Humberto Musacchio

Sumisión, dedazo y salto al vacío

Resultó fácil. Sin siquiera leerla, diputados y senadores aprobaron la Ley General del Servicio Profesional Docente con los votos del PRI, el PAN y sus satélites, incluida el ala derecha del PRD. Para que los legisladores pudieran levantar el dedito, bastó que afuera de los recintos parlamentarios se apostaran miles de policías capitalinos, federales, bancarios y hasta del estado de México, debidamente apoyados por granaderos, un regimiento de la Montada y un contingente del Ejército por lo que hiciera falta.
El Poder Legislativo, otra vez sometido al otro poder, fue protegido por un improvisado muro de tres metros de altura, tanques antimotines y un helicóptero. De este modo, los “representantes populares” pudieron votar una ley anticonstitucional, una norma que por sus consecuencias altamente lesivas para la convivencia social tendrá consecuencia impredecibles, pero seguramente graves para la nación.
Se legisla, dicen, para mejorar la educación, pero se hace sin la participación de quienes serán los encargados de aplicar la reforma educativa, cualquiera que esta sea, y se atropellan derechos laborales. Eso se llama incongruencia y augura un éxito nulo para un ordenamiento que marginó a los profesores y que promete pasar sobre ellos y sus derechos.
El despliegue policiaco fue para reprimir a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero ante la aparición de grupos que se hacen llamar anarquistas, los mentores retrocedieron para no ser parte de la violencia. Los maestros de la CNTE, es cierto, dificultaron por varios días la vida de los capitalinos, quienes fueron sometidos a una feroz campaña mediática para que se culpara a los profesores, y sólo a ellos, de todas las desgracias nacionales, sin considerar el enorme sacrificio que hacen para trasladarse a la ciudad de México, lo que tiene su origen en la imposibilidad de hacerse oír desde las entidades de donde provienen, porque, no hay que olvidarlo, se trata de un problema federal.
Ante la explicable irritación de los capitalinos por los bloqueos, marchas y plantones, la derecha se exhibió con la sed de sangre que tan elocuentemente mostró en el sexenio de Felipe Calderón. El humanista Gustavo Madero exigió lanzar contra los profesores “tanquetas hidrantes” y Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional “de Derechos Humanos”, histéricamente demandó que el gobierno del Distrito Federal reprimiera a los profesores.
El colmo ha sido la intentona de iniciarle juicio político y eventualmente desaforar a Miguel Ángel Mancera porque se ha negado a reprimir a los profesores, que son, no hay que olvidarlo, un grupo de ciudadanos en el ejercicio de sus derechos constitucionales. Mequetrefes del PAN, el PRI y el Partido Verde quieren correr de nuevo la película foxista del desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, la que, por si no se han dado cuenta, mantiene dividido al país.
Por último, cabe recordar que en todo país democrático y aún en aquellos que no lo son, el derecho de manifestación causa molestias a los ciudadanos. Aquí, después de años de golpizas, detenciones y muertos, logramos que se respetara la Constitución y ganamos para todos la posibilidad de ocupar la calle con la protesta. Por supuesto, hay abusos en ese ejercicio democrático, pero ningún partido ha querido dar el primer paso para su necesaria reglamentación, lo que permitiría conciliar ese derecho con las libertades y actividades del conjunto de la sociedad. Las consecuencias están a la vista.