Carlos Pérez Aguirre

Impunidad y complicidad

Un nuevo capítulo de corrupción y desfiguros fue la nota que un diario de circulación nacional reseñó y que corresponde a la desviada utilización de nueva cuenta y en un nuevo sexenio de un helicóptero que debe estar destinado a la atención de emergencias en zonas en donde los servicios de salud sólo se otorgan en niveles de atención elementales.

Resulta que el helicóptero de marras está siendo utilizado de manera particular por una de las dos familias –Salgado para mayor referencia–, beneficiadas en este sexenio por altos puestos públicos, prebendas y contratos (una de ellas el usufructo privado de un bien público, que podría salvar vidas en zonas de marginación extrema), esa es la nota que en el entorno nacional fue denunciada y que ubica a la entidad guerrerense en corrupción extrema.

Pero resulta ahora que el Secretario Estatal de Salud de nombre Lázaro, se levantó, saliendo en defensa de una de las familias reales y declarando que la Secretaría de Salud recibía “renta”, ¿la pregunta es por el uso privado del helicóptero?, súper SIC, ahora resulta que se puede arrendar un bien público para uso particular de familiares de los funcionarios de gobierno, pero esto no es privativo sólo de ese aparato pues en algunos nosocomios se realizan operaciones privadas, también para familiares de funcionarios, pero además en áreas distintas a la orientación de ellos, distrayendo su objetivo y cobertura.

Y hablando de los Salgado, resulta que otro de los miembros de este clan fue denunciado por delitos electorales, resulta que el encargado de la “armonía” interna estaba realizando proselitismo por un candidato, solicitando apoyo en especie, lo cual se configura como un delito grave, evidentemente sabemos que este oscuro personaje –sobre el que pesa también denuncias por su injerencia en la represión contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa–, no actúa con criterio propio, sino por línea de su jefe. Es importante llamar la atención ante esta documentada denuncia y la autoridad electoral tendrá que tomar cartas en el caso y sancionar con todo el peso de la ley.

Ya basta de impunidad de aquellos funcionarios que con una mano cometen delitos y con la otra dicen defender la legalidad, la denuncia ciudadana por el delito electoral de este funcionario se suma a la denuncia por su actuación en la represión. ¿Hasta cuándo reinara la impunidad? la respuesta está en la denuncia constante y el seguimiento ciudadano, para el castigo de estos hechos, contrarios a toda norma mínima de actuación civilizada y sobre todo democrática.

Sólo así podremos cambiar el estado de extrema impunidad que se ha instalado en la entidad, de no hacerlo nos convertiríamos no solo en solapadores, sino también en cómplices, que evitaría eliminar para siempre ese tipo de vicios que son un lastre para el desarrollo de la sociedad y sobre todo de su modernización, pues si toleramos la corrupción en los mas altos niveles del gobierno, ésta, casi por inercia, inunda toda la estructura del estado y de ello estamos cansados y saturados, por ello tomemos una máxima de la izquierda, no sólo debemos analizar, sobre todo debemos actuar y transformar nuestra realidad, misma que se antoja ahora pobre y absurda.

Actuamos y votamos por algo mejor para la entidad, si esto no lo entendieron los convenencieros que se apropiaron del poder, la población se los tendrá que recordar.

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