados sindicales— se retomó en los artículos 71, y 72 y 78.
Además, se redactó un nuevo artículo 59, dedicado a “la formación continúa, actualización y desarrollo profesional” de los docentes.
Incluso, se establece la posibilidad de que las autoridades educativas firmen convenios de colaboración con instituciones dedicadas a la formación pedagógica “nacionales o extranjeras”, para amplias las opciones de formación, actualización y desarrollo profesional.
El PAN impugnó la redacción del artículo 79, pues consideró que la información que se genere de los exámenes de evaluación debe ser transparente y no estar sujeta “a las disposiciones federales en materia de información pública, transparencia y protección de datos personales”.