Ordenan nuevas capturas de funcionarios por el Moreirazo

Abel Barajas / Agencia Reforma

Ciudad de México

Por el llamado Moreirazo, un juez federal ordenó por lo menos cuatro nuevas órdenes de aprehensión contra ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y del gobierno de Coahuila, por la contratación ilegal de dos créditos que ascienden a 2 mil 100 millones de pesos en el Banco Santander.

Eduardo Torres Carrillo, Juez Primero de Distrito en el Reclusorio Norte, giró las capturas y remitió el expediente al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales.

Las nuevas capturas fueron libradas contra Jaime René Jiménez Flores, ex director de Deuda Pública, y Jorge López Alarcón, ex jefe de Departamento por Honorarios, ambos de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP.

De acuerdo con fuentes allegadas al caso, también se ordenó aprehender a Héctor Javier Villarreal Hernández, ex secretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) y Sergio Ricardo Fuentes Flores, ex administrador general de Políticas Públicas del mismo organismo, ambos prófugos de la justicia.

A los funcionarios estatales les inculpan de contratar con documentación falsa dos créditos ante el Banco Santander en 2010 y 2011, que suman 2 mil 100 millones de pesos, mientras que a los de Hacienda los acusan de inscribir este adeudo en los registros de la institución.

El primero de los contratos de crédito data del 12 de julio de 2010 y fue suscrito por la cantidad de hasta mil 100 millones de pesos; el segundo, fue firmado el 28 de marzo de 2011 por hasta mil millones de pesos.

A Jiménez Flores y López Alarcón, internados en el Reclusorio Norte desde el mes pasado, ya se les cumplimentó el nuevo mandato de captura por violación al artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, en grado de tentativa.

Dicho apartado sanciona a quienes, para obtener un crédito, proporcionan datos falsos a una institución financiera sobre el monto de los activos de una entidad y con ello causen un quebranto patrimonial a quien proporciona el empréstito.

El juzgado Décimo Sexto de Distrito dictó la formal prisión a López Alarcón, fallo que implicará para el acusado permanecer en prisión durante el juicio, porque el delito es calificado como grave.

En el caso de Jiménez Flores, debido a que duplicó de tres a seis días el plazo para que definan su situación jurídica, será hasta el próximo lunes cuando el juzgado determine si le inicia o no un proceso por esta acusación.