Según Eliseo Villar, Nestora está acusada de “delitos federales”, por eso fue excluida

Zacarías Cervantes y de la corresponsalía

Chilpancingo / Marquelia

El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo insistió ayer en que los acuerdos que sostuvo con el gobierno del estado el martes fue lo que se aprobó en la asamblea regional del sábado en San Luis Acatlán, sólo que “la mesa de debates no tuvo la capacidad para que los acuerdos quedaran lo suficientemente claros”.
Vía telefónica aseguró que él solamente hizo lo que “la asamblea mandató”, que fue buscar una reunión con el gobierno del estado para tratar el asunto de los detenidos de la Casa de Justicia de El Paraíso, pero que la reincorporación de esta casa a la CRAC no fue aprobada, por lo que sigue fuera del Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria.
Respecto de las causas por las que el caso de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá Nestora Salgado García no fue incluido en la “mesa jurídica” que acordó el martes con el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo y el asesor del gobernador Ángel Aguirre, Ernesto Aguirre, dijo que porque está acusada de “delitos federales” y que allí el gobierno del estado no puede intervenir.
Pero cuando se le aclaró que la denuncia está en el Ministerio Público del Fuero Común y que el caso lo lleva un juzgado local, dijo que de todos modos participó en las “anomalías que cometió la Casa de Justicia de El Paraíso” y que sus acciones fueron “de ocurrencias”, sin consultar a los coordinadores de la CRAC.
Precisó que Salgado García “nunca fue coordinadora” y que ella sola se nombró en ese cargo, pero que nunca fue electa como tal, “por lo tanto no la ampara la Ley 701”.
Explicó que en esa situación  “no tenemos fundamentos para luchar por la libertad de ella”. Agregó que en cambio si los tienen en los casos del coordinador Bernardino García Francisco y los policías comunitarios “porque ellos sí tienen un nombramiento que les dio su comunidad y hay actas levantadas, pero de la señora nosotros no tenemos ninguna acta ni nombramiento”.
En cuanto a la actitud del abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien abandonó la reunión del martes y desconoció los acuerdos a los que llegaron las 3 casas de justicia con el secretario de Gobierno y el asesor del gobernador dijo que “no sabemos qué intenciones tiene, a veces está en las reuniones con nosotros, a veces está con la otra parte”.
Declaró que el abogado “quería imponernos su criterio, pero nosotros nos opusimos a que él decidiera por nosotros”.
Expresó que el abogado ha participado en las mesas y que no hay necesidad de que lo inviten a la “mesa jurídica” del viernes porque él está dentro de ella, “pero la decisión de si asiste o no está en él, no queda en nosotros decidirlo”.
En cuanto a las críticas de El Paraíso en el sentido de que con la credencialización por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina y el gobierno del estado entregó al gobierno a la Policía Comunitaria, aseguró que fueron credencializados “porque nos reconocen que somos una institución y porque tenemos leyes que nos respaldan”.
Agregó que no le preocupa la advertencia del presidente Erique Peña Nieto de que no tolerará que nadie haga justicia por sus propios medios, “porque nosotros no somos autodefensa, somos institución y hay leyes que nos amparan”.
En otra entrevista telefónica precisó que sin la identificación oficial no podrán realizar funciones los policías comunitarios que dependen de la Casa de Justicia de El Paraíso, que dijo queda totalmente desactivada  y “ya no forma parte del sistema”.
Además dijo que las identificaciones que entregó el gobierno en semanas pasadas son las únicas que avalan a los ciudadanos como policías comunitarios y los de Ayutla, Tecoanapa y Tixtla no tienen esas credenciales  “no importa que ellos tengan los uniformes pero al no portar con la identificación oficial las autoridades podrán detenerlos por pretender usurpar funciones, a los que tienen identificación autorizada hasta el momento las autoridades no los han molestado”.
En otro tema Eliseo Villar retó al ex regidor de San Luis Acatlán que lo acusó de privación ilegal de la libertad, extorsión y tortura, Fidel Lozano Díaz a que presente las pruebas al respecto.
Pidió que no lo acuse a él ni a la coordinadora Adelaida Hernández Nava sólo porque tiene boca y la puede abrir y advirtió que ya dio la orden para que sea reaprehendido.
Advirtió, “ahora se le aplicará la ley comunitaria y del gobierno, porque su delito de violación fue comprobado y no porque pagara 200 mil pesos al padre de la joven quedaría absuelto, por eso se detuvo a Fidel Lozano Díaz, para que cumpliera una sentencia de dos años de reeducación”.
Dijo que el ex funcionario ahora es un prófugo de la justicia por lo que ya se lanzó una orden de reaprehensión y en caso de encontrarlo, por haberse fugado, se le duplicará la sentencia que ya se le había designado por usos y costumbres, sin contar los meses que estuvo detenido.