Acuerdan el gobierno y la CRAC resolver los casos de los detenidos, menos el de Nestora

*Excluyen de las pláticas a los promotores Gonzalo Molina, Arturo Campos y Prócoro Valente.  En contra de la resolución de la asamblea del sábado, establecen que la Casa de Justicia de El Paraíso está suspendida de la Coordinadora y que sólo se aplazó la decisión de desconocerla. El abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales abandona la reunión, y denuncia que el gobierno pretende dividir, someter y desmantelar a la Policía Comunitaria

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de las casas de Justicia de San Luis Acatlán, Zitlaltepec y Espino Blanco, encabezados por el coordinador de la primera, Eliseo Villar Castillo, acordaron ayer con el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, y el asesor del gobernador Ángel Aguirre Rivero, Ernesto Aguirre, resolver en una “mesa jurídica” el caso de todos los detenidos de la CRAC de El Paraíso, menos el de la coordinadora de Olinalá, Nestora Salgado García, sin que los funcionarios aclararan las causas.
Con ello, el grupo de coordinadores encabezados por Villar Castillo, de la mano con el gobierno del estado, desconocieron los acuerdos de la asamblea del sábado 31 de agosto, realizada en San Luis Acatlán, de demandar unidas las cuatro casas, –incluida la de El Paraíso–, y sin condicionamientos del gobierno del estado, la libertad de los 32 detenidos, incluidos los coordinadores Nestora Salgado García y Bernardino García Francisco y los 10 policías comunitarios detenidos el martes 27 de agosto en la entrada de Cruz Grande.
Para establecer el acuerdo de instalar una “mesa jurídica” los funcionarios impusieron la condición de que sea excluido el caso de la coordinadora de Olinalá Nestora Salgado, y que no participen en las pláticas los representantes de la Casa de Justicia de El Paraíso. El grupo de Villar Castillo se deslindó en la reunión de ayer de los promotores de esa Casa, Gonzalo Molina González, Arturo Campos Herrera y Prócoro Valente Gil.
A esta reunión asistió el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien antes de que se dieran a conocer los acuerdos a los medios de comunicación por parte de los funcionarios y los coordinadores de la CRAC, abandonó la sala y, después declaró que no avaló los acuerdos y denunció que éstos no corresponden al espíritu de lo que aprobó la asamblea el 31 de agosto y que el gobierno estatal pretende  “someter”, “poner de rodillas”, y “seguir en la persecución, desmantelamiento y división de la CRAC”.
En una conferencia de prensa conjunta, al final de la reunión, que duró más de tres horas,  Villar Castillo informó que la reunión la buscó él por un mandato de la asamblea regional del 31 de agosto para tratar el caso de la liberación de los detenidos de la Casa de Justicia de El Paraíso. Sin embargo en esta reunión no estuvieron presentes los representantes de la Casa de Justicia a la que pertenecen los presos.
Villar Castillo, quien fue el único que habló por parte de la CRAC, para informar de los acuerdos, dijo que los detenidos cometieron “anomalías” y que “son los responsables del conflicto que hoy se vive”.
Destacó que los acuerdos a los que llegaron son: instalar la “mesa jurídica” el viernes 6 de septiembre con el procurador Iñaki Blanco Cabrera y en la que estarán, también, los jueces tradicionales de la CRAC para analizar los casos de los 31 detenidos y arraigados, incluido el coordinador de la casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García y excluyendo el de Nestora Salgado.
Explicó que en esta mesa van a revisar caso por caso y que quienes no resulten culpables de los delitos que les imputa el gobierno serán puestos en libertad y que los que resulten culpables serán entregados a la CRAC para que sean sometidos a proceso de reeducación mediante su Sistema de Seguridad y Justicia.
Villar Castillo aseguró que al respecto existe un acuerdo con el gobierno del estado en el sentido de que cuando la CRAC tenga bajo su sistema a un preso que le reclame el gobierno estatal se lo entregará y que cuando el gobierno tenga a alguien que pertenece al sistema comunitario, igual, se lo entregarán a la institución indígena para someterlo a proceso de reeducación.
Después, allí mismo, frente a Martínez y a Ernesto Aguirre, informó que por acuerdo de las tres casas: San Luis Acatlán, Espino Blanco y Zitlaltepec, “nos deslindamos de cualquier acción que realicen Gonzalo Molina, Arturo Campos y Prócoro Valente, y si realizan acciones será bajo su responsabilidad”.
Y luego insistió en que ellos están desconocidos por la CRAC “porque violaron acuerdos internos”.
Los reporteros le recordaron que en la asamblea del 31 de enero se dio marcha atrás al desconocimiento y a la expulsión de la Casa de Justicia de El Paraíso, pero Villar Castillo aseguró que no fue el acuerdo así, sin embargo después dijo: “no se esclareció si vuelve la Casa de El Paraíso a la CRAC, está aplazada su situación y en una próxima reunión se decidirá en qué postura queda”.
Reiteró que antes de que iniciara el conflicto con esta Casa, “les hicimos observaciones, les llamamos la atención y no hicieron caso y allí están las consecuencias”. Dijo que ahora, si están interviniendo a favor de los detenidos sólo es por “compañerismo”.
Después, advirtió que los policías comunitarios que pertenecen a la Casa de Justicia de El Paraíso, no podrán salir de comisión fuera de sus comunidades y que si lo hacen, ellos serán los responsables de las consecuencias.

El gobierno respeta las decisiones internas de la CRAC: Martínez Garnelo

El secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, insistió, también,en el desconocimiento de la Casa de Justicia de El Paraíso, pues dijo que de parte del gobierno no existe un rompimiento “con las tres casas de justicia, a las que Eliseo ha hecho mención”, en referencia sólo a San Luis Acatlán, Zitlaltepec y Espino Blanco. Después avaló los acuerdos que momentos antes había dado a conocer Villar Castillo.
El funcionario rechazó informar cuáles son los delitos de los que se acusan a los detenidos, “acuérdense que eso le corresponde al sistema de procuración de justicia y acuérdense que el otorgamiento de un arraigo le corresponde a un juez”, evadió.
Un reportero le preguntó si el acuerdo de entregar a la CRAC a los detenidos que resulten culpables de algún delito, no contraviene lo que dijo el lunes el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el sentido de que no tolerará que nadie haga justicia por sus propios medios, y Martínez Garnelo respondió que “hay un procesamiento y un reconocimiento a la Ley 701” y que éste será respetado y agregó que lo más importante es que el gobierno del estado “sigue abierto a las propuestas en donde exista el dialogo, la paz, la concordia y la solución de conflictos”.
–¿Pero con la Casa de El Paraíso no habrá diálogo?.
–Lo acaba de decir Eliseo. Nosotros somos respetuosos de las organizaciones y de las asambleas regionales, recordemos que la Casa de San Luis Acatlán tiene como antecedente sus 16 años, –dijo, cuando en octubre va a cumplir 18.
Después dijo que el gobierno respeta la autonomía y la auto determinación de los pueblos, avalando la versión de Eliseo Villar, en el sentido de que la Casa de Justicia de El Paraíso está desconocida y expulsada.
–Bueno, si no pertenece a la CRAC, ni como organización independiente se van a reunir con ellos?
–Ya cuando nos lo solicitan y exista un requerimiento especial estableceremos la postura correspondiente.
Sin embargo después declaró que: “hay acciones que la ley no permite y todo el contexto de diálogo político debe estar frente al marco legal”, después fue más claro para criminalizarlos, dijo: “yo creo que la visualización que ustedes tienen en fotografías, imágenes y videos de muchos personajes que han actuado, yo creo que ustedes tienen la respuesta”.
Un reportero le recordó que funcionarios del gobierno estatal ya se han reunido con los integrantes de esta Casa de Justicia y dijo: “eso es muy fácil de entender, si usted invita a su casa a una persona para convivir y a las 2 horas esa persona comete una serie de acciones que van en contra de su propio patrimonio y en contra de su familia, yo creo que habría una molestia”.
–Entonces ¿cuál es la postura del gobierno ante la Casa de El Paraíso? –se le insistió.
–Una vez que la CRAC establezca la parte legal en cuanto a esa Casa de Justicia, les daremos nuestro punto de vista.
–¿Qué va a pasar el con caso de Nestora Salgado?.
–El caso de Nestora está fuera de esta mesa de diálogo.
–¿Por qué hay interés del gobierno para que Nestora siga presa?.
–Yo lo que decía es que ésta es una mesa de diálogo de carácter eminentemente político. En el caso de Nestora ya lo he dicho, hay que ser respetuosos de la judicialización.
–Pero la acusa el Ministerio Público del fuero común, el gobierno del estado.
–No, el gobierno del estado no. Aquí hay acciones y denuncias en concreto, yo les pediría que eso se lo pregunten al procurador.
Al final, el funcionario no quiso informar si de parte del gobierno existen demandas penales en contra de los representantes de la Casa de Justicia de El Paraíso, Gonzalo Molina, Arturo Campos y Prócoro Valente.