Arremeten secretarios de Aguirre contra la Policía Comunitaria

*La Ley 701 se ha convertido en un caballo de Troya para Guerrero”, dice el secretario de Gobierno Jesús Martínez Garnelo en la comparecencia ante diputados

* Los indígenas aplican una justicia “del siglo XV”, afirma

*No habrá ninguna consideración hacia ellos, advierte después en conferencia

*Usa el procurador Iñaki Blanco expresiones denigrantes para referirse a Nestora Salgado; “hay muchas investigaciones más” que la involucran, amenaza

*Si la CRAC de Eliseo Villar se lo pide incluiría a Nestora en la negociación, dice el gobernador

* Pero éste se lanza de nuevo contra la coordinadora de Olinalá hasta decir que está acusada de “delitos federales”

Arremeten tres secretarios contra la CRAC y la Policía Comunitaria en su comparecencia

*La Ley 701 se ha convertido en un caballo de Troya para Guerrero”, dice el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo. Los indígenas aplican una justicia “del siglo XV”, acusa. A pesar de esa ley no constituyen un “régimen de justicia de excepción”, advierte el procurador Iñaki Blanco. Utiliza el procurador expresiones denigrantes para referirse a Nestora Salgado. El gobierno federal retiró del estado a 400 elementos de la Policía Federal y quedan 500: Lara Montellanos. Acusa que en San Miguel Totolapan la mayoría de los plicías municipales son escoltas del alcalde y de su esposa

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El gabinete de seguridad, en el que está incluido el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo; el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ci-vil (SSPyPC), Javier Lara Mon-tellanos, y el procurador Iñaki Blanco Cabrera,? compareció ayer en privado en el Congreso local, donde los funcionarios adelantaron que ya no permitirán que las poli-cías comunitarias de la CRAC sigan impartiendo justicia en “delitos graves”.
El director de Comunicación Social del Congreso, Antonio Jiménez, negó que la comparecencia estuviera programada, a pesar de que en la sala José Francisco Ruiz Massieu estaba todo listo para la reunión y los reporteros vieron entrar a los funcionarios a la sala Armando Chavarría Barrera de la Comisión de Gobierno a las 10 de la mañana.
Aproximadamente a las 10:30  los funcionarios y diputados entraron a la sala Ruiz Massieu; la comparecencia duró más de seis horas y a ella no se permitió el acceso a los reporteros, aunque El Sur obtuvo un audio a partir del cual se elaboró esta nota.
Asistieron los diputados perredistas Nicanor Adame Serrano, Luisa Ayala Mondragón, Roger Arellano Sotelo, Tomás Hernández Palma,?Elí Camacho Goicoechea y Bernardo Ortega Jiménez; los priistas Rubén Figueroa Smutny, que es presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, Omar Jalil Flores Majul y Verónica Muñoz Parra; del PAN Jorge Camacho Peñaloza; de MC Mario Ramos del Carmen y Evencio Romero Sotelo y del PVEM Karen Castrejón.

“Las famosas policías comunitarias”

El diputado perredista Nicanor Adame afirmó que las dependencias estatales de las que estaban sus titulares en la comparecencia estaban rebasadas, pero Jesús Martínez Garnelo afirmó que están trabajando por la reestructuración del tejido social, porque el principal problema que tienen es la presencia de halcones que regularmente son menores de edad.
El funcionario explicó que la Policía Rural que se pretende crear no podrá realizar persecuciones ni salir de su comunidad, tampoco recibiría un salario sino despensas u otros apoyos, “esto para mermar el crecimiento de las famosas policías comunitarias”.
Entonces dijo que no pueden dejar en manos de la Policía Comunitaria “de indígenas, la procuración de justicia, no tienen el esquema de la investigación de un delito, ellos manejan la sospecha… Eso se utilizó en el siglo XV, en la época medieval”.
Dijo que tendrán que poner reglas a las casas de justicia de San Luis Acatlán, Zitlaltepec y Espino Blanco, las únicas que reconoció como pertenecientes a la CRAC, menos a la de El Paraíso.
“De entrada se los comento, ellos no pueden ni deben procesar delitos graves, ni delitos federales, si llevan a cabo una detención, inmediatamente tienen que ponerlo a disposición del MP, si no se viola el debido proceso”, dijo Martínez Garnelo.
“La Ley 701 se ha convertido en un caballo de Troya para Guerrero”, dijo el secretario de Gobierno sobre la ley de reconocimiento de derechos y cultura de los pueblos indígenas.
En su turno, el procurador afirmó que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y cualquier policía comunitaria debe “formar aparte del sistema de seguridad pública, su proceder debe estar apegado a la legislación sustantiva y procesal vigente de la Constitución federal y del estado”, como lo señala?el artículo 37 de la Ley 701 de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas.
En la comparecencia a puerta cerrada el procurador afirmó que los sistemas normativos internos de los pueblos indígenas del estado, aunque estén amparados por la aplicación de la Ley 701, no constituyen un “régimen de justicia de excepción”.
Por eso advirtió que no pueden estar excluidos de responsabilidades penales.
Dijo que “la Ley 701 no tiene esos alcances… la ley reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía para aplicar sus sistemas normativos y de solución a sus conflictos internos”, pero dijo que también se establece que deben de respetarse sus garantías individuales y derechos humanos.
Y detalló que en el artículo 30 y 36 de la Ley 701 se establecen las siguientes limitaciones: “no ser contrarios a la Constitución General del país y la particular del estado, no vulnerar los derechos humanos y que el procedimiento que se aplique será el que cada comunidad apruebe”.
De lo contrario, afirmó que “el procedimiento es ilegal y los encargados de aplicarlo pueden caer en conductas constitutivas de alguna infracción o delito”.
Iñaki Blanco llevó a la comparecencia el caso de la coordinaadora de la CRAC en Olinalá, Nestora Salgado García: “En el caso concreto de personas menores de edad y adultos que fueron detenidos por la hoy inculpada”, dijo que no hay un sistema de justicia indígena reglamentado.
Pero afirmó que las formas y procedimientos de acceso a la justicia que se adopten deben estar apegados a las constituciones local y federal, y habló de las tres menores detenidas en Olinalá, y afirmó que se debió informar al Ministerio Público (MP).
Finalizó tratando de denigrar a Nestora Salgado: “No obstante que tiene estudios de secundaria incompleta”, afirmó que no pertenece a ningún grupo indígena, “tiene la capacidad de entender, ello le permite comprender la posibilidad del carácter antijurídico de sus acciones”, por eso dijo que el MP ?consideró que se le tenía que fincar responsabilidad por la comisión de delito de secuestro agravado.
El procurador reiteró a los diputados su versión de que Salgado García solicitó el pago de dinero en efectivo a cambio de la libertad.
Antes, el secretario de Seguridad Pública informó que “por la situación del país”, en el último mes el gobierno federal retiró del estado a 400 elementos de la Policía Federal y de 900 que estaban sólo quedan 500.
Justificó los pocos resultados en materia de seguridad porque de los “4 mil 400 elementos de la policía estatal sólo tenemos mil 233 en las calles”, y los municipios también están limitados y regularmente piden refuerzo a la dependencia.
Dijo que hay casos en que la po-licía estatal se tiene que hacer cargo completamente de la seguridad, co-mo en San Miguel Totolapan, donde “tienen?17 policías, seis es-tán con el presidente municipal co-mo escolta, cinco con la señora y cuatro cuidan el palacio municipal y sólo el resto patrulla el municipio”.
Por eso, Lara Montellanos discretamente justificó la creación de grupos de autodefensa como en Xaltianguis, donde dijo que el municipio destinó a dos policías de avanzada edad y el estado envió otros dos “para?ese mundo de habitantes”, y afirmó que?la Policía Rural será una solución.
Después a la intervención de Iñaki Blanco, el diputado panista Jorge Camacho Peñaloza pidió a los asistentes, a excepción de diputados y funcionarios, que se retiraran de la sala José Francisco Ruiz Massieu.
Incluso solicitó la salida de los trabajadores de seguridad del Congreso local, y pidió entregar sus teléfonos celulares para evitar que se realizaran grabaciones.

Hay muchas investigaciones más” contra Nestora, anuncia el procurador Iñaki Blanco

*Da a conocer que la Procuraduría también investiga a policías comunitarios de San Luis Acatlán. Ninguna consideración contra quienes estén fuera del “imperio de la ley”, advierte Jesús Martínez Garnelo

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Iñaki Blanco Cabrera, informó que son 54 las personas arraigadas tras los operativos para desarmar a la Policía Comunitaria y liberar a los detenidos en la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, y que hay averiguaciones previas contra más integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), entre ellos de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.
En conferencia de prensa después de una comparecencia del secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo; del titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Cívil (SSPyPC), Javier Lara Montellanos, y del procurador Iñaki Blanco ante diputados locales, el titular de la PGJE afirmó que “hay muchas investigaciones más” en contra de la dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Olinalá, Nestora Salgado García.
Iñaki Blanco informó lo anterior en una breve conferencia de prensa en la que el secretario de general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, evadió responder en concreto las preguntas de los reporteros afirmando en reiteradas ocasiones que el gobierno de Ángel Aguirre Rivero “privilegia el diálogo”.
La conferencia fue concluida por los funcionarios cuando así lo determinaron.
En la sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso local, el procurador afirmó que recibieron distintas denuncias y se integraron las averiguaciones previas contra Nestora Salgado por el delito de secuestro, y se le detuvo porque encontraron elementos.
Informó también que la PGJE tiene 54 personas arraigadas, y adelantó que hay más averiguaciones previas contra más integrantes de la CRAC, de las cuales no quiso dar detalles por la “secrecía”.
“No?podemos descartar que se amplíe el ejercicio de la acción penal, recibimos varias denuncias”, dijo, y señaló que también las hay contra integrantes de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.
Por su parte, el secretario de Gobierno aprovechó para lanzar la advertencia a los integrantes de la CRAC que pertenecen a la Casa de Justicia de El Paraíso: “están apareciendo hoy, no nada más en el estado, son instituciones, organismos o personajes con su propio esquema de seguridad”, y que el gobierno no va a tener consideraciones con las policías comunitarias que estén fuera del “imperio de la ley y que rompan con el principio de la legalidad o vaya en contra de la Constitución”.
Por su parte el titular de la SSPyPC afirmó que en la sierra de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan hay un grupo de 150 elementos del Ejército y 100 de la policía estatal, resguardando a por lo menos 13 comunidades de donde el mes pasado fueron desplazados cientos de habitantes.
Al contrario de lo que informaron los pobladores de Tetela y Huautla, que denunciaron que el jueves se retiraron todos los uniformados, el funcionario retó a los medios de comunicación a ir a la zona serrana a constatar la presencia del gobierno.

Según Eliseo Villar, Nestora está acusada de “delitos federales”, por eso fue excluida

Zacarías Cervantes y de la corresponsalía

Chilpancingo / Marquelia

El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo insistió ayer en que los acuerdos que sostuvo con el gobierno del estado el martes fue lo que se aprobó en la asamblea regional del sábado en San Luis Acatlán, sólo que “la mesa de debates no tuvo la capacidad para que los acuerdos quedaran lo suficientemente claros”.
Vía telefónica aseguró que él solamente hizo lo que “la asamblea mandató”, que fue buscar una reunión con el gobierno del estado para tratar el asunto de los detenidos de la Casa de Justicia de El Paraíso, pero que la reincorporación de esta casa a la CRAC no fue aprobada, por lo que sigue fuera del Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria.
Respecto de las causas por las que el caso de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá Nestora Salgado García no fue incluido en la “mesa jurídica” que acordó el martes con el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo y el asesor del gobernador Ángel Aguirre, Ernesto Aguirre, dijo que porque está acusada de “delitos federales” y que allí el gobierno del estado no puede intervenir.
Pero cuando se le aclaró que la denuncia está en el Ministerio Público del Fuero Común y que el caso lo lleva un juzgado local, dijo que de todos modos participó en las “anomalías que cometió la Casa de Justicia de El Paraíso” y que sus acciones fueron “de ocurrencias”, sin consultar a los coordinadores de la CRAC.
Precisó que Salgado García “nunca fue coordinadora” y que ella sola se nombró en ese cargo, pero que nunca fue electa como tal, “por lo tanto no la ampara la Ley 701”.
Explicó que en esa situación  “no tenemos fundamentos para luchar por la libertad de ella”. Agregó que en cambio si los tienen en los casos del coordinador Bernardino García Francisco y los policías comunitarios “porque ellos sí tienen un nombramiento que les dio su comunidad y hay actas levantadas, pero de la señora nosotros no tenemos ninguna acta ni nombramiento”.
En cuanto a la actitud del abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien abandonó la reunión del martes y desconoció los acuerdos a los que llegaron las 3 casas de justicia con el secretario de Gobierno y el asesor del gobernador dijo que “no sabemos qué intenciones tiene, a veces está en las reuniones con nosotros, a veces está con la otra parte”.
Declaró que el abogado “quería imponernos su criterio, pero nosotros nos opusimos a que él decidiera por nosotros”.
Expresó que el abogado ha participado en las mesas y que no hay necesidad de que lo inviten a la “mesa jurídica” del viernes porque él está dentro de ella, “pero la decisión de si asiste o no está en él, no queda en nosotros decidirlo”.
En cuanto a las críticas de El Paraíso en el sentido de que con la credencialización por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina y el gobierno del estado entregó al gobierno a la Policía Comunitaria, aseguró que fueron credencializados “porque nos reconocen que somos una institución y porque tenemos leyes que nos respaldan”.
Agregó que no le preocupa la advertencia del presidente Erique Peña Nieto de que no tolerará que nadie haga justicia por sus propios medios, “porque nosotros no somos autodefensa, somos institución y hay leyes que nos amparan”.
En otra entrevista telefónica precisó que sin la identificación oficial no podrán realizar funciones los policías comunitarios que dependen de la Casa de Justicia de El Paraíso, que dijo queda totalmente desactivada  y “ya no forma parte del sistema”.
Además dijo que las identificaciones que entregó el gobierno en semanas pasadas son las únicas que avalan a los ciudadanos como policías comunitarios y los de Ayutla, Tecoanapa y Tixtla no tienen esas credenciales  “no importa que ellos tengan los uniformes pero al no portar con la identificación oficial las autoridades podrán detenerlos por pretender usurpar funciones, a los que tienen identificación autorizada hasta el momento las autoridades no los han molestado”.
En otro tema Eliseo Villar retó al ex regidor de San Luis Acatlán que lo acusó de privación ilegal de la libertad, extorsión y tortura, Fidel Lozano Díaz a que presente las pruebas al respecto.
Pidió que no lo acuse a él ni a la coordinadora Adelaida Hernández Nava sólo porque tiene boca y la puede abrir y advirtió que ya dio la orden para que sea reaprehendido.
Advirtió, “ahora se le aplicará la ley comunitaria y del gobierno, porque su delito de violación fue comprobado y no porque pagara 200 mil pesos al padre de la joven quedaría absuelto, por eso se detuvo a Fidel Lozano Díaz, para que cumpliera una sentencia de dos años de reeducación”.
Dijo que el ex funcionario ahora es un prófugo de la justicia por lo que ya se lanzó una orden de reaprehensión y en caso de encontrarlo, por haberse fugado, se le duplicará la sentencia que ya se le había designado por usos y costumbres, sin contar los meses que estuvo detenido.