Estima la CETEG que hay 10 mil amparos de maestros contra la evaluación universal

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El conflicto por la aplicación de la evaluación universal entre las representaciones sindicales del magisterio disidente y el gobierno federal, que de acuerdo con sus detractores impone criterios empresariales a la educación pública y pone en riesgo la plaza base de los maestros, sólo reduce los días de clases a los niños y adolescentes en edad escolar.

En Guerrero, las movilizaciones de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) contra las políticas educativas concertadas con la lideresa nacional vitalicia, Elba Esther Gordillo, se reanudaron en noviembre de 2011.

Las acciones consistieron en paros escalonados de 24, 48 y 72 horas, este último terminó ayer, así como su participación en la marcha y mitin nacional en la ciudad de México, pero se prevé un paro indefinido en mayo próximo,  informó  el gestor laboral de la CETEG en la región Centro, Armando Esquivel Salazar.

Este plan de acción, que se realiza en alianza con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, además de las medidas de presión, contempla la lucha legal y política, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y en la Cámara de Diputados, donde existe una iniciativa para elevar a rango de ley los acuerdos firmados por el presidente Felipe Calderón Hinojosa con el SNTE.

Antecedentes

En el contexto de la Alianza por la Calidad en la Educación (ACE) que el gobierno federal firmó con el SNTE en 2008, en mayo de 2011 se suscribió un nuevo acuerdo por la evaluación de todos los docentes y directivos de educación básica con carácter obligatorio.

Los resultados de la evaluación que se aplicarían en tres años –en junio de 2012 para educación primaria, en 2013 en secundarias y en 2014 en el nivel prescolar–, según el acuerdo, “serán considerados para acreditar los factores del Programa Nacional de Carrera Magisterial a docentes frente a grupo y en funciones de apoyo técnico pedagógico, así como en el Programa de Es-tímulos a la Calidad del Docente”, es decir, quienes acrediten los exámenes recibirían las mejores categorías y remuneraciones en el magisterio.

Aunque la ACE ya establecía la evaluación, ésta era voluntaria y recibió la oposición que se promovió con las distintas expresiones disidentes al SNTE en los estados, amparos individuales ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), y asimismo para el acuerdo.

Este año las demandas de amparo se ampliaron para que los maestros no puedan ser obligados a evaluarse, y el dirigente estatal de la CETEG, Gonzálo Juárez Ocampo, estimó que hasta febrero se habían han presentado más 10 mil demandas.

La evaluación universal

Los criterios de evaluación universal son más amplios que la aplicación de una prueba. El acuerdo establece un valor de hasta 50 puntos a los resultados que arroje la prueba ENLACE de los alumnos del docente evaluado. Es decir, su evaluación debe reflejarse en el mejor desempeño de sus estudiantes.

Sólo cinco puntos están destinados a la elaboración de exámenes estandarizados, que se aplicarán a partir de este año, y los puntos se sumarán cada tres años de su aplicación, “para detectar las áreas de oportunidad en el dominio de contenidos programáticos y la metodología utilizada en la enseñanzas”, dice el documento.

Asimismo, menciona que se otorgarán de 25 a 50 puntos a la evaluación del desempeño profesional, y de 20 a 50 por capacitarse en los aspectos débiles de su formación.

La evaluación, garantía de un

servicio actualizado

El delegado de la SEP, César Que-vedo Inzunza, destacó en una entrevista en febrero que evaluación universal garantizará a alumnos y pa-dres de familia que todos los maestros en servicio estén actualizados.

Indicó que una de las primeras acciones de la ACE fue implementar el examen de oposición para los normalistas egresados, para garantizar el mérito académico desde 2008. Antes las plazas eran otorgadas de forma directa.

A pesar de las versiones, él aseguró que desde ese año las plazas de nueva creación no han sido ni vendidas, ni heredadas o entregadas por compromisos; en cambio, en las plazas base los titulares siguen proponiendo quién ocupará su lugar al concluir el servicio.

Sobre la evaluación, que comenzó a aplicarse en 2008 de forma voluntaria, Quevedo Inzunza informó que cada año se inscribieron de 28 a 30 mil maestros de Guerrero, de entre un total de 54 a 56 mil maestros que existen frente a grupo; es decir, “se desconocían las deficiencias de alrededor de 26 mil maestros”.

El diagnóstico que arrojaron esas evaluaciones, dijo, permitió reconocer que se necesitan cursos de actualización en español y matemáticas; sin embargo, aseguró que los docentes capacitados han presentado mejores resultados en la aplicación de la prueba ENLACE.

Porque cuando los maestros saben que van a ser evaluados se preparan y desempeñan mejor su trabajo, dijo, y llamó a los opositores a no tener temor de la evaluación, porque no va a afectar sus derechos laborales.

La oposición

El secretario general de la CETEG, Gonzalo Juárez Ocampo, ha informado en repetidas ocasiones que esta evaluación es “punitiva y agresiva”, y responde a los intereses de un sistema educativo en crisis.

Insistió en que el movimiento magisterial no está en contra de la evaluación de los docentes, sino en el tipo de evaluación que profundiza la visión empresarial y de eficiencia de la educación.

Recordó que las condiciones de un maestro rural no son las mismas de un docente urbano, y la ACE, que también establecía mejoras en la infraestructura educativa, la incorporación de nuevas tecnologías y mejores condiciones de vida para los alumnos, que viven en pobreza y en pobreza extrema, en el caso de Guerrero, se quedó trunca.

Insistió en que la ACE es un modelo impuesto por la Organiza-ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al gobierno de México, que a su vez se impone al magisterio sin escuchar la opinión ni las aportaciones del maestro en el aula.