Retroceso, el fallo de la Corte sobre los tratados internacionales, dicen defensores

Gloria Leticia Díaz / Agencia Proceso

Ciudad de México

Defensores de derechos humanos calificaron como “un retroceso” la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de poner un freno a la aplicación plena de los tratados internacionales suscritos por México cuando sean contrarios a la Constitución.
En entrevistas por separado, los directivos del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), José Rosario Marroquín y Edgar Cortez, respectivamente, coincidieron en que la decisión de la mayoría de los ministros se debe a reticencias para hacer valer el artículo primero de la Constitución, que obliga a toda autoridad a velar por los derechos humanos.
En comunicados por separado, Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) también manifestaron su preocupación por la resolución del máximo tribunal.
El director del Centro Prodh consideró que “más que la discusión en sí, preocupa que haya intentos de restringir los derechos en México”, así como que en sus participaciones algunos ministros “se hayan pronunciado por establecer cierta jerarquía entre tratados internacionales y la Constitución, cuando eso es una discusión que está fuera de lugar”.
Los principios, añadió, son bastante claros en el artículo primero, sobre el respeto irrestricto de los derechos humanos contenidos en los tratados firmados por México.
José Rosario Marroquín resaltó que la resolución de la SCJN puso en evidencia que “hay sectores del Estado que no se identificaron con la reforma al artículo primero de la Constitución, que obliga a todos los funcionarios a hacer valer los derechos humanos. Hay poderes que se han desentendido de eso todavía en el ámbito del Ejecutivo, empezando por el federal. No hay esa intención de hacerle caso al artículo”.
El activista subrayó que mientras el tema de derechos humanos no esté en la agenda de los miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en el Judicial “los jueces no se sienten con la capacidad suficiente de oponerse a ciertas prácticas que son violatorias de derechos humanos”, además de que recientemente el Poder Judicial ha sido blanco de críticas cuando se libera a personas que fueron víctimas de vicios en sus procesos judiciales.
“La crítica se va sobre ellos sin tomar en cuenta que la gran parte de las detenciones en México son arbitrarias y que el método de investigación es la tortura, así que el problema no es el juez”, apuntó.
Y más preocupante resulta aún la resolución, dijo, cuando en los primeros nueve meses del gobierno de Peña Nieto, el Centro Prodh percibe un incremento de la inseguridad, en tanto que las amenazas contra defensores se incrementan, al igual que las amenazas a comunidades opositoras a megaproyectos.